Europa regaña a España porque CCAA y ayuntamientos pagan tarde a sus proveedores

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La Comisión Europea ha lanzado un ultimátum a España e Italia y les ha advertido que las administraciones de ambos países no pueden seguir pagando tarde a sus proveedores.

Tal como ha explicado esta semana la Comisión, la legislación española e italiana no van en consonancia con lo que dice la directiva de morosidad europea ( Directiva 2011/07 / UE ), la que insta a las administraciones a pagar sus facturas en un plazo de 30 días, y deja 60 en el caso de los hospitales.

Así pues, la institución europea ha enviado un dictamen motivado a España argumentando que "las autoridades públicas tienen la obligación especial de pagar a los proveedores a tiempo y dar ejemplo en la lucha contra la cultura de malas prácticas a la hora de hacer pagos en el ámbito empresarial".

El Ejecutivo comunitario afirma que "está preocupado" por el retraso persistente de las autoridades regionales y locales españolas -es decir de los gobiernos de las Comunidades Autónomas y ayuntamientos-, ya que su puntualidad a la hora de hacer pagos sigue sin ajustarse a las obligaciones de la directiva.

Según las estimaciones de la Comisión publicadas en los medios de comunicación, en noviembre del año pasado la deuda comercial de las CCAA era de más de 5.000 millones de euros. En cuanto al período de pago, los gobiernos autonómicos estaban sobre los 66 días de retraso mientras que en los ayuntamientos se llegaba a los 68 días. Por lo tanto, se multiplicaban los plazos propuestos por la directiva europea.

Desde Bruselas tienen clara su posición en contra la morosidad para garantizar el funcionamiento del tejido empresarial y mantener el empleo. Estos retrasos "repercuten negativamente en las empresas porque reduce la liquidez, impiden que crezcan y perjudica su resiliencia y capacidad de ser más ecológicas y digitales", asegura la Comisión.

UNA PROBLEMÁTICA QUE VIENE DE LEJOS

Europa ya advirtió en 2015 en España -mediante un procedimiento de infracción -del retraso excesivo de los pagos de las autoridades públicas. Sin embargo, en 2018 este expediente se detuvo porque el gobierno español quiso identificar y ejecutar medidas concretas para solucionar el problema. Fuentes vinculadas a la Comisión han explicado a los medios que en ese periodo sí se entregaron informes regulares, aunque "después de dos años de suspensión la situación no ha mejorado".

Bruselas ha reconocido públicamente "el esfuerzo que ha hecho España" para mejorar en este asunto, pero a la vez no hay una satisfacción con los resultados porque "no se ajustan a los tiempos que se piden a la legislación europea".

Por todo ello, la Comisión ha dado dos meses al gobierno español para responder a los motivos que se le exigen. Si no se recibiera una respuesta satisfactoria, la misma Comisión podría decidir llevar a España ante el Tribunal de Justicia.