La justicia, más lenta y menos resolutiva a causa de la pandemia y la falta de personal

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Archivo - Sala de vistas de la Audiencia de Jaén donde se celebra el Juicio

@EP


El pandémico 2020 también se ha notado en los juzgados y tribunales de Catalunya. Este sector ha sido poco enfocado por la opinión pública, pero también ha visto como la pandemia ralentizaba aún más el sistema y todos los trámites pendientes de resolver.


Si nos centramos en cifras, el año pasado se recibieron un 14,54% menos de los procedimientos (869.250 en total) en comparación con el 2019, debido a la crisis del-19. Esto ha llevado a que la tasa de litigiosidad -los asuntos que han entrado en los juzgados y tribunales- haya bajado drásticamente de 132 casos por cada 1.000 habitantes a 111, un 15% menos.


Por consiguiente, lo que también ha bajado han sido los casos resueltos, que disminuyeron un 15%, hasta los 819.312, de forma que a finales de año quedaban pendientes de resolver más casos, en concreto un 11,3% más,  que el año anterior. Con este resultado, se puede afirmar que se "esclarecieron" menos casos de los que entraron por cuarto año consecutivo.


Toda esta información es la que lleva la memoria anual de 2020 que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha hecho pública este martes. El documento también detalla que durante los meses de confinamiento y desconfinamiento, entre el 14 de marzo y el 4 de junio, se suspendieron unas 35.000 vistas orales, 16.000 de ellas en la ciudad de Barcelona, además de otros actos judiciales como declaraciones, deliberaciones o comparecencias.


Las resoluciones judiciales, como sentencias, autos, providencias y decretos, pasaron de 918.176 a 780.658, de forma que se redujeron otro 15%. Donde bajaron más las resoluciones fueron en los juzgados de instrucción, en los penales, en el ámbito penal de los juzgados mixtos y en los juzgados sociales, con un 20% de descenso aproximadamente. Los únicos órganos que dictaron más resoluciones que en 2019 fueron los juzgados mercantiles, la sala contencioso-administrativa del TSJC y el ámbito penal de la sala civil y penal del TSJC.


VIOLENCIA MACHISTA


En cuanto a la violencia sobre la mujer también hubo una bajada de denuncias en los juzgados catalanes en comparación en 2019. Así pues, el año pasado se recibieron -según la memoria del TSJC- 19.927 denuncias por esta problemática, lo que representa un 11% menos de las que se interpusieron hace tres años.


En total se tramitaron 29.072 procedimientos, un 7% menos que en 2019 y los procedimientos por jurado, que incluyen los homicidios y asesinatos, crecieron de 37 a 45. Las diligencias urgentes bajaron un 20%, pasando de 10.460 a 8.303, mientras que los juicios por delitos leves bajaron un 9,3%, pasando de 667 a 605.


Por tipo de delito, los procedimientos por lesiones leves, el maltrato psicológico y físico habitual y los delitos contra la libertad bajaron respecto el 2019. Sin embargo, los delitos sexuales, la rotura de medidas cautelares y los homicidios subieron, pasando en este último caso de 20 a 26 en 2020.


ASUNTOS ECONÓMICOS


En cuanto a los asuntos relacionados con el dinero, hubo uno que bajó drásticamente: los desahucios, que pasaron de los 12.500 a 5.700 en un año - el gobierno de Sánchez prohibió su ejecución entre marzo de 2020 y en enero de 2021-.


Casi todos, 4.200, fueron por impago del alquiler, cifra que confirma la tendencia de los últimos años. Los procedimientos por posesión ilegal de vivienda también bajaron, en este caso fueron un 25% menos.


Asimismo, disminuyeron las demandas presentadas por 'cláusulas suelo' en hipotecas, pasando de 10.800 en 2019 a 5.600 en 2020. Se resolvieron 9.825 casos, y quedan por resolver más de 34.000. Se dictaron 8.388 sentencias, casi como en 2019, y el 95,8% dieron la razón al cliente ante el banco.


LOS JUZGADOS MERCANTILES LOS MÁS COLAPSADOS


La mayoría de órganos judiciales tienen una carga de trabajo superior a los módulos fijados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), según la memoria anual. Los más colapsados son los juzgados mercantiles, con un 400% más de casos de los establecidos como idóneos, así como las secciones mercantiles de las audiencias provinciales, con un 310% más.


Otros órganos que tienen más carga de la debida son los juzgados de primera instancia, los mixtos en el ámbito civil, los sociales y las secciones civiles de las audiencias, informa el documento. Las salas del TSJC están por debajo de los módulos, así como los juzgados de violencia sobre la mujer, los de familia, los de instrucción, los de menores y los contenciosos-administrativos, entre otros.


MÁS PLANTILLA


El presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, ha aprovechado el evento para reclamar 30 nuevos juzgados y 18 magistrados al TSJC y en las cuatro audiencias provinciales. Así, una plaza de magistrado sería para la sección de apelación de la sala civil y penal del TSJC, nueve magistrados de secciones penales en la Audiencia de Barcelona y seis a las secciones civiles. En la Audiencia de Tarragona habría un magistrado para una sección civil, igual que en Girona.


En cuanto a la ciudad de Barcelona, la que tiene más falta de personal judicial, serían necesarios diez nuevos juzgados y al resto de la demarcación, trece más. En la ciudad de Tarragona se necesitarían dos juzgados, y uno más en Reus. Barrientos también ha reclamado un juzgado social más en Lleida y tres en Girona.


Por otra parte, la memoria del TSJC ha venido acompañada de una carta del presidente de la sala contencioso-administrativa del alto tribunal catalán, Fernando Javier Aguayo, que se ha quejado de la falta de magistrados especialistas con plaza fija. Aguayo ha pedido que estas plazas puedan ser ocupadas por magistrados con más de 20 años de experiencia en la jurisdicción, además de reclamar que las bajas médicas de funcionarios se suplan más rápidamente y que se cubran dos plazas vacantes desde el 2018.


Todo ello, según el magistrado, conlleva retrasos en la resolución de asuntos, con una media de 21,4 meses, por encima de la media estatal de 13,8. En algunos ámbitos, el retraso es mayor, como las expropiaciones forzosas, con 34,7 meses, la contratación administrativa, 28,9 meses, y las materias tributarias, 24 meses.

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