Jiménez Villarejo: «La CUP se ha arrodillado ante Junts pel Sí y se ha deslegitimado como partido de izquierdas»

 

Beatriz Pérez.- Ve «indispensable» la creación de un gobierno de izquierdas en España y por eso pide dejar de lado las llamadas «líneas rojas» individuales. El jurista y antiguo fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo (Málaga, 1935), que en las elecciones europeas del 2014 fue elegido eurodiputado de Podemos (escaño al que renunció poco después: «Me presenté para mostrarles mi apoyo», dice), presiona a Pablo Iglesias para que pacte con el PSOE. Hace 50 años que Villarejo vive en Barcelona, donde en la década de los 80 interpuso una querella contra Jordi Pujol por el caso Banca Catalana. El caso finalizó entonces con un sobreseimiento, pero 30 años después vuelve a cobrar sentido mientras van saliendo a la luz todos los casos de corrupción que hasta hoy arrastra Convergència Democràtica de Catalunya (CDC).

Usted le escribió un Whatsapp a Pablo Iglesias para pedirle que «aplazara» la propuesta de referéndum en Catalunya y pactara con el PSOE. ¿No generaría esto más frustración?

Estaríamos hablando de aplazarlo unos meses, no años. Dije eso porque creo que hay un orden de prioridades en la política. En este momento, en España la prioridad es constituir un gobierno con una mayoría de izquierdas. Todo lo que sea imponer condiciones a la otra parte –que tiene más votos y más diputados que tú—es una forma de obstaculizar la formación de ese gobierno de izquierdas. Hay tiempo para hablar del referéndum en Catalunya.

¿Ya no lo ve tan necesario?

Sinceramente, hoy por hoy, después de los acuerdos espurios a los que han llegado Junts pel Sí y la CUP en el último momento… Estos dos partidos tienen una mayoría parlamentaria –que no de votos— y son quienes gobiernan en Catalunya. No van a aceptar de ninguna manera un referéndum, estoy convencido.

Porque consideran que las elecciones del 27S fueron plebiscitarias.

Exacto. Y no es así. Fueron unas elecciones autonómicas en las que ellos falsearon el contenido y el sentido de ese proceso electoral que tenía como finalidad la alternancia del gobierno en Catalunya. Junts pel Sí y la CUP las convirtieron, de forma fraudulenta, en una especie de pseudo-plebiscito sobre la independencia. Sí, tuvieron una mayoría de escaños, pero no una mayoría de votos. Y todo hay que decirlo: tuvieron esa mayoría de escaños porque se aprovecharon con un cinismo desbordante de una ley electoral española, que tiene su origen en un decreto ley del Gobierno de Suárez de marzo del 77 y que establece la fórmula D'Hondt para la asignación de escaños. Así estamos todavía en Catalunya, aplicando esa legislación.

«Convergència se ha aprovechado con un cinismo desbordante de la ley electoral española. Pudo haberla cambiado y nunca ha querido hacerlo»

¿Esta ley se podría haber cambiado en Catalunya?

Se podría haber cambiado y se debería haber cambiado, y nunca Convergència ha querido hacerlo. Tampoco se hizo durante el tripartito, aunque ahí se intentó sin éxito. El caso es que en Catalunya se está aplicando la ley electoral española del 85 en la que, como todo el mundo sabe, no existe proporcionalidad entre la relación de votos y de escaños. Así, en las zonas rurales –las provincias de Girona, Lleida y Tarragona— obtener un escaño vale menos votos que obtenerlos en Barcelona y su área metropolitana, que es donde está el peso mayoritario de la población votante de Catalunya.

Volviendo a Podemos, ¿habrá ese pacto a la portuguesa que quiere Pedro Sánchez?

