Barcelona apuesta por el modelo público de rehabilitación sanitaria ante el fraude de algunas empresas privadas

 

El Ayuntamiento de Barcelona se plantea la rescisión de los contratos de rehabilitación otorgados a empresas privadas sancionadas por la Seguridad Social por irregularidades en la contratación laboral e impulsar un modelo público que mejore la calidad del servicio.

Así, la comisionada municipal de Salud, Gemma Tarafa, ha pedido al Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) que estudie la viabilidad de hacer una rescisión inmediata de los contratos de rehabilitación otorgados a empresas privadas con ánimo de lucro sancionadas recientemente por la Seguridad Social para irregularidades en la contratación laboral.

La semana pasada los consejos plenarios de los distritos de Gracia, San Martín y San Andrés aprobaron una serie de mociones en este sentido después de que se hayan recogido 5.000 firmas de vecinos y vecinas que piden lo mismo. El consejo de San Andrés aprobó la moción por unanimidad de todos los grupos y Nou Barris ya dio el paso el año pasado.

En este contexto, el Ayuntamiento ha pedido en el Consorcio Sanitario de Barcelona avanzar en los análisis jurídicos y en la preparación de las alternativas asistenciales que permitieran dejar de renovar estos contratos.

Los servicios de rehabilitación ambulatoria y domiciliaria contratados a empresas privadas con ánimo de lucro representan más de 8 millones de euros al año, sólo en la ciudad de Barcelona. El Ayuntamiento, sin embargo, considera que hay varias empresas públicas con capacidad de asumir estos servicios en la ciudad, y que estaría justificado hacerlo de manera inmediata en aquellos casos en que existan empresas sancionadas por prácticas poco éticas en la contratación de personal.

Por ejemplo, en Sant Andreu y Nou Barris, el Institut Català de la Salut (ICS) y el Consorci de Salut y Social de Catalunya ya prestan servicios de rehabilitación ambulatoria y es sólo la domiciliaria la que realizan empresas externas.

En el caso de Gràcia, está previsto que el Hospital de l'Esperança disponga de más espacio para rehabilitación una vez entre en funcionamiento el nuevo Centre Fòrum a partir de 2018.

"Desde el 2016, a raíz de la publicación de nuestro informe sobre privatización y de la proposición de Nou Barris, hemos pedido al Consorci Sanitari empezar a trabajar para dejar de renovar estos contratos y que se hagan cargo proveedores públicos", ha asegurado la comisionada, Gemma Tarafa. "Somos conscientes de que hay que preparar una desprivatización de esta magnitud con el máximo rigor, pero también creemos que estas irregularidades, la movilización ciudadana y el acuerdo político de los distritos dan pie a priorizar y acelerar este proceso y empezar a actuar en el lotes con empresas sancionadas ".

En definitiva, "más allá de trabajar conjuntamente en un nuevo modelo de rehabilitación sanitaria, lo que piden de forma inmediata es que se reviertan los contratos en que se ha detectado una gestión reprobable. Se trata de una posibilidad real y proporcionada dadas las circunstancias actuales ", ha añadido Tarafa.

La rehabilitación es una parte clave para lograr una rápida recuperación de una persona enferma en patologías tan diversas como traumatismos, dolores crónicos, problemas respiratorios, cardiopatías o accidentes cerebrovasculares. Los procesos son prescritos tanto en el ámbito hospitalario como en la atención primaria y sociosanitaria, ya sea para hacerse en un centro concreto oa nivel domiciliario. Cuando esta atención la realizan empresas no integradas en la red asistencial, sin embargo, se reduce el seguimiento de la prescripción hecha desde el hospital o desde la atención primaria.

El hecho de que sean empresas con ánimo de lucro que prestan el servicio y cobran en función del número de procesos completados, según recuerda el Ayuntamiento, facilita aún más que haya incentivos para reducir costes de personal y el número de sesiones terapéuticas. Un modelo de colaboración entre la atención primaria y hospitalaria del territorio contribuiría a mejorar la calidad del servicio y el seguimiento de las personas enfermas que reciben servicios de rehabilitación.