martes, 25 de febrero de 2020

​Ada Colau se gastó 42.350 euros del Ayuntamiento en un informe para intervenir Aguas de Barcelona

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Las sentencias del TSJC del 2016 que fueron revocadas tenían su origen en las impugnaciones de los acuerdos del AMB del año 2012, cuando se acordó la creación de la SEM, promovidas por tres empresas competidoras de AGBAR: ACCIONA, AQUALIA (Fomento de Construcciones y Contratas- FCC) y el grupo Aguas de Valencia.


La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau


Cuando se produjeron las Sentencias del TSJC en marzo de 2016, el AMB, siguiendo instrucciones de Ada Colau, decidió no comparecer en el recurso de casación ante el Tribunal Supremo y, por tanto, renunció a defender su posición inicial.


Desde mayo de 2015, y ya como alcaldesa, Ada Colau en su nuevo cargo de presidencia del AMB comenzó una campaña de criminalización de la iniciativa del AMB de crear la SEM, cuya finalidad era desarrollar el ciclo integral del agua en el área metropolitana de Barcelona.


Eloi Badia, autodenominado activista social, por su implicación tanto en la Asociación “Enginyers sense Fronteres” como la Plataforma Agua es Vida, fue el encargado de ejecutar las ordenes de su compañera de partido y alcaldesa, Ada Colau.


Y coincidencias de la vida, ambas entidades han sido grandes receptoras de subvenciones públicas, cuyas cuantías se han incrementado desde que los Comunes gobiernan el Ayuntamiento de Barcelona.


En plena campaña Electoral de las municipales del 2015, mientras asociaciones afines presentaban una querella criminal en el juzgado contra funcionarios y políticos de la AMB, entre ellos Antonio Balmón, Eloi Badia se dedicaba a vitorear la acción de forma desenfrenada por Twiter vanagloriándose de la iniciativa, de la que ya en 2019 y ocupando cargo de Vicepresidente en la AMB, se ha desligado públicamente.


Badia ha enarbolado la bandera de la gestión pública del agua “selectivamente”, porque si sobre AGBAR ha cargado las tintas, ha practicado una pasmosa pasividad frente al escándalo de la privatización de ATLL (Aigües Ter-Llobregat), cuyo adjudicatario resultó ser ACCIONA.


Una privatización, la de la ATLL, que se inició en el 2012, y que supuso un gran escándalo sin precedentes, y que finalmente terminó con la expulsión de ACCIONA de la concesión el pasado 1 de abril de 2019. En estos casi siete años que ha durado esta “trifulca jurídica” las críticas de Eloi Badia hacia ACCIONA no se han producido. ¿Por qué será, será? ¿Tendrá algo que ver que a la presentación en sociedad de “Agua es Vida” asistieran unos señores “trajeados” muy tímidos con las cámaras de la prensa o que personas que trabajan para ACCIONA escriban como activistas de la Plataforma?.


Y es que llama y mucho la atención que el pasado 24 de octubre de 2019, cuando una militante de la plataforma Agua es Vida, Susanna Abella, publica un artículo de opinión titulado “L’estafa d’Aigües de Barcelona” se descubriera que la tal “articulista” no solo era otra autobautizada como activista social, sino que también se ganaba la vida como empleada de ACCIONA. A saber si la Sra. Abella, quiso congratularse con Eloi Badia, miembro destacado de Agua es Vida, o con José Manuel Entrecanales, presidente de ACCIONA, aunque lo más probable es que con esta actuación, la de escribir disfrazada de “activista social” contra Aguas de Barcelona quisiera congratularse con ambos. Evidentemente sobre el escándalo de la ATLL Susana Abella guardó también un silencio sepulcral, como Eloi Badia.


BADIA ESCOGE AL ABOGADO QUE IMPUGNö LA EMPRESA MIXTA PARA QUE LE ASESORE


Pero ahí es nada, porque el Vicepresidente del Área de Medio Ambiente de la AMB, Eloi Badia, es una caja de sorpresas, y siempre consigue sorprender con sus decisiones algunas de las cuales, revierten extrema gravedad y son cuanto menos, indecentes.


BCASA, sociedad municipal del Ayuntamiento de Barcelona, cuyo presidente es Eloi Badia, el alias el “multicargo” decidió encargar al Bufete Menéndez un informe jurídico que le sirviera de guía para la ejecución de la sentencia del TSJC, caso de confirmarse la misma por el Tribunal Supremo.


Y la elección no fue baladí, porque Carlos Menéndez Martínez, miembro del Bufete Menéndez, fue el abogado de ACCIONA que impugnó los acuerdos metropolitanos para la constitución de la empresa mixta de Agua (SEM) y que ha llevado personalmente los contenciosos contra el AMB.


Badia


Es decir, que Badia escogió precisamente a este bufete para asesorarle sobre los pasos a seguir en el supuesto que el Tribunal Supremo confirmase la Sentencia del TSJC. No es nadie Badia, cuando toma decisiones. Siendo vicepresidente de la AMB contrata al bufete de la parte contraria y debe ser porque según él, no existe conflicto de intereses ninguno, ni debe de parecérselo. Aunque deslealtad con la institución pública que dice defender, un poco, si nos parece, a nosotros que si hay y además por la puerta de atrás a través de la instrumentalización de otra empresa pública BCASA y a cuenta de las arcas públicas. Vamos unas minucias de nada menos que 42.000 euros.


En ese “carísimo” informe jurídico fechado el 4 de junio de 2019 y a través de temerarias e insostenibles acrobacias y piruetas jurídicas, se acaba justificando una intervención y confiscación de la actividad del Aigües de Barcelona en base a un inventado incumplimiento de la misión que dio inicio a la empresa mixta de agua.


Es fácilmente comprensible que el abogado que ha ido contra una entidad pública supramunicipal, este caso el AMB, no puede ser contratado, por esta entidad u otras relacionadas, en el mismo asunto y procedimiento para que le indique cómo debe de ejecutar una sentencia, ya que, sin lugar a dudas, y no hay que tener una carrera universitaria para percatarse de que hay claros y evidentes intereses contrapuestos e interpretaciones diversas en la forma de ejecutar la sentencia.


Y es que a Eloi Badia le gustan los “atajos” y enarbolando su “noble causa” decidió burlar el férreo control que existe en la AMB y con dinero público del Ayuntamiento de Barcelona contrató por obra y gracia de su dedocracia al Bufete Menéndez.


EL IMPORTE DE ESTA CONTRATACIÓN ASCENDIÓ A 42.350 €


Por parte del abogado en cuestión existe una clara falta deontológica muy grave al actuar en ambos lados del procedimiento. Primero arrastrando hasta los juzgados a la Administración Pública (AMB) y después prestándole sus servicios de asesoramiento jurídico e interpretando cómo debe ejecutar la Administración la sentencia.


También sorprende la proximidad de Leonard Carcolé con Eloi Badia, ya que fue director de la Agencia Catalana del Agua, y uno de los artífices de la redacción de las condiciones que llevarían a la privatización de ATLL y de cuyo cúmulo de irregularidades salió más que escaldada ACCIONA de la concesión y sus socios capitalistas con ramificaciones en Brasil.


¿Llegaremos algún día a saber qué ha ocultado de verdad ésta “guerra del agua”, donde especies tan distintas han cohabitado con no se sabe qué finalidad real?. Tiempo al tiempo queridos lectores. Y recuerden bien, que este dúo cómico, Badia- Colau practica la Ley del Silencio cuando se trata de dar explicaciones.


PD: Aquí el susodicho informe jurídico de 42.000 euros.



Seguiremos informándoles

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