Que en Catalunya, una de las regiones más ricas de la Unión Europea, existan 200.000 personas sin una alimentación digna es mucho más que un dato estadístico: es una vergüenza social. Les recomiendo que vayan a ver la distribución de alimentos entre los necesitados que hacen las entidades solidarias. Se darán cuenta que muchos de ellos son trabajadores con salarios minúsculos que no les permiten mantener a sus familias. Y se preguntarán dónde está el derecho de estos conciudadanos a la alimentación para una vida digna. Yo lo hice y experimenté vergüenza ajena. Una vergüenza que evidencia que la precariedad social y la cronificación de la pobreza son una parte clorosis de nuestra realidad social.

Una realidad que me plantea dos sentimientos contrapuestos: orgullo y vergüenza.

Orgullo porque la sociedad civil haya emprendido iniciativas tan magnificas y necesarias como la de la Fundació del Banc dels Aliments con sede en Barcelona. Esta entidad nació en Phoenix, Arizona (EE.UU.) en 1966 de la mano de John van Engel. Casi veinte años después el proyecto se introdujo en Europa a través del Banco de Alimentos de París y tés tres años después nació el primer Banco de Alimentos de España con sede en Barcelona, bajo el nombre de Fundació Privada Banc dels Aliments, una entidad catalana pionera en el ámbito estatal.

Los resultados de su labor, fundamentada en la colaboración de miles de entusiastas voluntarios, son impresionantes. Actualmente las entidades vinculadas a los cuatro Banco de Alimentos atienden 209.441 personas de toda Catalunya que no pueden acceder a una dieta suficiente, segura y saludable.

Pero más allá de los números, el esfuerzo de los más de 25.000 voluntarios para cubrir las necesidades de los más desfavorecidos, tiene muchos rostros. Naturalmente no conozco a todos los voluntarios, pero los imagino con la cara de dos personas cercanas: mi esposa Àngela y mi cuñada Montserrat. Estas dos mujeres valientes y abnegadas desde hace años dedican parte de su tiempo y su dinero a coordinar la recogida y clasificación de alimentos. Son para mí la imagen de los miles de voluntarios que veremos las puertas de los mercados y supermercados durante los días 30 de noviembre y 1 de diciembre de este año.

Sin embargo, pensar en la innegable necesidad de iniciativas solidarias como el Gran Recapte también me provoca vergüenza. Vergüenza por tener unos políticos que han sido incapaces de luchar contra esta lacra. Políticos que gestionan nuestros impuestos dando prioridad a gastos militares —que han crecido un 10,7% — al tiempo que recortan el gasto social en un 20% dejando descubiertas muchas de las necesidades sociales imprescindibles para garantizar el derecho al bienestar de los ciudadanos.

Personalmente estoy de acuerdo en que el 40% de mis ingresos vayan a parar al Estado. Ninguna objeción si el dinero se dedica a cubrir las necesidades sociales y a pagar dignamente a los médicos, los bomberos, los profesores y los demás funcionarios que trabajan abnegadamente por el Estado del Bienestar. Pero no parece que éste sea el objetivo de mis impuestos a juzgar por las justas demandas que este colectivos han visto obligados a plantear en las últimas semanas. Los políticos deberían avergonzarse de que la renta garantizada de inserción social o la ley de la dependencia sean papel mojado sin la plena implantación en la vida real que queremos los ciudadanos. En el mismo sentido, que sean necesarias campañas como el Gran Recogida evidencian la vergonzosa ineficiencia de la clase política para resolver problemas prioritarios como la pobreza crónica. ¿De que nos sirve la aparente mejora de la economía si no ha comportado ni una mínima disminución de la pobreza ni de las situaciones de precariedad que sufren una buena parte de nuestros conciudadanos?

El hecho es que otro año más seré un orgulloso voluntario del Gran Recapte. Me gustaría que el próximo año no hiciera falta porque la Administración se haya hecho cargo de estas necesidades urgentes. Pero no soy un iluso. Mientras vivamos en una sociedad que permite que un juez condene a 21 meses de prisión a una persona que robó un bocadillo en un horno porque tenía hambre, mientras uno de cada cinco catalanes viva con menos de 460 euros al mes y mientras uno de cada cuatro niños sea pobre, miles de ciudadanos concienciados saldremos a la calle a ayudar. Personalmente, no lo haré por caridad sino porque estas personas tienen derecho a una alimentación y una vida digna. Si la Administración no respeta sus derechos, nosotros seguiremos contribuyendo a la mejora de sus condiciones de vida en un aspecto fundamental como es la alimentación. No solucionaremos sus problemas pero ayudaremos a paliar alguna de sus necesidades. Ojalá pronto vivamos la desaparición del Banc dels Aliments por falta de usuarios. Pero mientras tanto debemos ayudarles.

Está en mis manos. Está en sus manos, lector.

Hagámoslo posible.