La Fiscalía solicita nueve años de cárcel para el futbolista Álvaro Aguado por una presunta agresión sexual

La Fiscalía ha formalizado su escrito de acusación contra el futbolista Álvaro Aguado, de 28 años, solicitando una pena de nueve años de prisión por un presunto delito de agresión sexual. Los hechos que se juzgarán se remontan a la madrugada del 24 de junio de 2024, en un contexto de euforia que terminó de forma trágica para la víctima.

Crónica de una noche de celebración truncada

Todo ocurrió durante la fiesta oficial por el retorno del RCD Espanyol a la Primera División. Según el relato del Ministerio Público, tanto el acusado como la víctima —una trabajadora de la propia entidad blanquiazul— coincidieron en un reservado de la discoteca Opium, en el frente marítimo de Barcelona. Tras compartir un tiempo en la pista de baile, la situación dio un giro drástico alrededor de las cinco de la mañana.

El escrito fiscal detalla que el futbolista aprovechó que la mujer se encontraba "transitoriamente mareada" para conducirla fuera de la sala. Tras un intento fallido de acceder a las escaleras del aparcamiento, bloqueado por el personal del local, el jugador la dirigió hacia el lavabo de hombres, donde presuntamente se consumó la agresión.

La resistencia de la víctima y la frialdad del acusado

Uno de los puntos más determinantes del informe judicial es la actitud de la mujer, quien, a pesar de encontrarse en estado de shock, manifestó de forma reiterada que "parase" y que "no quería mantener relaciones". La Fiscalía destaca la vulnerabilidad de la empleada frente a la insistencia del procesado.

La crudeza del relato aumenta con el comportamiento posterior de Aguado. Según la acusación, tras la agresión, el futbolista se vistió y se dirigió a la víctima con una frase tajante: "Tú no me conoces y yo a ti tampoco". Actualmente, el jugador se encuentra en libertad provisional a la espera de que se fije la fecha del juicio oral.

Peticiones de condena y medidas de protección

Además de la pena privativa de libertad, la Fiscalía busca garantizar la seguridad y la reparación de la víctima mediante las siguientes solicitudes:

• Libertad vigilada: Una medida de control de diez años una vez cumplida la condena de cárcel.
• Orden de alejamiento: Prohibición de acercarse a menos de 1.000 metros de la denunciante.
• Responsabilidad civil: Una indemnización de 65.000 euros destinada a cubrir los daños morales y las profundas secuelas psicológicas derivadas del suceso.