Casado apuesta por aplicar un 155 “amable” que controle a Mossos, Educación y TV3

 

Pablo Casado y Xavier García Albiol (Europa Press)

Pablo Casado insiste en su apuesta por aplicar de nuevo el artículo 155 en Catalunya. Niega, sin embargo, que su postura sea dura en exceso y que es fruto de una profunda reflexión. Según el presidente popular, "al estado al que han llegado las cosas, España no tiene ya nada que perder". 

Su propuesta se basa en una larga intervención, por lo menos hasta el final de la legislatura catalana, esto es, unos tres años y medio para revertir una situación a la que se ha llegado por una mezcla de "deslealtad" de los gobiernos nacionalistas y falta de respuesta de las instituciones del Estado.

Según desvela este domingo el periódico digital ‘Vozpópuli’, su plan pasa por intervenir de nuevo la autonomía catalana, que no suspenderla, pero esta vez de manera más profunda, con una "administración paralela"; esto es, Mossos de Esquadra, Educación, TV3 y todos los resortes de poder controlados por el Estado durante varios años, para impedir que la minoría independentista siga haciendo uso de las instituciones. "Se trata", ha dicho en conversaciones privadas, "de un 155 amable, que la gente vea que no pasa nada, con respeto al catalán y su cultura, a los funcionarios y sus pagas, a toda seña de identidad".

En cualquier caso, se trata de evitar una convocatoria inmediata de elecciones para no repetir el error que facilitó la victoria de las fuerzas independentistas el pasado 21D. Casado no cree en la política de "apaciguamiento" y piensa que el Gobierno ya puede llevar al Senado otra propuesta de aplicar el 155 solo con la anunciada reapertura de las embajadas y otras "provocaciones" del presidente de la Generalitat, Quim Torra, y de los partidos y asociaciones como la Assamblea Nacional de Catalunya (ANC) y Òmnium Cultural, que le apoyan.

Casado muestra abiertamente su desacuerdo con la política del actual Gobierno de Pedro Sánchez: "no se puede pactar con los independentistas como si fuesen los legítimos representantes de toda la sociedad, porque no lo son y han renunciado a serlo". Es más, el líder popular rechaza también el plan socialista de recuperar los aspectos del Estatut (2006) tumbados por el Tribunal Constitucional en 2010. A su juicio, esto sería el mayor error que podría cometer el Estado después de lo que se ha vivido en el último año y por eso va a poner en el punto de mira los trabajos de la Comisión Bilateral Estado/Generalitat para vigilar que no se hacen nuevas concesiones "por la puerta de atrás".