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Para la que fuera abogada de la acusación en el 'caso Nóos', Virginia López Negrete, solicita 11 años y 11 meses de cárcel por organización criminal y extorsión.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide para el expresidente de la Asociación de Usuarios de Servicio de la Banca (Ausbanc) Luis Pineda, 118 años y 5 meses de cárcel y para el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, 24 años y 10 meses por liderar una campaña de extorsión en los medios de comunicación contra empresas, entidades bancarias y asociaciones a cambio de no hacerles publicidad negativa.
El Ministerio Público les imputa a ambos los delitos de organización criminal y extorsión y en el caso de Pineda --en prisión preventiva desde abril de 2016 -añade estafa y blanqueo de capitales y le pide una multa de 10 millones de euros.
Para la que fuera abogada de la acusación en el 'caso Nóos', Virginia López Negrete, solicita 11 años y 11 meses de cárcel por organización criminal y extorsión.
El fiscal, que reclama la disolución de todas las sociedades vinculadas a Ausbanc y Manos Limpias, dirige su acusación contra ocho personas más en el marco de la causa instruida por el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.
Pedraz cerró la causa el pasado mes de octubre tras más de dos años de investigación al considerar que había quedado acreditada la existencia de una organización criminal liderada por Pineda.
El informe relata cómo el principal acusado ideó la creación de una asociación "sin finalidad de lucro" que denominó Ausbanc pero que en realidad buscaba el enriquecimiento ilícito personal.
Así, lo hacía a través de tres canales principalmente: las cantidades que bancos y empresas pagaron ante las amenazas de realizar campañas públicas de desprestigio en su contra, las provenientes de subvenciones y de las cuotas de los asociados adheridos, es decir, los que no podían participar en la toma de decisiones de Ausbanc.
La Fiscalía establece una estructura de la organización en cuya cúspide sitúa a Pineda por ser el encargado de buscar financiación y ocultarla bajo presuntos convenios publicitarios a cambio de publicidad favorable en sus revistas.
También la conseguía negociando con entidades bancarias a cambio de no presentar potenciales demandas contra las mismas.
Estas actuaciones contaron desde 2012 con el beneplácito del entonces secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernard, financiando para ello al sindicato.
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