El general Villarroya, nuevo JEMAD, investigó a los militares que ensalzaron a Franco
Durante su etapa como director del gabinete técnico de la ministra, Villarroya asumió la instrucción de un expediente abierto a raíz de un polémico manifiesto en defensa de la figura del dictador Francisco de Franco como militar, firmado por cientos de oficiales.
El Consejo de Ministros aprobó este martes 14 de enero el nombramiento del general catalán Miguel Ángel Villarroya como nuevo Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), en sustitución del general Fernando Alejandre, que había sido nombrado por la exministra 'popular' María Dolores de Cospedal.
El nuevo hasta ahora ocupaba el cargo de director del gabinete técnico de la ministra de Defensa, siendo una de las personas de confianza de la ministra Margarita Robles.
Durante su etapa como director del gabinete técnico de la ministra, Villarroya asumió la instrucción de un expediente abierto a raíz de un polémico manifiesto en defensa de la figura del dictador Francisco de Franco como militar, firmado por cientos de oficiales, en su mayoría de la reserva y en situación de retiro.
Esto significaba que ninguno estaba sujeto a régimen disciplinario. Pero los que estaban en la reserva debieron mantener la neutralidad política propia del régimen de las Fuerzas Armadas.
De esta manera, el Ministerio de Defensa activó en septiembre de 2018 una información reservada para dirimir si deberían imponerse sanciones. Esta investigación interna fue designada a Villarroya.
Como instructor, llamaría a declarar a los cinco firmantes que estaban en la reserva, “para ver si se ratifican o no en el contenido del escrito, tras lo cual se elevará a la ministra de Defensa, Margarita Robles, la propuesta de resolución oportuna”, tal y como detalla ‘El Confidencial Digital’.
El nuevo JEMAD fue denunciado ante los Juzgados de Plaza de Castilla por uno de los cinco militares en la reserva que estaban siendo investigados, el teniente coronel Francisco Bendala Ayuso, que acusó tanto al instructor como a la ministra Robles de cometer presuntamente tres delitos: contra el ejercicio de sus derechos individuales según el artículo 542 del Código Penal, de usurpación de funciones según el 402, y de prevaricación según el 404.
Aseguró también que no podía ser citado en un procedimiento disciplinario militar porque estaba en la reserva y por ese motivo recurría a los tribunales.
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