Sigue el pulso de Colau contra el Gobierno: “Moncloa puede decir lo que quiera”

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La alcaldesa de Barcelona sigue en sus trece con su lucha contra el Gobierno central. La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, le ha recordado este viernes a Ada Colau que "puede tener la política de discursos que crea conveniente" y "decir todo lo que quiera".


Y le ha espetado que, diga lo que diga, seguirá sin tener "más competencias que las que le corresponde a un ayuntamiento".


Colau ha replicado las palabras de la vicepresidenta del Gobierno en funciones, que le ha advertido de que carece de competencias para cerrar el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Zona Franca, como ordenó el jueves, el mismo día que reabrió tras obras


La alcaldesa ha replicado, a través de Tiwtter:  "Moncloa puede decir lo que quiera, pero tenemos competencias en materia de licencias y también de DDHH, y las ejerceremos", ha advertido Colau.




COLAU "PUEDE DECIR TODO LO QUE QUIERA" 


Sáenz de Santamaría ha recordado que la alcaldesa de Barcelona no tiene competencias para cerrar el CIE de la Zona Franca, como ordenó este jueves.


"Al Ayuntamiento de Barcelona le corresponden unas competencias en la ordenación municipal de apertura y mantenimiento de determinadas instalaciones, pero al Ayuntamiento de Barcelona no le corresponde la competencia de decidir cómo se gestiona o no la política de inmigración de este país", ha subrayado la vicepresidenta durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.


Sáenz de Santamaría le ha recordado a la alcaldesa de Barcelona que "puede tener la política de discursos que crea conveniente" y "decir todo lo que quiera", pero que, aun así, seguirá sin tener "más competencias que las que le corresponde a un ayuntamiento".


Además, ha defendido que la existencia y funcionamiento de los CIE viene enmarcado en el Derecho de la UE y el ordenamiento español y ha indicado que, en todo caso, el internamiento en uno de estos centros es una medida "excepcional" que depende siempre de que así lo dictamine un juez competente "de acuerdo con el procedimiento legalmente establecido y siempre con un mínimo imprescindible" y con la supervisión del ministerio fiscal.


Por eso, ha pedido al Ayuntamiento que "respete la normativa y el entorno en el que se lleva a cabo la política de inmigración" para con las personas que se encuentran en una situación de "estancia irregular" y "de la que procede su expulsión".


"Mientras la legislación española sea esta, el Estado tiene la obligación de llevar a cabo unos procedimientos de ciudadanos en situación irregular que tiene que cumplir y para eso tiene que haber centros", ha concluido.

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