El centenar de personas desalojadas de Sants se exponen a cuantiosas multas

Las cerca de 100 personas que han materializado una sentada en la estación de tren Barcelona Sants convocadas por los CDR, y rodeadas por agentes de Mossos d'Esquadra y del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) se exponen a cuantiosas multas por esta acción.

Al grito de "nos tienen secuestrados" estos manifestantes están siendo desalojados uno a uno por los Mossos que procede a identificarlos. 

Los manifestantes han coreado nuevamente 'Fuera las fuerzas de ocupación', '1-O ni olvido ni perdón', 'Somos gente pacífica' y 'Libertad presos políticos' y 'No tenéis vergüenza' ante los agentes policiales.

Mossos y CNP han vigilado las 9 estaciones de tren de Barcelona desde la hora anunciada para la protestar por los CDR que habían convocado movilizaciones con el lema 'Bloqueo total'.

Así, además de esta estación, hay presencia policial en otras estaciones, como las de Passeig de Gràcia, Plaça Catalunya y Arc de Triomf. Han ido haciendo rondas por los distintos accesos de Metro y tren de Passeig de Gràcia, y un coche del cuerpo estaba estacionado en el cruce con Consell de Cent.

CUANTIOSAS MULTAS POR OCUPAR UNA INFRAESTRUCTURA CRÍTICA

Ocupar una infraestructura crítica como la estación del AVE de Sants y dificultar el normal tránsito de los ciudadanos que libremente quieren desplazarse es un delito tipificado con elevadas multas. 

Bloquear líneas de tren, impedir el correcto funcionamiento del aeropuerto o dañar las vías públicas o las señales de tráfico son actos incívicos que no están exentos de consecuencias. Diversas leyes del ordenamiento jurídico español contemplan muchas de las acciones  y tipifican las consecuencias legales y económicas a las que se enfrentan sus protagonistas y no solo ellos.

Los padres o tutores de quienes sean considerados culpables de delito pueden ser considerados responsables civiles si, aunque los condenados tengan más de 18 años, están bajo su tutela. Esas multas económicas administrativas pueden elevarse hasta los 600.000 euros, la cuantía más alta que contempla la ley de seguridad ciudadana, para las reuniones o manifestaciones no comunicadas o prohibidas en infraestructuras en las que se prestan servicios básicos para la comunidad o en sus inmediaciones.

Dañar las infraestructuras ferroviarias, en tanto que son críticas para el país, tiene un tratamiento de castigo específico en el artículo 560 del código penal. En el se establece pena de prisión de entre uno y cinco años para quienes causen daños en las vías férreas y originen un grave daño para la circulación ferroviaria. Esa misma pena, de uno a cinco años de prisión se aplicaría a quienes interrumpan, obstaculicen o destruyan líneas o instalaciones de telecomunicaciones o correo postal.

A estas penas de cárcel y multas tipificadas hay que añadirles las indemnizaciones, que además pueden y suelen añadir los jueces en este tipo de casos que puede exigir también indemnizaciones, que sufraguen los daños causados y que recibirán los perjudicados. 

En el caso de los ferrocarriles, es la ley 38/2015 del sector ferroviario la que recoge multas de entre 38.001 y 380.000 euros para faltas muy graves entre las que se encuentran la ocupación de las vías que pongan en peligro la seguridad del tráfico o alteren la seguridad del mismo. También puede ser considerado falta muy grave el lanzamiento o depósito de objetos en las vías y sus aledaños, el deterioro en las instalaciones, el deterioro o la sustracción de elementos que puedan afectar a la seguridad del tráfico. En el caso de que esas conductas no afectan a la seguridad de las personas, bienes o tráfico serán calificadas como faltas graves y sancionadas entre 7.501 y 38.000 euros.