Ya veremos. A mí ahora, en el proceso que se está desarrollando hacia la investidura, me parece que lo prematuro es empecinarse en el cumplimiento exacto de los programas. Podemos propone el referéndum, vale. Pero su programa sigue sin enfrentar el tema de cómo se configuraría ese nuevo marco territorial, que solo podría tener como alternativa un estado federal. Creo que invocar vagamente el derecho a decidir es lo mismo que no decir nada, porque eso exigirá una regulación legal. Lo único que Podemos plantea en su programa es la derogación de la Ley de referéndums de 1980. Pero esa derogación exige sustituirla por otra, y exige una mayoría en el Congreso de los Diputados. ¿Y estará Podemos en esa mayoría o no? Porque si finalmente no está en el gobierno o no apoya al gobierno que se constituya, las posibilidades de incidir en un cambio profundo de la política española y catalana van a ser muy limitadas. Si te quedas fuera del gobierno o no apoyas al gobierno, las posibilidades de que las propuestas de tu programa se materialicen son muy limitadas.

«La CUP se ha convertido en parte de Junts pel Sí, cuyo partido eje, CDC, está contaminado hasta la médula de corrupción»

Aquí en Catalunya, Junts pel Sí y la CUP fueron capaces de ponerse de acuerdo finalmente. ¿Cómo valora ese pacto ‘in extremis’?

A mí me parece todo un circo, hablando vulgarmente. Después de más de tres meses de proceso electoral, cuando los órganos directivos de la CUP han decidido no investir al ‘president’ Mas y se abre la etapa para iniciar un proceso electoral nuevo, resulta que, al final, se llega a un acuerdo. Y ese acuerdo, digan lo que digan, no deja de ser un arrodillamiento de la CUP ante Junts pel Sí, así de claro. La CUP se ha arrodillado, ha traicionado a sus electores y se ha convertido no ya en aliada, sino en parte de Junts pel Sí --cuyo partido eje es Convergència Democràtica, que está prácticamente contaminada hasta la médula de corrupción--. Se ha entregado a Junts pel Sí para facilitar el gobierno de Catalunya, dirigido por una formación nacionalista, derechista y conservadora. Me resulta contradictorio que un partido que se dice anticapitalista y pseudo-revolucionario forme parte de un gobierno como el de Junts pel Sí. La CUP ha quedado desautorizada y deslegitimada como un partido de izquierdas. Ya veremos cómo resuelven ellos esas contradicciones.

Pero hacer política es pactar, ¿no? «Estamos obligados a entendernos aunque seamos diferentes”

Una cosa es pactar dentro del marco político-ideológico, siempre que uno no traicione sus principios --es verdad que hay que ceder para pactar--, y otra subordinarse a otro partido que está en un espectro ideológico radicalmente contrario al tuyo. Esto último no es pactar, sino arrodillarse, entregarse, subordinarse. Lo dijo Artur Mas el día de su dimisión: «La CUP ha reconocido los errores cometidos».

¿Le saldrán a Convergència más casos de corrupción?

No lo sé, pero CDC tiene varios asuntos pendientes de juicio oral y, por lo tanto, de sentencia. Ahí se decidirá definitivamente quiénes son los responsables. A mí en este momento se me prefiguran varios. Primero, el tema del Palau de la Música, cuyo juicio oral se podría celebrar en el curso de este año. Es muy importante este tema porque CDC aparece como uno de los beneficiarios de las comisiones abonadas por Ferrovial. Todo eso se tendrá que debatir en un juicio oral, es evidente, pero hasta ahora la acusación del fiscal es clara: CDC se ha beneficiado ilícitamente de las comisiones abonadas en el curso de una serie de obras públicas. Otro tema pendiente es el juicio oral contra Oriol Pujol –después de Mas, el más alto cargo del partido-- por el caso de las ITV. Y luego está por concluir la investigación del caso del juzgado de El Vendrell sobre las famosas comisiones del 3%, en el que hay imputados altos cargos de Convergència y personas relacionadas con este partido. Según las noticias de anteayer se estuvieron abonando comisiones del 3% a favor de la Fundación CatDem de Convergència hasta mayo del 2015. Hasta hace nada, vamos. Y cómo no hablar de los grandes procesos contra la familia Pujol. Es decir, Convergència tiene en este momento un panorama judicial bastante abundante como para mirar hacia otro lado.

«El Palau de la Música, el juicio contra Oriol Pujol por las ITV y las comisiones del 3% son algunos de los asuntos pendientes de CDC. No puede mirar hacia otro lado»

Sin embargo, ha logrado poner al frente de la Generalitat a uno de los suyos, como es Carles Puigdemont.

