Una noche de octubre del año 2013 una patrulla de los Mossos aplicó una de sus habituales brutales reducciones de personas en la calle, apretando el cuerpo de Juan Andrés Benitez hasta matarlo. Los agentes, al comprobar el resultado de su acción, se dedicaron a continuación intentar no dejar rastro de elementos probatorios de lo que había pasado esa noche en la calle Aurora de Barcelona. Visitaron pisos de vecinas del barrio, de forma intimidatoria, para instar a borrar toda fotografía o grabación de la detención. Después, cuando el caso saltó a los medios, se atacó la credibilidad de Juan Andrés, como es habitual en estos casos, todo filtrando información interesada a los medios de comunicación: "Algo habría hecho".
Una vez más, el mecanismo de la impunidad se activó desde el primer minuto en que el corazón de Juan Andrés Benítez dejó de latir a causa de aquella actuación policial.
El procedimiento de instrucción judicial continuó, lento y farragoso. No se pudieron realizar pruebas de consumo de estimulantes o drogas sobre los agentes, dado que todos y todas ellas se cortaron el cabello a ras y se depilarse el cuerpo para evitar rastros y obstruir el procedimiento. Pero aún así, el juicio no garantizaba un resultado satisfactorio sin romper la falsa ilusión de una aplicación imparcial de las leyes: masa indicios, demasiado testigos, demasiado irregularidades delante de todos.
El pacto acordado hoy con las partes familiar y popular de la acusación para que no se realice el juicio no es más que el botón rojo del pánico de la impunidad. La última opción antes de permitir que llegue a los cuerpos policiales la percepción de que no tendrán un trato especial en caso de encontrarse en "pequeños líos" como, por ejemplo, matar o torturar a alguien en acto de servicio.
Y es que es de agradecer que cuando en Yassir El Younnoussi murió en la comisaría de El Vendrell con un casco de revés en la cabeza hasta que no pudo respirar más, e inmovilizado con correas al suelo de la cárcel, no hubiera ninguna grabación fidedigna de los hechos ni ningún juicio de los responsables. Es un muy buen mensaje para evitar repeticiones que dos guardias urbanos de la ciudad de Barcelona condenados por torturas estén jubilados a los 36 años, gracias a una disposición del ICAM, con un examen médico hecho el mismo día. Es del todo natural que el Departamento de Interior de la Generalitat dé hasta 8 versiones diferentes del caso Ester Quintana hasta que la evidencia lo desmonta todo. Y tampoco sorprende que los policías municipales de Terrassa implicados en la muerte de Jonathan Carrillo continúen trabajando a pesar quedó probado el el juicio que el joven egarense murió, precisamente, a manos de la policía. Todos estos episodios de impunidad son normales en este país normal.
Pues no. Desde la CGT creemos que no puede haber pacto con la impunidad, que estos acuerdos ponen precio a nuestra vida, que de esta manera se favorece la repetición en el futuro de casos como el de Juan Andrés y que, en definitiva, aceptar esta sentencia en conformidad valida la posición subordinada del pueblo frente a aquellos que nos reprimen y se llevan las vidas de nuestras familiares, de nuestras vecinas, de nuestras amigas.
Seguimos denunciando y denunciaremos incansablemente que en este país hay impunidad policial. Y que hay complicidad y connivencia por parte de las instituciones para garantizar que la aplicación indiscriminada de la represión se realice sin que el brazo que lo ejecuta no tenga que sufrir ningún perjuicio por el hecho de aplicarla.
Una noche de octubre de 2013, un grupo de Mossos mató en Juan Andrés Benítez en el barrio del Raval de Barcelona. Era querido por mucha gente que, como nosotros, hoy sigue reclamando justicia.
Juan Andrés Benítez, ni olvido ni perdón
Contra la represión y la impunidad, ni un paso atrás
Secretariado Permanente del Comité Confederal de la UGT de Catalunya
Escribe tu comentario