Llarena no investiga si hubo malversación en las fianzas que pagaron ANC y Òmnium

 

'Los Jordis' siguen en prisión

El instructor de la causa contra el proceso soberanista en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha rechazado la petición de Vox -personado como acusación popular en este procedimiento-, para que requiera al Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) toda la información recabada en relación al origen de los fondos manejados por la ANC y Òmnium Cultural para cubrir fianzas judiciales y otros destinos relacionados con el proceso independentista.

En una providencia con fecha del pasado 18 de enero, Llarena señala simplemente que "no procede acordar la diligencia" interesada por Vox. La petición se realizó como consecuencia de la denuncia que este partido político interpuso el pasado mes de noviembre directamente ante el SEPBLAC.

Vox acudió al servicio dependiente del Ministerio de Economía a raíz del pago de las fianzas que permitieron la libertad de la expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell -por 150.000 euros- y de cuatro de los exmiembros de la Mesa -100.000 euros cada uno- el pasado mes de noviembre y de seis exconsellers del Govern de Carles Puigdemont -un total de 600.000 euros- menos de un mes después.

Según Vox, de la disponibilidad de dichos fondos en la llamada caja de resistencia, gestionada por ANC y Òmnium, se desprende que ambas son "organizaciones delictivas dentro de la estructura golpista secesionista, orquestada desde el Govern de la Generalitat, presidido por Carles Puigdemont, y por la Mesa del Parlament autonómico presidido por Carme Forcadell", con la misma finalidad delictiva de rebelión, sedición, malversación, desobediencia, prevaricación y otros delitos que esta parte considera cometidos.

TRAPERO Y JOVÉ

Por otro lado, este mismo viernes, Llarena ha contestado con un "en su momento se acordará" a la petición de la Fiscalía para que esta causa se dirija también contra el exjefe de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero y Josep Maria Jové, exsecretario general de Economía y número dos del exvicepresidente Oriol Junqueras.

Fuentes fiscales han señalado que esta breve respuesta, que obra en una providencia en la que Llarena resuelve varios asuntos relativos a este procedimiento penal, no debe interpretarse como un rechazo a su propuesta, sino como un aplazamiento.

Es decir, que considera que por ahora no indagará sobre ambos exresponsables -investigados en otras causas en la Audiencia Nacional y en un juzgado de Barcelona-, si bien lo hará en el futuro.

Para la Fiscalía, que solicitó esta ampliación de investigados a finales del pasado mes de diciembre, la incorporación de Jové y Trapero a la causa en calidad de investigados es "absolutamente inexcusable" por su presunta participación en el núcleo central de la deriva soberanista catalana que investiga el alto tribunal.

En lo que respecta a Jové, la Guardia Civil se incautó durante el registro en su domicilio una agenda Moleskine que ponía al descubierto los nombres de más 40 personas que participaron en reuniones reservadas para planificar la independencia de Catalunya.

Por su parte, Josep Lluís Trapero sigue siendo investigado por sedición en la causa que inició la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela por los incidentes del pasado 20 y 21 de septiembre en Barcelona durante los registros por el referéndum.

También deja para más adelante resolver sobre la petición de la Fiscalía para volver a llamar, con el fin de que puedan ampliar sus declaraciones iniciales, a todos los exconsellers catalanes que hasta la fecha han sido interrogados por la juez Lamela en la Audiencia Nacional el pasado 2 de noviembre y por el juez Pablo Llarena el 1 de diciembre.

En la actualidad, hay dos miembros del Govern cesado que siguen en prisión por los hechos: Oriol Junqueras y el que fuera responsable de Interior, Joaquim Forn, quien ya compareció ante Llarena hace un par de semanas y cuya situación procesal aún no ha sido resuelta.

A día de hoy hay un total de 28 investigados en la causa del Supremo que son los miembros del Govern cesado; los presidentes de ANC y Òmnium, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente; los exmiembros de la Mesa del Parlament, y Artur Mas, Marta Rovira, Anna Gabriel, Marta Pascal, Mireia Boya y Neus Lloveras en calidad de miembros del comité estratégico diseñado para cumplir con la hoja de ruta del soberanismo.