Artur Mas podría enfrentarse a 10 años de inhabilitación por desobediencia el 9N

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(Foto: Artur Mas al salir de declarar por la causa del 9N en el TSJC)


La Fiscalía ya prepara su escrito de acusación contra Artur Mas, expresidente de la Generalitat, Joana Ortega, exvicepresidenta e Irene Rigau, ex consejera y actual diputada de Junts Pel Sí. El texto, fundamentado con las numerosas pruebas que se han ido recogiendo durante el proceso judicial, podría pedir 10 años de inhabilitación para ocupar un cargo público para Mas por un delito de prevaricación administrativa. Ésta podría ir acompañada de una petición de multa por el delito de desobediencia grave. 


Los fiscales Francisco Bañeres y Emilio Sánchez Ulled afirman en su último escrito que "los investigados, muy en especial el investigado Mas, a la sazón presidente de la Generalitat de Catalunya, desafiaron abierta y públicamente la suspensión acordada por el Tribunal Constitucional, que conocieron el mismo día en que se dictó, el 4 de noviembre de 2014".


Recordemos que el tribunal impidió el proceso participativo del Govern para el 9-N y éstos, según el Ministerio Público "amparados simplemente en su voluntad, que convirtieron irrazonablemente en aparente fuente de normatividad", actuaron "con plena conciencia y voluntad" y "permitieron las votaciones".


Por estos motivos, creen que mantuvieron "actuaciones públicas de preparación que ya estaban en marcha, así como cuantas otras se iban a producir en los siguientes días para preparar y desarrollar efectivamente la votación".


Mas, Ortega y Rigau declararon que el Govern se desatendió de la consulta con la sentencia del Constitucional y que fue a partir de ahí cuando se encargaron los voluntarios. Pero, para los fiscales, "las diligencias hasta ahora practicadas han revelado que de ningún modo fue así". 


NO PEDIRÁN PENAS DE PRISIÓN


Lo que sí parece que queda claro es que el Ministerio Público no pedirá penas de prisión para Mas, Ortega y Rigau ya que no les acusará de un delito de malversación de fondos al considerar que los gastos se comprometieron antes que llegara la suspensión del TC, por lo que el Govern debía pagarlos. 

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