Un agujero de seguridad en una filial de Aguas de Valencia deja al descubierto información privada de clientes

Datos privados de los usuarios de la aplicación para móvil de Global Omnium son accesibles para cualquiera con conocimientos informáticos y de servidores debido a un agujero de seguridad que deja al descubierto información de clientes de la empresa mixta de aguas de València, Emivasa.

Eugeni Calabuig. Presidente de Aguas de Valencia.

Hay  fallos de seguridad en la arquitectura interna del software de esta APP que permiten con simples peticiones al servidor utilizando un programa común en el campo de la informática consultar información de los clientes.

La aplicación en cuestión da servicio a los clientes de Emivasa, la empresa mixta participada por la compañía (80%) y el Ayuntamiento de València (20%). En 2018 había más de 430.000 abonados a la red de agua potable, aunque se desconoce si en los servidores utilizados por la aplicación se almacenan los datos de aquellos abonados que no están registrados en ella.

El agujero de seguridad se centra en los usuarios de Emivasa (València), que preside el alcalde Joan Ribó pero podría afectar a otras muchas localidades, dado que el servidor contiene los datos de otras empresas como Aguas de Altea, Aguas de Calpe, de Teruel, Aigües de Altafulla, de Morella, de Sagunt, de Tortosa, etcétera. Todas ellas prestan el servicio de suministro de agua potable en los respectivos municipios y son filiales de Global Omnium o empresas mixtas participadas por la administración pública y la compañía que preside Eugenio Calabuig.

Parece ser que el sistema implementado en esta APP permite interceptar información transferida entre los usuarios y el servidor, contiene deficiencias en la autenticación de los servicios web, además de flaquezas en la autorización de datos y a la falta de obstáculos contra ataques masivos o 'de fuerza bruta'. Un cóctel que deja abierta la puerta a obtener información privada sin mucha dificultad.

AGUAS DE VALENCIA Y SU RELACIÓN CON  AGUAS DE CATALUNYA 

Aguas de Valencia es un gigante que factura 324 millones de euros y en 2018, último año con los resultados consolidados publicados, ganó más de 32 millones. Pero su filial catalana, Aigües de Catalunya  se ha salido del buen camino de los beneficios tras 14 años consecutivos ganando dinero. 

Calabauig fichó a David Madí  para Aigües de Catalunya  y este centró los titulares de la semana pasada acusado por el juez instructor de estar detrás del brazo de financiación de Tsunami Democràtic es conocido por sus vínculos con la Convergència de Jordi Pujol y, sobre todo, Artur Mas,  fue detenido  por la Guardia Civil en el marco de una operación sobre el presunto desvío de fondos públicos para el procés.

Durante el operativo, la Guardia Civil acudió, junto con Madí, a la sede de Companyia General d’Aigües de Catalunya, en el Paseo de Gracia de Barcelona  para profundizar sobre la implicación de esta empresa, filial de Aguas de Valencia, en la trama, sino exclusivamente la de su presidente.

Eugenio Calabuig, propietario de Aguas de Valencia y vinculado al PP en la Comunidad Valenciana, confió en noviembre de 2018 en David Madí para presidir su filial en Catalunya. El nombramiento sorprendió por la proximidad de este último con el independentismo. Pero los intereses hacen extraños compañeros de cama.

Con los resultados económicos en la mano  los números rojos han llegado a las cuentas  Aigües de Catalunya . La causa principal fue el sueldo de más de 320.000 euros que se asignó Madí para él y para su número dos, otro ex de Convegència al que nombró consejero delegado.

La filial catalana de la primera compañía de aguas valenciana pasó de ganar 590.000 euros en 2018 a perder 38.000 el año pasado. Lo que ha llevado a a Aigües de Catalunya a pérdidas ha sido el incremento de los gastos, en especial los de personal, de 5,58 a 6,04 millones de euros. La empresa también incrementó en unos 200.000 euros otros gastos. Echando un ojo a la plantilla, de 162 personas a cierre de 2019, solo se incrementó en dos personas de media con respecto a 2018: David Madí y Marc Pifarré, su consejero delegado.

En la memoria del ejercicio 2019, la empresa explica que la retribución del consejo de administración pasó de 0 en 2017 a 327.000 euros en 2019 porque hasta la llegada de Madí y Pifarré, sus miembros no cobraban. De hecho, los vocales siguen sin percibir ninguna remuneración .

Este cambio tiene que ver con el giro que le dio el nuevo presidente a esta modesta empresa de aguas, presente en 21 municipios medianos y pequeños como Tortosa, Altafulla y Sant Carles de la Ràpita (Tarragona) y Begur (Girona).  Una de las primeras cosas que hizo Madí al llegar es fichar a un consejero delegado externo al grupo valenciano. Pensó en Marc Pifarré, ingeniero vinculado a Convergència: fue presidente de las juventudes del partido (la JNC), miembro del Consell Nacional del partido y secretario general de la Associació Catalana de Municipis durante siete años.

