La nueva ley de memoria histórica quiere exhumar a José Antonio Primo de Rivera del Valle de los Caídos

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El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el anteproyecto de ley de la memoria democrática. La ley mantiene uno de sus aspectos más destacados: la prohibición de hacer apología del franquismo, que podría obligar a cerrar la Fundación Francisco Franco, a pesar de un informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que sostiene que la apología del fascismo está amparada en la "libertad de expresión". El gobierno también pretende exhumar Primo de Rivera del Valle de los Caídos e incluir el estudio de la memoria democrática en la ESO, el bachillerato y la formación profesional. La norma sustituye y amplía la ley de memoria histórica aprobada en 2007 durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero en La Moncloa.

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha explicado que los objetivos de la ley son la salvaguarda y difusión de los valores democráticos y los derechos fundamentales, y el reconocimiento de las víctimas del golpe de estado de 1936, la guerra civil y la dictadura franquista. Según Bolaños, esta es la primera ley española que repudia directamente el franquismo y responde a las peticiones de varios organismos internacionales que reclamaban en España más atención a las víctimas del franquismo. Esto, según Bolaños, hará que la ley homologue el estado a otros países del entorno europeo en esta materia, y espera que "ninguna fuerza democrática" se oponga y vote contra la "dignidad" de las víctimas.

La ley prevé medidas para evitar la exaltación del golpe de estado, de la guerra o de la dictadura, con multas de 200 a 150.000 euros o la retirada de distinciones y títulos nobiliarios a personas cercanas al franquismo. También se podrán iniciar expedientes para extinguir fundaciones como la Francisco Franco que hagan enaltecimiento del franquismo, provoquen odio o desprecien las víctimas. Además, estas fundaciones no serán consideradas de utilidad pública. Por último, se declara extinguida la fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, que gestiona el mausoleo franquista. De hecho, se "resignificará" globalmente el Valle de los Caídos, donde no podrá estar enterrado ningún dirigente franquista en un lugar preeminente. Así pues, Bolaños ha dicho que se exhumará el cadáver de José Antonio Primo de Rivera del altar mayor.

La ley se basa en tres ejes, según Bolaños. El primero es poner las víctimas y sus familias en el centro, ya que se declaran injustas todas las violaciones de derechos humanos, se consideran ilegítimos los tribunales de excepción y se declaran nulas todas sus condenas. Se dedicarán dos días al año a reconocer las víctimas: el 31 de octubre a todas las víctimas y el 8 de mayo a los exiliados. El segundo eje será poner en valor el papel de las mujeres, por su doble represión recibida durante la dictadura. El tercer eje es reconocer el papel de los movimientos memorialistas.

La nueva legislación se basa también en cuatro principios fundamentales establecidos internacionalmente para casos como el de la dictadura franquista: verdad, justicia, reparación y deber de memoria para la no repetición. Respecto la verdad, Bolaños ha dicho que el Estado es el responsable de buscar las víctimas, lo que se hará con una planificación cuatrienal y la creación de un banco estatal de ADN. También se dará derecho de acceso de los historiadores a archivos y se creará un centro documental de memoria democrática en Salamanca.

El principio de justicia se concreta en la investigación de todas las violaciones de los derechos humanos entre los años 1936 y 1978. También se creará una fiscalía de sala de memoria democrática, pero Bolaños ha admitido que la prescripción de los delitos y la irretroactividad de las normas penales hacen muy difícil castigar las vulneraciones de derechos.

El principio de reparación histórica y moral se basará en la auditoría e inventario de los bienes decomisados por el franquismo por motivos ideológicos, pero Bolaños ha recordado que no habrá responsabilidad patrimonial del estado ni indemnización económica. De hecho, ha dicho que durante la democracia ya se ha compensado además de 608.000 personas y se han pagado más de 21.600 millones de euros en indemnizaciones. "Esta parte ya está cubierta, ahora damos un paso más allá, hacia la dignidad", ha concluido.

Por último, el deber de memoria se fundamentará en la inclusión en el currículo escolar de los valores democráticos y derechos fundamentales.

También se creará un consejo interterritorial para coordinar las políticas memorialistas de las diversas administraciones y un consejo de memoria democrática que englobará las entidades memorialistas. Igualmente se crearán dos nuevos supuestos para tener la nacionalidad española, en especial a los hijos de españolas que se casaron con extranjeros durante la dictadura.

OPOSICIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó a principios de junio por 15 votos a favor y 6 en contra el informe sobre la Ley de Memoria Democrática que cuestiona que se pueda ilegalizar fundaciones por apología del franquismo o por iniciación directa o indirecta al odio o violencia contra las víctimas del golpe de Estado.

Según el CGPJ, "la apología del franquismo, siempre que no haya el requisito adicional de menosprecio o humillación a las víctimas, constituye la expresión de ideas que a pesar de que sean contrarias a los valores de la Constitución, están amparadas por la libertad de expresión ". Además, cree que no se puede investigar penalmente ningún hecho de la Guerra Civil o la dictadura aduciendo la Ley de amnistía de 1977.

El documento elaborado por los vocales Roser Bach y Wenceslao Olea aprobado este lunes en el pleno del CGPJ refleja varios puntos de la ley que por primera vez incorpora la definición de víctima de la Guerra Civil y la dictadura. En primer lugar ya propone que esta definición tenga un carácter "estrictamente administrativo" porque "la verdad histórica no forma parte del proceso penal".

En este sentido, los jueces recuerdan que el Supremo estableció que los procesos penales no pueden servir para investigar hechos vinculados a la Guerra Civil aduciendo que se aprobó la Ley de Amnistía de 1977. Además, aseguran que la definición de la figura de la víctima de la Guerra Civil debe quedar restringida a "casos centrales de violación de los derechos humanos". El documento también reclama que la nulidad de las sentencias franquistas se limite a las resoluciones que contengan específicamente una condena o sanción, no al resto.