Representantes de Convergència y PDeCAT declaran por el 3% en la Audiencia Nacional

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Audiencia nacional


El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que instruye el denominado caso del 3% sobre la presunta financiación irregular de Convergència, ha citado a declarar hoy miércoles a los representantes legales de este partido y del PDeCAT, al estar ambas formaciones imputadas como personas jurídicas en esta causa.


En la providencia de citación, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 convoca, a partir de las diez de la mañana, a una "persona representante especialmente designada a tal efecto" por ambos partidos, "acompañada de abogado".


Convergència y PDeCAT, éste último como continuador del primero, están investigados como personas jurídicas por presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales por una actividad delictiva que, según destacaba el juez en el auto de imputación, se sostuvo durante 11 años.


CATDEM


El magistrado explicaba que altos cargos de Convergència habrían puesto en marcha una estructura para financiar ilegalmente el partido, en forma encubierta mediante donaciones a fundaciones ligadas a dicha formación, CatDem y Forum Barcelona, en connivencia con empresarios y otros cargos de índole política, alterando todo tipo de concursos públicos, con la finalidad de "dirigir" los mismos hacia empresas que, a su vez, colaboraban con donaciones al partido.


Los pagos, decía De la Mata, se obtenían por las fundaciones y, por ende, por Convergència, en ocasiones como contraprestación por la adjudicación de contratos de obra pública o de servicios, con "vulneración de los principios de legalidad, igualdad y transparencia y en otras simplemente para conseguir mejorar las expectativas de ser beneficiarios de tales contratos".


Según el auto, el monto total de licitaciones comprometidas asciende a 218.759.664 euros; el importe de las adjudicaciones definitivas asciende a 168.706.262 euros, a los que hay que añadir los modificados de proyectos (1.777.626 euros) y las prórrogas (4.539.755 euros), es decir, aproximadamente 175 millones de euros. En cuanto a las donaciones irregulares ligadas a estas adjudicaciones, ascienden a más de un millón.

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