Sí, pero eso no impedirá que se celebren estos juicios y que prosigan las investigaciones. Creo que la figura de Puigdemont es como un escaparate: está colocado ahí por ser muy nacionalista, muy independentista, vamos, la figura que necesitaban. Pero no se impedirá tampoco que la resolución del 9N sobre la llamada ‘desconexión de España’ y desobediencia de todas las leyes españolas, declarada nula por el Tribunal Constitucional, pueda obviarse. Sería radicalmente ilegal que siguieran adelante con eso porque lo ha dicho el TC.

La respuesta que dan muchas personalidades de la órbita independentista –por ejemplo, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell-- a las resoluciones del TC es que ellos «están cumpliendo el mandato democrático del 27S”

Francamente, me parece penoso que una persona que ocupa un puesto institucional tan representativo no sepa de qué está hablando. La resolución del 9N no la han acordado las urnas. ¿Por qué? Porque antes del 27S a ningún elector se le puso en la mesa una propuesta similar a la aprobada el 9N. En los programas independentistas del 27S se hablaba vagamente del proceso de autodeterminación, pero esa resolución del 9N nada tiene que ver con las urnas, es una resolución de parte del Parlament de Catalunya.

La primera cabeza en caer es la de Artur Mas, que se ha ido casi como un héroe. Ha dicho que volverá.

Creo que Mas tiene una mochila bastante cargada de problemas. Por una parte los procesos abiertos sobre CDC; por otra, por mucho que él se presente como una persona que ha sacrificado su figura política a favor de Catalunya, en realidad ha sido expulsado de la presidencia de la Generalitat en virtud de un pacto insólito entre la derecha nacionalista y la supuesta izquierda radical. Algo inconcebible. Es como si el PP pactara con el Partido Comunista de España. Aunque he de decir que yo le tengo más respeto al PC que a la CUP.

¿Por qué?

Porque nunca hubiera hecho una cosa similar. Izquierda Unida, la actual formulación parlamentaria del PC, no llegaría nunca a un pacto de esa naturaleza con el Partido Popular. Nunca, jamás, radicalmente no. Porque son la tesis y la antítesis, dos polos opuestos de la concepción no solo de la política, sino también de la sociedad, de los derechos de los ciudadanos, etcétera. Lo que ha hecho la CUP con JxSí me parece una tragedia para la política catalana en la que todos, antes o después, pagarán sus consecuencias.

«Izquierda Unida nunca, jamás, hubiera hecho un pacto con el PP de la naturaleza del de Junts pel Sí y la CUP»

Es posible que la CUP se fragmente.

Conozco a muchos votantes de la CUP que están absolutamente decepcionados porque la apoyaron por su política económica pero jamás lo hicieron en función de la supuesta independencia. Lo que ocurra en un futuro ya lo veremos. Pero es evidente que la CUP va a sufrir por estos pactos espurios que ha hecho con JxSí. Y en cuanto a JxSí, ya lo veremos también. Sus políticos tienen un recorrido más largo, pues representan a una mayoría conservadora que hay en todas las sociedades occidentales. Pero, pase lo que pase, sí creo que el futuro es problemático. Hay mucha confusión política. Hace no mucho hablaban de un plazo 18 meses para constituir el Estado independiente y ahora dicen que pueden ser más.

Esta semana se ha sabido que la comisión de transición nacional ya no es legislativa, sino de estudio.

Sinceramente, opino que se está engañando demasiado a los electores que han votado a la CUP y a Junts pel Sí. Esto, antes o después, lo pagarán.

Volvamos al panorama estatal. Usted es muy crítico con la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobada con el único voto favorable del PP el pasado 7 de diciembre y que acorta los plazos de instrucción de los procesos penales. En su opinión, una de las prioridades del futuro gobierno debe ser cambiarla cuanto antes.

Para empezar, yo creo que una ley que se aprueba por un solo partido del mapa político de un país es, de por sí, muy débil. Sí, casi todos los partidos españoles se han mostrado favorables a reformar esta ley. Yo soy muy contrario a ella porque, si bien es cierto que hay establecer un plazo razonable para la instrucción de las causas, establece unos plazos que puedan impedir el descubrimiento de la verdad sobre si los delitos se han cometido o no. La investigación de la delincuencia financiera –por ejemplo, el caso de Rato y Bankia o el de Banca Catalana—, la corrupción o el fraude fiscal exige una prolongación de los plazos. ¿Por qué? Porque suelen tardar en descubrirse, porque la puesta en marcha de la investigación penal por parte de los fiscales obliga a practicar diligencias que, por su propia naturaleza, son de una complejidad extraordinaria... Por ejemplo, la investigación de la libre circulación de capitales de origen delictivo como los paraísos fiscales hace que la investigación normal no se pueda acotar en plazos demasiado fijos, ya que en buena parte la investigación depende a veces de las autoridades financieras. Esto quiere decir que hay que pedir auxilio jurisdiccional a autoridades extranjeras para que faciliten datos de los fondos de origen ilícito. Hacer esto en un período acotado por ley me parece la garantía de impunidad.

«Es necesario cambiar la Ley de Enjuicimiento Criminal aprobada por el PP porque supone la garantía de la impunidad»

Entonces podemos entender por qué el PP está tan interesado en que se apruebe esta ley.

Naturalmente, porque el PP está sumergido en la corrupción. Están interesados en que los plazos se acorten para que la investigación no concluya. Te pongo un caso muy paradigmático que afecta a Catalunya: el caso Pretoria. Ahora mismo están pendientes de juicio el alcalde de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz, del PSC, y otro diputado del PSC, Manuel Dobarco, así como los que fueron dirigentes del gobierno de Pujol, Macià Alavedra y Lluís Prenafeta. Este asunto se inició en octubre del 2009 y se concluyó a finales del 2014; es decir, tardó cinco años. Con la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el caso Pretoria se hubiera tenido que archivar. La última comisión rogatoria de las 13 que el juez del caso había enviado a diferentes países del mundo llegó en octubre del 2014. 13 comisiones rogatorias suponen un trabajo de auxilio internacional de tal envergadura, que no se puede someter a esos plazos. Por un caso como el Pretoria creo que esa ley hay que reformarla inmediatamente, porque si no al final veremos que la justicia se va a ocupar solamente de delitos de bagatela: aquellos que tienen una investigación relativamente asegurada en un plazo corto.

Dice que no quiere hablar del caso Nóos porque no lo ha seguido. Pero ¿está de acuerdo con que sea la fiscalía, y no los jueces, quien instruya las causas penales?

Yo, como fiscal que he sido, tengo un enorme respeto al Ministerio Fiscal. No hay que olvidar que la creación de la Fiscalía Anticorrupción, en el año 95, fue determinante en España para la persecución de los delitos de corrupción. Fue algo decisivo. Sin embargo, entiendo que el estatuto del fiscal, en la medida en que depende de la fiscal general del Estado, nombrada por el Gobierno, tiene siempre sobre sí la sospecha de que esa dependencia final puede –y en ocasiones así ha ocurrido—condicionar la actitud de los fiscales. Esto no lo quiero trasladar al caso Nóos, pero sí que hay un hecho objetivo: el Ministerio Fiscal, debido a consecuencia de su estructura jerárquica, es una institución que se puede llegar a controlar por muchas vías desde el Gobierno. Por tanto, mientras no haya un cambio que garantice la plena independencia del Ministerio Fiscal, sí creo que la instrucción debe permanecer en manos de los jueces de instrucción y tribunales. Son una garantía de imparcialidad e independencia, lo cual no quiere decir que ahí también haya excepciones. Un ejemplo: el próximo juicio de Gürtel en Madrid, donde había dos magistrados que fueron recusados por su supuesta proximidad al Partido Popular. El recurso fue estimado por la Audiencia Nacional y estos dos magistrados fueron separados del tribunal por sus actividades extra-judiciales –conferencias, relaciones personales, etcétera—con el PP. Es decir, se las ha apartado porque se ha considerado que no reunían las condiciones objetivas de imparcialidad necesaria para juzgar el caso Gürtel.