Otra cosa que hace es trasladar la sede social de Aigües de Catalunya, que estaba en Tortosa, a Barcelona, al Paseo de Gracia, a escasos metros de donde Madí tiene su despacho profesional, domicilio de varias de sus empresas.

Su gestión de la filial catalana del grupo de Calabuig tuvo unos primeros 22 meses discretos pero lleva un octubre más que movido. El mes que termina con la sede registrada empezó con el polémico nombramiento de un consejo asesor con algunos expolíticos y personalidades cercanas al independentismo. Madí nombró a Joan Puigcercós, que fue presidente de ERC y consejero de la Generalitat, presidente del consejo asesor, del que también forman parte el economista Oriol Amat, exdiputado de JxCat, y los directivos vinculados al soberanismo Enric Pérez Mas y Joaquim Coello.

DAVID MADÍ VINCULADO A LA OPERCIÓN VOLOH PRETENDIÓ LUCRARSE CON EL COVID-19

Las conversaciones entre empresarios que recoge el sumario judicial de la 'Operación Voloh', en la que se investiga el supuesto desvío de fondos públicos para financiar el proceso independentista en Catalunya, dan buena cuenta de su desprecio hacia el entonces president, Quim Torra, al que el exdirigente de CDC y presidente de Aigües de Catalunya, David Madí, llega a calificar de "cabra loca".

El juez asegura que Vendrell y Madí intentaron obtener "rédito económico" del Covid

Madí es uno de los protagonistas de estas conversaciones telefónicas, cuya transcripción consta en un informe de la Guardia Civil enviado el pasado 22 de octubre al Juzgado de Instrucción Número 1 de Barcelona y que forma parte del sumario de la 'Operación Voloh'.

La Guardia Civil presenta a Madí como "empresario, político y asesor ligado a CDC desde el año 1993" y uno de los más estrechos colaboradores del ex presidente Artur Mas, hasta el punto de que "se le considera uno de los ideólogos de la coalición Junts pel Sí y, actualmente, podría estar preparando un 'think tank' enfocado a una Catalunya post-procés".

En una charla telefónica mantenida el pasado 3 de septiembre, Madí y el presidente de la Fira de Barcelona, Pau Relat Vidal, comentan "el malestar existente en el mundo empresarial" con Torra y su Govern, especialmente a raíz de los cambios realizados ese mes. "Torra es una cabra loca y ahora va por libre", dice Madí. "Un subnormal directo, un ignorante y un imbécil", remacha.

En concreto, se quejan del movimiento de carteras en el Gobierno catalán, específicamente por la sustitución de Miquel Buch por Miquel Sàmper al frente de Interior. Para Madí, Torra "se los folla porque le han llevado la contraria o no le han dejado hacer sus animaladas". "Son unos incompetentes y están haciendo lo mismo que están criticando, que parece lo de los nazis a los judíos", afirma Relat.

"Es un tío histérico y que no piensa antes de actuar", comenta Relat, a lo que Madí añade que Torra "no está preparado y le viene grande". "No entiende que es un hombre accidental, que no tiene ninguna legitimidad", se lamenta el presidente de Aigües de Catalunya. Su interlocutor coincide en que "supuestamente tenía que ser un tonto útil y se ha creído el cargo", lo que le hace "peligrosísimo". "Es como darle una metralleta a un mono", concluye Relat.

La Guardia Civil establece en su informe que Madí "ha intentado obtener rédito económico de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus", lo cual pasaba por "activar una vez más los contactos políticos" del empresario para obtener contratos públicos.

Así, destaca un intento de Madí para que la Generalitat le comprara test de detección del coronavirus, un contrato por el que se llevaría una comisión del diez por ciento. "Es una gran oportunidad porque con los criterios de emergencia es un negocio redondo a través de contratación directa", expone el propio empresario. El entonces secretario general de la Consejería de Interior departamento, Brauli Duart, se comprometió a hacer llegar su oferta pero la Benemérita no ha podido confirmar que llegara a buen puerto.

Lo que sí confirma la Guardia Civil es que Madí obtuvo un contrato de 15.000 euros para desarrollar una prueba piloto de detección de coronavirus con prisiones, dependiente de la Secretaría de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la víctima del Departamento de Justicia.

De las gestiones entre Madí y Duart, que hasta su cese era uno de los secretarios generales que integraban el Plan de Protección Civil de Catalunya (PROCICAT), se desprende otra conversación en la que este último critica la gestión de la pandemia. "No tienen ni puta idea. Vamos a morir todos", llega a decir, augurando que "las funerarias no darán abasto y no podrán traer a los fiambres de las casas, ni de las residencias, ni de los hospitales".

"En Igualada", cuenta Duart, "en este momento ya los tenemos dentro de refrigeradores. De camiones (...) esos congeladores porque la incineradora de Igualada puede 12 al día y cada día se mueren más de 12", explica a Madí. "Y el gran problema, es qué coño hacemos con los moros, que estos no quieren que los incineren, quieren que los entierren en tierra (...) si hay tierra, hay tierra, y, si no, pues habrá lo que haya. Y Alá, Mahoma ya lo entenderá", concluye.