La UTE Acerf, la empresa adjudicataria, ha incurrido en “irregularidades laborales, técnicas y de registro”, entre ellas trabajar con falsos autónomos.
El Ayuntamiento de Barcelona se plantea la rescisión de los contratos de rehabilitación otorgados a empresas privadas sancionadas por la Seguridad Social por irregularidades en la contratación laboral e impulsar un modelo público que mejore la calidad del servicio.
Exige la rehabilitación del edificio municipal para convertirlo en un centro vinculado a las artes escénicas, en lugar de "hacer conjeturas en procesos participativos".
