Los independentistas catalanes preveían crear una 'Comisión de la Verdad' tras la desconexión
Esta documentación que analiza el instituto armado fue incautada durante las entradas y registros que practicaron en el marco de la operación Anubis el 20 de septiembre de 2017.
El Govern de la Generalitat que presidía Carles Puigdemont contemplaba la creación de una 'Comisión de la Verdad' en una segunda fase posterior a la desconexión, según la documentación que le fue incautada a Jordi Cabafriga, jefe de gabinete de la que fuera Consejera de Gobernación, Meritxell Borrás.
Esta última está siendo juzgada en el Tribunal Supremo, en el juicio del procés, por los delitos de desobediencia continuada grave y malversación de fondos públicos, por los que la Fiscalía pide 7 años de prisión. Jordi Cabafriga, por su parte, ha sido investigado por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, pero finalmente no ha sido procesado.
Según uno de los últimos informes que ha remitido la Guardia Civil al Juzgado 13 de Barcelona, uno de los asesores de la exconsejera Borrás, Joan Ignasi Sanchís, también tenía entre la documentación incautada un documento en el que se proponía la creación de una 'Comisión de la Verdad'.
Esta documentación que analiza el instituto armado fue incautada durante las entradas y registros que practicaron en el marco de la operación Anubis el 20 de septiembre de 2017 por orden del citado Juzgado.
Así, entre la abundante documentación que se le encontró a Jordi Cabafriga figura un informe sobre la legislación que debía desarrollar el Govern en la segunda fase posterior a la desconexión. En ella se incluye la creación de la Comisión Catalana de los Derechos Humanos, proponiendo cambios urgentes como la aprobación de la Ley de Memoria Histórica y Reconciliación con una 'Comisión de la Verdad' y una Ley de Derechos Humanos.
Con ella pretendían regular el alcance de la actuación jurisdiccional de los órganos del Poder Judicial del nuevo Estado en los casos de persecución de crímenes de lesa humanidad, respetando los principios de justicia universal.
En esa segunda fase, los independentistas también querían desarrollar una Ley de gobiernos locales, la ley de finanzas locales, el Código de Régimen Local, la adaptación de la normativa sectorial con repercusión en el mundo local y el cambio de la estructura departamental diseñando un nuevo modelo organizativo sin las limitaciones constitucionales actuales.
Escribe tu comentario