martes, 1 de diciembre de 2020

El fiscal pide 8 años de prisión y 10 de inhabilitación para el ex consejero delegado de BPA

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El caso BPA ya tiene fecha de juicio y, este miércoles, el Diario de Andorra publica las conclusiones fiscales con las peticiones de penas para el conjunto de encausados. Estas incluyen años de presión, sanción económica relacionada con la cantidad supuestamente blanqueada, años de inhabilitación para el sector bancario y, en caso de no ser andorranos, petición de expulsión del país.


El ex-consejero delegado de BPA, Juan Pablo Miquel Prats, es la demanda más importante ya que el ministerio público pide ocho años de prisión, cien millones de euros de sanción y diez años de inhabilitación. La fiscalía lo considera el principal responsable de haber articulado la trama para limpiar dinero.


Casi al mismo nivel se ha situado el ex-director adjunto Santiago de Rosselló Piera, para quien se pide también ocho años de prisión, setenta millones de euros de multa y diez años de inhabilitación.


El ministerio público considera que hay un grupo de cuatro ex empleados que están en un segundo grado de responsabilidad. Se trata de Isabel Camino Sarmiento Fuertes, Amaya de Santiago Bullich, Luis César Jayme García Salcedo y Sergi Fernández género.


En la siguiente imagen se puede observar las peticiones de la fiscalía:



Andorra


En total, el ministerio público pide 145 años de cárcel, 899 millones de euros de castigo económico, 240 años de inhabilitación y 260 de expulsión del país.


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