Sánchez da marcha atrás en la reforma del CGPJ tras la advertencia de la UE

Tras el rechazo del PP a la moción de censura de Vox y el duro discurso contra Abascal de Pablo Casado -que ahora trata de posicionar a su partido en el centro-derecha de la política española-, Pedro Sánchez anunció que paralizaría la reforma del CGPJ. Sánchez se acercó así al PP y le ofreció retomar las negociaciones para renovar la cúpula del Poder Judicial.

Tal como sucedió, el PSOE esperaba que el PP votara 'no' a la moción de censura de Vox y volviera a situarse en una postura política "moderada" para poder recuperar algunos de los debates pendientes, como la polémica renovación del CGPJ, cuyo mandato caducó en diciembre de 2018 pero que sigue bloqueda por el PP. De este modo, el PSOE considera que ahora son los populares quienes deben mover ficha para retomar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y cree que Casado tiene la pelota en su tejado. El Ejecutivo espera ahora que el PP actúe como un "partido de Estado" y recoja el guante.

Siguiendo esta línea, el lunes el ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, afirmó que si finalmente el PP optaba por el 'no', se podría interpretar como una ruptura con la extrema derecha y como que estaba dispuesto a abrir "un nuevo tiempo", que podría propiciar la búsqueda de grandes acuerdos como la renovación del órgano de gobierno de los jueces.

El PSOE no excluirá a Podemos

A pesar del paso atrás de Sánchez, la portavoz del PSOE, Adriana Lastra, dejó claro el jueves que no han retirado la reforma sino que está paralizada, e insistió en que el PSOE no excluirá a Podemos de la negociación, algo en lo que el PP insiste desde hace semanas. 

Así las cosas, tanto desde el PSOE como desde el Gobierno recalcaron que el encargado de la negociación es el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y que dentro del Ejecutivo no hay ministro de uno u otro partido, sino que todos representan a la coalición. 

A pesar de que Sánchez no se comprometió el jueves a retirar la reforma, sí anunció que van a "detener el reloj" de su tramitación, como gesto para propiciar esa negociación con el PP.

¿En qué consiste la reforma?

El CGPJ debería haberse renovado hace casi dos años, ya que el actual mandato caducó en diciembre de 2018. Aunque desde ese momento la reforma está paralizada, el órgano ha continuado haciendo nombramientos de vocales. 

La reforma propuesta por la coalición de gobierno pretende que una mayoría absoluta de votos sea suficiente para que las Cortes del Congreso y el Senado elijan a los 12 miembros del CGPJ que les corresponde, ya que los 8 jueces restantes que están en el CGPJ son elegidos por juristas reconocidos. 

Actualmente se necesita una mayoría de tres quintos para nombrar a estos 12 miembros, por lo que si PP y PSOE no pactan, es imposible renovarlos. Con la nueva reforma, esto ya no sería así porque solo sería necesaria la mayoría absoluta, que podría lograrse con los acuerdos del gobierno de coalición (PSOE y Podemos). 

Por otro lado, la reforma propuesta impide que un Consejo General del Poder Judicial con un mandato ya expirado realice nombramientos, como está sucediendo desde finales de 2018.

El bloqueo del PP y el rechazo de los jueces

Desde el inicio de las negociaciones, Pablo Casado dejó muy claro que no pactará con el PSOE si Podemos también forma parte de la reforma. Según Casado, el PP no formará parte de un pacto con Podemos porque la formación morada está atacando al Rey y a los jueces, y además está "imputada" en el 'caso Neurona' por presunta financiación irregular. Así pues, Casado opina que la proposición del PSOE y podemos es un "atropello legal" y que es inconstitucional. 

Por su parte, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) se mostró contraria a esta reforma, y su portavoz Manuel Almenar señaló que es una modificación "abiertamente inconstitucional" porque infringe el artículo 122 de la Constitución, que fija las mayorías cualificadas necesarias en las cortes.

Desde la asociación explicaron que la vía de la proposición de ley, que el gobierno trató de aprobar como una reforma exprés, también "plantea serias dudas de inconstitucionalidad" porque al evitar el cauce del proyecto de ley se eluden trámites preceptivos como los informes del CGPJ, de la Fiscalía General del Estado o del Consejo de Estado, "algo básico en la cuestión".

También las salas de gobierno de los tribunales superiores de justicia de Madrid, Extremadura y Castilla y León se unieron el pasado lunes a la respuesta negativa contra la reforma del Gobierno de coalición y mostraron su "rechazo" y "preocupación" por una modificación que entienden supone una "merma" de las garantías de independencia judicial.

La propuesta tampoco cayó en gracia en sectores del Tribunal Supremo, cuyos miembros son designados precisamente por el CGPJ, y que recordaron que no tiene sentido que la Constitución imponga mayoría de tres quintos para que las cortes puedan elegir a los ocho vocales no judiciales y que sea otra mayoría la que necesiten las cortes para nombrar a los doce vocales judiciales.

¿Qué opina Europa?

El jueves 15 de octubre, cuando Pero Sánchez llegó a Bruselas para asistir a una cumbre de líderes de la UE, la Comisión Europea le advirtió que no debe comprometerse la independencia judicial ni dejar que el órgano de gobierno de los jueces sea percibido como "vulnerable a la politización".

Esta semana el órgano europeo recordó que observará "con atención" el desarrollo de la reforma para cambiar el sistema de elección del CGPJ. "No ha habido muchos cambios en los últimos días: Dejamos clara nuestra posición respecto a la propuesta y seguimos de cerca su desarrollo", explicó en una rueda de prensa el portavoz comunitario de Justicia, Christina Wigand.

El Ejecutivo comunitario publicó su primera evaluación del Estado de derecho en cada Estado miembro y, en el caso de España, no detectó riesgos graves en su sistema democrático pero alertó de que la situación del CGPJ en España era un "desafío" que se debía afrontar.

El caso de Polonia

La Comisión Europea tiene varios expedientes sancionadores abiertos contra Polonia por socavar la independencia judicial y además llegó a iniciar el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea, que se activa cuando existen riesgos graves para el Estado de derecho en un Estado miembro y que prevé, en última instancia, suspender el derecho a voto en la UE del país incumplidor si no corrige la situación. 

Es por eso que tras conocerse la propuesta de reforma española, el viceministro de Exteriores de Polonia, Pawel Jablonski, preguntó a la Comisión Europea si también abrirá un expediente sancionador a España si cambia la forma de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).