El juez ​Llarena suspende de cargo público a Puigdemont y a otros cinco investigados que son diputados

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Junqueras con puigdemont en el parlament efe


El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que investiga los hechos relacionados con el proceso soberanista en Catalunya, ha dictado este martes 10 de julio un auto en el que concluye la instrucción de la causa, suspende de cargo público al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y otros cinco investigados que mantienen su acta como diputados en el Parlament y declara la rebeldía de todos los investigado fugados, por lo que abre una pieza separada sobre este asunto.


Los afectados por la decisión del juez del Supremo son el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont -en Alemania y con una orden de ingreso en prisión-,  Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Rull, Josep Turull y Jordi Sànchez -en prisión-.


En el caso de Toni Comín -en Bélgica al igual que Puigdemont- se le ha dado un plazo antes de ser suspendido. 


Por el momento no pierden su escaño, pero no podrán votar, así que queda en manos del Parlament decidir que corra la lista de forma provisional.


El auto será notificado al Parlament. Su presidente, Roger Torrent, será quien tenga que ejecutar la resolución y suspenderles de sus funciones hasta la celebración del juicio y la sentencia.


Si quedan absueltos, recuperarían sus cargos. Si son condenados en firme, serían inhabilitados para ejercer cargo público por un tiempo determinado. 


"ALTERAR MAYORÍAS PARLAMENTARIAS"


Por su parte, la consellera de Presidencia y portavoz de la Generalitat, Elsa Artadi, ha acusado al Supremo de querer "alterar mayorías parlamentarias" obtenidas en las urnas a través de suspensiones a diputados de la Cámara catalana investigados por el proceso independentista.


"Veremos qué hace el Supremo y qué decide hacer el Parlament", ha dicho Artadi, que siempre ha defendido la soberanía del Parlament y de los cargos elegidos en unas elecciones convocadas por el Gobierno central en aplicación del artículo 155 de la Constitución y que también ha defendido que los investigados no habían incurrido en ningún delito que conllevara violencia.

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