Inspectores de Hacienda ven "imposible" aplicar el acuerdo de "financiación singular" de Catalunya

La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha emitido una contundente advertencia: el acuerdo de financiación singular entre el Gobierno central y la Generalitat de Catalunya es "imposible" de aplicar y, de extenderse, significaría el principio de la "desaparición del Estado". En un informe presentado en la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), los inspectores no solo han criticado el pacto, sino que han reiterado su demanda de la dimisión de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Riesgos para la Agencia Tributaria 

Según la IHE, este acuerdo implicaría también la "desaparición" de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), que quedaría "troceada" y "repartida" entre todas las comunidades autónomas. Los inspectores sostienen que se romperían principios "básicos" de la Hacienda española, como la necesidad de un sistema de información único, la existencia de una caja única y la gestión integrada de las retenciones.

La gestión del IRPF: un "Imposible" para 2026

Un punto crítico señalado por la asociación es la gestión del 100% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), prevista para 2026. Los inspectores la consideran "imposible" e irrealista, ya que no se podría conciliar la información de una base de datos nacional con otra catalana. Esto llevaría a una drástica reducción en la "rapidez" de las devoluciones de las declaraciones de la renta. "Resultaría imposible enviar a los contribuyentes los datos fiscales, puesto que la información estaría en dos bases de datos diferentes. También se verían afectados los cruces de información para detectar riesgos fiscales", han añadido.

Impacto en la recaudación y la lucha contra el fraude

Aunque la IHE ha evitado dar cifras exactas sobre lo que dejarían de ingresar las arcas públicas, han recordado que, según datos de 2022, los impuestos catalanes representan el 19,35% del total nacional. Ese año, el Estado recaudó 255.463 millones de euros, de los cuales 49.434 millones provenían de Catalunya.El pacto tendría también "consecuencias" negativas en la lucha contra el fraude fiscal, debido a la diseminación de los datos al separar la hacienda española y la catalana. "Una información fraccionada en dos bases de datos no puede producir los resultados actuales en la lucha contra el fraude", han insistido los inspectores. Además, advierten que, de materializarse este escenario, no habría dinero suficiente para pagar pensiones, los intereses de la deuda pública o los gastos sociales.