Junts desafía al Gobierno con una propuesta para blindar un sistema universitario propio en Catalunya

El debate sobre el modelo universitario vuelve a cruzar la política española. Junts per Catalunya ha decidido trasladar al Congreso un paquete de medidas con las que busca reforzar la autonomía educativa catalana y situar la gestión universitaria bajo control exclusivo de la Generalitat. Las propuestas, que incluyen cambios legislativos, restricciones de acceso y financiación propia, abren un nuevo frente entre el independentismo y el Gobierno central.

Catalunya como distrito propio: el núcleo del plan

El grupo parlamentario de Junts ha registrado en el Congreso una batería de iniciativas que plantean que Catalunya constituya un distrito universitario independiente del sistema estatal, con competencias exclusivas para organizar el acceso, gestionar becas y fijar límites de admisión para alumnos procedentes de otras comunidades autónomas.

Según argumenta la formación, recogida por Europa Press, la actual aplicación uniforme del distrito único “impide a la Generalitat organizar el acceso a sus universidades de acuerdo con sus necesidades sociales, sanitarias y lingüísticas”. En consecuencia, exigen una modificación del marco legal que permita priorizar al alumnado catalán frente al de otras regiones.

En su exposición de motivos, Junts sostiene que “la inmediata adopción de esta medida es imprescindible para garantizar el derecho de acceso a los estudios universitarios de los estudiantes catalanes en los próximos años, así como para asegurar el retorno a la sociedad catalana de la inversión pública realizada por las instituciones públicas catalanas en formación universitaria y la preservación del uso efectivo del catalán como lengua vehicular”.

Reservar el 80% de plazas para estudiantes catalanes

Mientras llega esa reforma legislativa, Junts reclama una medida transitoria: que el 80% de las plazas en los estudios universitarios del ámbito sociosanitario —como Medicina, Enfermería o Fisioterapia— se reserven a alumnos formados o residentes en Catalunya. Solo el 20% restante quedaría disponible para quienes procedan de otras comunidades.

El objetivo, argumentan, es adecuar la oferta de plazas a las necesidades del sistema sanitario catalán, garantizar la atención en catalán y evitar que la formación financiada con recursos públicos acabe beneficiando a otros territorios.

Pruebas de acceso en catalán para Medicina

Junts también exige que, a partir del próximo curso, la Generalitat pueda realizar pruebas de aptitud personal (PAP) específicas para los estudios de Medicina, complementarias a la nota de acceso tradicional.
Estas evaluaciones, según la propuesta, deberían realizarse íntegramente en catalán, tanto en la fase teórica como práctica, y tendrían como objetivo evaluar la adecuación lingüística y la motivación de los candidatos.

En otro de los puntos, el grupo reclama garantizar “el uso efectivo del catalán como lengua vehicular en los estudios universitarios y que, en las prácticas clínicas, se exija un conocimiento suficiente”. La propuesta, por tanto, vincula la competencia lingüística al ejercicio profesional sanitario.

Análisis del origen del alumnado y su arraigo profesional

La formación independentista propone que Catalunya tenga la capacidad de analizar el origen del alumnado matriculado en Medicina, su lengua docente y su grado de arraigo laboral posterior, con el fin de planificar la formación sanitaria y ajustar la oferta a las necesidades del territorio.
Junts considera que esos datos permitirían diseñar políticas más eficaces de planificación sanitaria y universitaria.

Gestión propia de las becas y un modelo catalán de equidad

Otra de las reclamaciones centrales es el traspaso completo de las competencias en becas universitarias, junto con los fondos asociados, en un plazo máximo de seis meses. Con ello, la Generalitat podría implantar un sistema propio de “becas salario” para asegurar el acceso en igualdad de condiciones a todo el estudiantado catalán.

El grupo que lidera Míriam Nogueras defiende que el actual sistema estatal no refleja las particularidades socioeconómicas de Catalunya y reclama la plena soberanía financiera en materia de ayudas al estudio.

Reconocimiento de la excelencia del sistema universitario catalán

En otra iniciativa, Junts solicita que el Congreso reconozca formalmente la singularidad y excelencia del sistema universitario y de investigación catalán, destacando su posición destacada en los rankings nacionales e internacionales y su capacidad para atraer talento y fondos europeos.

La formación considera que ese reconocimiento debería tener reflejo económico y político, y servir como base para un trato diferenciado en las políticas de ciencia e innovación del Estado.

Más inversión estatal en investigación y transferencia tecnológica

Junts propone también una transferencia anual de 150 millones de euros para financiar la investigación y el desarrollo en Catalunya. En su texto, denuncian que “en 2024 solo se transfirió una parte de estos fondos (40,7 millones de euros), generando un déficit pendiente de 109,3 millones”.

El partido exige que el importe restante, junto con la cantidad correspondiente a 2025, se haga efectivo en un plazo máximo de tres meses, de forma que la Generalitat reciba la financiación completa que le corresponde por peso científico y capacidad de innovación.

Prioridad para Catalunya en las nuevas infraestructuras científicas

Finalmente, Junts plantea que el Gobierno priorice a Catalunya en la ubicación de futuras infraestructuras científico-técnicas estratégicas, como centros de investigación o laboratorios nacionales.
El texto pide que el Ejecutivo establezca una planificación en seis meses basada en criterios de “producción científica, transferencia de conocimiento, innovación empresarial y captación de fondos europeos”, con el objetivo de reforzar el equilibrio territorial y optimizar la inversión pública en I+D+i.

Educación, identidad y poder competencial

Con estas iniciativas, Junts eleva al Congreso un nuevo pulso político centrado en la educación superior, un ámbito que considera esencial para preservar la identidad lingüística, la cohesión territorial y la autonomía de gestión.

El partido de Puigdemont busca así reabrir el debate sobre la descentralización del sistema universitario español, planteando una visión en la que Catalunya controle su propio modelo formativo, financiero y científico.
La propuesta, aunque todavía en fase parlamentaria, coloca al Gobierno ante un dilema político de fondo: hasta qué punto está dispuesto a permitir que la educación universitaria catalana funcione con reglas propias.