La sentencia de La Manada podría orientar la argumentación de que existió violencia el 1-O

Los políticos del procés y sus abogados temen que la expresión “intimidación ambiental” esté presente en la sentencia que se comunicará este otoño. Una expresión que se utilizó en la sentencia que aumentó las penas a los integrantes de La Manada.

La Sala de lo Penal condenó el pasado 21 de junio a los cinco hombres a 15 años de cárcel por un delito de agresión sexual. Y fue esa “intimidación ambiental” –que aparece seis veces en la sentencia- lo que decantó al Supremo para contradecir la sentencia del TSJ y la Audiencia de Navarra –que solo vieron abuso- y preocupa ahora a los presos del 1-O y sus defensas.

La clave está en el matiz, que implica que existió violencia, aunque la víctima no fuera forzada. Apoyándose en otras sentencias del Supremo, según las que no es necesario expreso esfuerzo físico para doblegar a una persona, el tribunal argumenta que sólo es necesario que varias personas, superiores en número o en fuerza aparente, sigan un plan conjunto para cometer el delito.

Los presos soberanistas y sus abogados estarían valorando la posibilidad de que tal argumentación esté presente en la sentencia del procés y que esta “intimidación ambiental” justifique que sí hubo violencia en los hechos en torno al referéndum ilegal, una condición indispensable para la existencia de un delito de rebelión.

Ante esta posibilidad, las defensas de los políticos presos estarían dispuestas a recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y alegar que la Justicia española pretende comparar “poner urnas” a “una agresión sexual”, según señala ‘ECD’

La sentencia de La Manada podría orientar la argumentación de que existió violencia el 1-O.

Diferentes testigos presentados tanto por la Fiscalía como por la acusación popular ejercida por Vox aseguraron que durante la jornada del referéndum ilegal sí existió violencia, con la pertinente presentación de pruebas y testimonios de agentes de la Policía y de la Guardia Civil antidisturbios, ciudadanos, y el visionado de vídeos de agresiones a agentes de las Fuerzas de Seguridad, lanzamientos de objetos, amenazas físicas y verbales, insultos y persecuciones tumultos alrededor de colegios electorales.

Una serie de pruebas y argumentos similares se presentaron sobre el bloqueo a funcionarios en el registro por orden judicial a la Consellería de Economía el 20 de septiembre de 2017.

Ese día, cientos de personas -orquestadas por los que en aquel momento eran los líderes de ANC y de Ómnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart- dificultaron la salida durante horas de los agentes de la Policía Judicial y de los funcionarios de Justicia que realizaban registros en la consellería.

La secretaria judicial, Montserrat del Toro, tuvo que abandonar el edificio desde la azotea, saltando a la del edificio contiguo. Esta aseguró que llegó a temer por su vida, durante su declaración en el juicio.

A LA ESPERA DE LA SENTENCIA

El juicio por el proceso independentista en Catalunya quedó visto para sentencia el pasado 12 de junio, después de cuatro meses y 52 sesiones. 

Durante esos cuatro meses exactos de juicio, los siete magistrados han escuchado a los doce acusados, 422 testigos -entre políticos, guardias civiles, policías nacionales, mossos, visitantes internacionales, votantes y otros miembros de la sociedad civil- y una docena de peritos.

También han visionado cerca de 200 vídeos de lo ocurrido el 20 de septiembre y el 1 de octubre de 2017, tras lo cual llegó el momento de los informes finales, tanto de las acusaciones como de las defensas.