​El exconseller Baiget afirma ante el juez que la unilateralidad fue "irresponsable"

Baiget reconoce que era una "irresponsabilidad".

El exconseller de Empresa de la Generalitat de Catalunya Jordi Baiget, cesado por el expresidente Carles Puigdemont en la reconfiguración del Govern de cara a la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre, ha afirmado ante el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena que era una "irresponsabilidad" impulsar una vía unilateral para conseguir la independencia.

El juez del Alto Tribunal que investiga los hechos relacionados con el proceso soberanista ha tomado declaración este miércoles en calidad de testigos a Baiget y al exdirector de los Mossos d'Esquadra Albert Batlle, que también dimitió.

Fuentes jurídicas presentes en las declaraciones han apuntado que Baiget ha reconocido que no estaba de acuerdo con la línea de actuación del proceso independentista.

Ha afirmado que tenía miedo de que tuviese las mismas consecuencias penales que la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014, por los que fueron inhabilitados el expresidente de la Generalitat Artur Mas y los exconsellers Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs.

En esta línea, ha incidido en que la prioridad era pactar la celebración de un referéndum con el Estado porque era una "irresponsabilidad" impulsar la vía unilateral.

Ha precisado que en el Govern del que él era miembro hubo unanimidad en agotar todos los medios de diálogo, aunque no conoce qué contactos hubo con el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Ha incidido en que no participó en la organización de la votación.

Sobre la fuga de empresas catalanas por el proceso independentista, ha señalado que no preguntó nunca a los empresarios si apoyaban o no la independencia de Catalunya.

Sobre su relación con el expresidente catalán, huido en Bruselas (Bélgica) para eludir a la justicia española, ha dicho que no ha vuelto tener contacto desde el pasado 4 de julio, día en el que fue destituido.

VOTÓ EN EL 1-O TRAS VER LAS CARGAS POLICIALES

Baiget ha afirmado que decidió ir a votar el 1 de octubre después de "ver lo que vi", en referencia a las cargas policiales en las puertas de los colegios electorales. No obstante, ha señalado que él no presenció ningún tipo de violencia en su centro de votación.

Las mismas fuentes jurídicas han indicado que la Fiscalía han preguntado a los dos testigos si conocían la hoja de ruta del proceso soberanista y el documento 'Enfocats', así como si eran conscientes de que el que fuera número dos del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras -en prisión-, Josep Maria Jové, era el coordinador de dicho plan.

Ambos exresponsables catalanes han rechazado tener constancia de estos dos aspectos.

La Fiscalía del Tribunal Supremo solicitó al juez Llarena que incluyese como investigados en la causa -que ya se dirige contra 28 personas- a Jové y al mayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero, investigado en la Audiencia Nacional por un delito de sedición.

El magistrado instructor contestó ahora mismo no era el momento de imputarles, pero dejó la puerta abierta a hacerlo en un futuro.

REUNIÓN DE "DOS MINUTOS" CON FORN

Por su parte, el exdirector de los Mossos d'Esquadra Albert Batlle ha explicado ante el juez del Supremo que él dimitió tras tener una conversación de "dos minutos" con el exconseller del Interior Joaquim Forn -en prisión- cuando llegó a la Conselleria de Interior.

En este encuentro, el exconseller le comunicó que iba a cambiar el equipo y que quedaba fuera de él. Asimismo, ha destacado que era evidente que con la llegada de Forn en la Consejería comenzaba una "nueva fase política".

Batlle ha recalcado que la policía autonómica está para hacer "cumplir la ley" y que así lo traslado en su carta de dimisión.

En este sentido, ha constatado que ningún miembro del Govern, ni siquiera Puigdemont -con el que ha negado tener contacto- le planteó el papel que tenían que seguir los Mossos en el proceso independentista.

Es más, ha subrayado que Forn no le dijo a él directamente, sino que fue en un medio de comunicación, que se debía facilitar la votación y la participación ciudadana en el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre.