La vivienda protegida en Barcelona, a examen: la nueva propuesta que lo cambia todo

El Ayuntamiento de Barcelona ha puesto sobre la mesa una modificación importante en la normativa que regula la construcción de vivienda protegida en la ciudad. El objetivo es encontrar un equilibrio entre la promoción inmobiliaria y el acceso a la vivienda asequible, ajustando la obligación del 30% de reserva para vivienda protegida en determinadas operaciones urbanísticas.

La propuesta, que aún está en fase de análisis y debate, plantea cambios significativos en los umbrales mínimos de superficie construida que activan esta obligación, además de incorporar mecanismos de flexibilidad y compensación para los promotores.

Nuevos criterios para rehabilitaciones y construcciones

Hasta ahora, la normativa exigía destinar un 30% de las nuevas promociones a vivienda con protección oficial en rehabilitaciones a partir de los 600 metros cuadrados de techo construido. Con la nueva propuesta, este umbral se elevaría a los 1.500 metros cuadrados, siempre que se trate de inmuebles sometidos a una rehabilitación integral.

Uno de los aspectos más relevantes es que se tendrá en cuenta si el edificio está dividido en diferentes propiedades (lo que se conoce como división horizontal), una situación muy habitual en el parque de viviendas de Barcelona y que, hasta ahora, generaba dificultades legales y operativas para aplicar la norma.

Además, se contempla una exención temporal para los edificios que ya hayan sido rehabilitados en la última década, evitando que una misma finca tenga que asumir nuevamente la carga de generar vivienda protegida en un corto plazo de tiempo.

Para obra nueva y ampliaciones: se mantiene el umbral actual

En cuanto a las nuevas construcciones, ampliaciones o sustituciones de edificios, la exigencia del 30% se mantendría para aquellos proyectos que superen los 600 metros cuadrados de techo construido, tal y como establece la normativa vigente.

Esto significa que la propuesta no elimina el principio general de reserva de vivienda protegida, sino que busca ajustarlo a casos en los que la viabilidad técnica y económica sea razonable, especialmente en procesos de rehabilitación complejos.

Exenciones normativas y fórmulas de compensación

Uno de los puntos más innovadores de la propuesta es la inclusión de exenciones normativas que aportan mayor flexibilidad a los promotores. En lugar de construir obligatoriamente los pisos protegidos dentro del mismo edificio que se está promoviendo, se permitirá:

• Trasladar esa obligación a otros solares o pisos vacíos dentro del mismo barrio.
• Abonar una cantidad económica al Ayuntamiento, que se compromete a destinar esos fondos a la construcción de vivienda pública en la misma zona.

Esta medida, según fuentes del consistorio, pretende agilizar la producción de vivienda asequible, evitando bloqueos o demoras en proyectos privados que, en muchas ocasiones, no pueden cumplir la norma por limitaciones arquitectónicas o urbanísticas.

Cambios legislativos necesarios

Para implementar estos cambios, el Ayuntamiento de Barcelona tendría que modificar el artículo 73 de la Carta Municipal, que es la norma que actualmente regula la reserva de suelo para vivienda protegida en el término municipal.

Este artículo ha sido objeto de debate político y social desde que se implantó la obligación del 30% en 2018. Aunque la medida se concibió como una herramienta potente para frenar la especulación y facilitar el acceso a la vivienda, en la práctica ha generado tensiones con el sector inmobiliario y ha resultado difícil de aplicar en muchos casos.

Una búsqueda de consenso en un contexto de emergencia habitacional

Con esta propuesta, el Ayuntamiento busca revisar y adaptar la normativa sin renunciar a los objetivos de justicia social y derecho a la vivienda. La idea es avanzar hacia un modelo más realista, operativo y eficaz, que permita aumentar la oferta de pisos protegidos sin paralizar la inversión privada ni ralentizar la regeneración urbana.

El debate ahora se traslada al plano político y ciudadano. Se espera que en los próximos meses se abra un proceso participativo para recoger aportaciones y alcanzar un consenso amplio que permita que Barcelona siga siendo una ciudad accesible, sostenible y socialmente equilibrada.