Han pasado más de dos meses desde la votación del 20-D. Unas elecciones que muchos calificaban de decisivas para poner fin al bipartidismo y deshacer la regresión de derechos que se había impuesto. Proyecta deseos rupturistas y depositaban esperanzas de cambio, por lo que generaron un amplio apoyo en las urnas para poner fin a políticas democráticamente agrios, institucionalmente oscuras, económicamente estériles, socialmente tóxicas y territorialmente crispadas.

Este apoyo, sin embargo, puede no ser suficiente, ya que si bien el panorama post 20-D deja el PP sin el poder absoluto y rompe el bipartidismo hegemónico y alternando, nos deja un escenario político plural que genera dinámicas más complejas para garantizar la gobernabilidad. A día de hoy el voto en las urnas no se ha traducido todavía en una propuesta concreta de gobierno. Nos encontramos ante el dilema de repetir elecciones o alcanzar una mayoría parlamentaria plural que proponga un gobierno de síntesis. Allí qué opción política, en qué dirección y orientación, con qué valores y formas, ejerce el control y la hegemonía de gobierno.

La incertidumbre del panorama no esconde la emergencia política, económica y social en que nos encontramos. Estamos donde estábamos los días previos al 20-D, pero con más urgencias, ya que la inacción degrada la realidad social y política. Pobreza, precariedad laboral y social, y desigualdad siguen instaladas, mientras las medidas políticas que las han alimentado se mantienen invariables: contarreforma laboral, recorte de la protección social, desmontaje de los servicios públicos, sistema fiscal injusto e insuficiente.

La estructura económica mantiene debilidades, desequilibrios y dependencias, en un entorno global de enormes incertidumbres, mientras se mantiene intacta la política económica servil de la consolidación fiscal y de los intereses y directrices de los grandes centros de poder económico y financiero.

La democracia se debilita, mientras avanza el autoritarismo, el absolutismo, la opacidad, la falta de diálogo social e institucional, y la represión de la resistencia social. El modelo de estado evidencia su agotamiento, incapaz de aceptar la expresión de soberanías compartidas de una realidad plurinacional compleja que no puede aceptar ni recentralizaciones ni uniformidades impuestas.

Es por ello que hay que evitar que los próximos meses todo el debate gire alrededor de elecciones o gobierno de coalición. El dilema no puede ser sólo quien o con quien se hace gobierno, sino qué cambio de políticas se promueve, qué medidas y acción de gobierno a impulsar para abordar los problemas reales y revertir las pérdidas de derechos y libertades impuestas estos años. Hay que conseguir que el centro del debate político y social, lo ocupen las personas, su situación y sus problemas, y el horizonte de un mayor bienestar personal y social. Si la crisis ha sido la excusa para imponer reformas regresivas y antisociales en el terreno laboral, en las políticas públicas, en la protección social y en los derechos y libertades personales y colectivas, ahora hay que revertirlo y hacer otras políticas.

La situación de emergencia social, sin embargo, hay que abordarla desde todas las instancias y ámbitos competenciales. Las urgencias son evidentes cuando analizamos los datos de paro, la precariedad en el mercado de trabajo, la pobreza y la exclusión social, la pérdida de calidad de los servicios públicos y la creciente desigualdad social. Y las respuestas se harán desde la proximidad. Es por ello que el Gobierno de la Generalidad ha de desarrollar sus competencias y capacidades ante las urgencias, dando respuesta a las necesidades de las personas y rompiendo con las políticas de recortes de los últimos años, para presionar, así mismo, el cambio de las políticas en el Estado. Las personas no pueden esperar, y la capacidad de promover acciones y dotar de recursos para hacer frente a la emergencia social y promover empleo de calidad y políticas industriales activas es posible.

Es posible hacer otras políticas. Las actuales han demostrado inútiles e injustas. No pagaremos la deuda recortando y limitando derechos, sino invirtiendo y creando empleo. Podemos hacer grandes planes de inversión que impulsen un cambio de modelo productivo, que transforme una economía altamente dependiente de energías fósiles y prácticas especulativas en una economía de base industrial, renovable y sostenible, basada en el conocimiento y la innovación. Este modelo debe sustentarse en el empleo de calidad, estable y con derechos, y un potente modelo social que garantice la igualdad de oportunidades y la protección de todas las personas en todo momento de su vida, a partir de un sistema fiscal que respete los principios de suficiencia, justicia y progresividad.

En este panorama complejo, marcado por la incierta y la débil situación económica y la emergencia social, el movimiento sindical debe mantener e intensificar la presión en el mercado de trabajo y en la sociedad. Denunciar, presionar y utilizar la negociación colectiva para mejorar la capacidad adquisitiva, recuperar derechos y seguridades, combatir la precariedad y promover la igualdad efectiva. Promover la puesta en marcha de un plan de inversiones que cree empleo e impulse el cambio de modelo productivo de base industrial, equilibrado y sostenible, basado en el conocimiento, la innovación y el empleo de calidad.

Exigir garantías de prestaciones y protección social (no olvidemos que la renta garantizada de ciudadanía está en debate en el Parlamento de Cataluña) y dotaciones presupuestarias suficientes para recuperar la calidad de la educación y la sanidad, la cobertura de la atención social y la promoción de la igualdad. La emergencia social no puede esperar, y el cambio de políticas, tampoco.