La solución no se conseguirá con más impuestos, sino trabajando mejor

Como responsable de UP del sector Porcino, comparto muchas de las consideraciones que el Defensor del Pueblo incluye en el informe que hizo público el 1 de diciembre sobre la contaminación provocada por purines en Catalunya; sobre todo, la preocupación por la calidad de las aguas en nuestro país. Creo, sin embargo, que es necesario matizar algunas afirmaciones y explicar mejor el contexto de la problemática por no criminalizar injustificadamente el sector ganadero.

Desde el sindicato compartimos que es necesaria una regulación mejor. En este sentido hace casi dos años que trabajamos para que el Gobierno lo recoja en el nuevo decreto de gestión de la fertilización y de las deyecciones ganaderas, que insistimos -de momento, sin éxito- que apruebe sin demora. Este decreto debe recoger las obligaciones mínimas necesarias para garantizar una gestión correcta de la fertilización y de las deyecciones y, también en la línea del Síndic, defendemos que se controle el cumplimiento y, en caso de que no se respete, se proceda a sancionar.

Ahora bien, desde Unió de Pagesos no compartimos que la solución pase por establecer nuevos tributos ni por la reducción de la cabaña ganadera. Consideramos que es el propio sector el que debe continuar avanzando en la internalización de los costes de gestión de las deyecciones y lo que ha hacer las inversiones necesarias para implantar sistemas de tratamiento que permitan la exportación del nitrógeno en aquellos casos que no se tenga capacidad suficiente para gestionar las deyecciones con aplicaciones a los cultivos como fertilizante. Y para ello hay que seguir trabajando para disponer de la información y los medios que nos permitan decidir los sistemas de tratamiento más adecuados en cada caso, y el grupo de expertos que creó el Departamento de Agricultura, el 29 de noviembre, esperamos que trabajen para lograrlo.

Respecto de la propuesta de moratoria que recoge el informe del Síndic, hay que decir que actualmente el Gobierno ya está aplicando de facto una moratoria en las zonas vulnerables: desde junio, la Agencia Catalana del Agua informa desfavorablemente todos los proyectos de granjas del anexo I de la Ley 20/2009, nuevas o ampliaciones, que prevean aplicar deyecciones en tierras declaradas zonas vulnerables. Unió de Pagesos consideramos que no es la manera correcta de proceder por la inseguridad jurídica que ocasiona al sector ganadero, y que es el nuevo decreto de gestión de la fertilización y de las deyecciones ganaderas lo que establecerá, en todo caso, las nuevas condiciones.

Desde el sindicato, además, proponemos establecer condiciones diferentes a las zonas de alta densidad ganadera [ZADER]: queremos evitar en ellas la instalación de nuevas explotaciones de grandes dimensiones que comprometen la continuidad de las explotaciones familiares agrarias que ya hay en estas zonas porque pueden poner en peligro la base territorial de la que disponen las pequeñas y medianas explotaciones y que les es necesaria para poder seguir gestionando correctamente las deyecciones. También en las ZADER es importante la agrupación de ganaderos para hacer frente a la necesidad de poner en marcha sistemas de tratamiento; en este sentido, la nueva orientación de los centros de gestión conjunta de deyecciones que plantea el proyecto de decreto es una buena herramienta para avanzar en esta línea.

Todas estas propuestas insistimos que el Gobierno las vehicule con la aprobación del nuevo decreto de gestión de la fertilización y de las deyecciones ganaderas.