Citas de Extranjería al mejor postor: el negocio ilegal que obliga a miles a pagar trámites gratuitos

En España, miles de ciudadanos y solicitantes de asilo enfrentan un problema que debería ser impensable en un Estado de derecho: pagar por acceder a trámites que son gratuitos. Desde la renovación de documentos de extranjería hasta la solicitud de prestaciones por desempleo o gestiones en la Seguridad Social, un mercado paralelo ha surgido gracias a la combinación de bots informáticos, intermediarios y la saturación de los sistemas oficiales.

Este fenómeno ha afectado a cientos de miles de personas, principalmente extranjeras, que dependen de estos servicios para mantener su residencia, empleo y derechos básicos. Sindicatos como UGT han denunciado la situación, mientras la Policía Nacional ha desarticulado grupos criminales especializados en esta práctica. A pesar de esto, los problemas persisten debido a la falta de recursos, sistemas informáticos vulnerables y la insuficiencia de personal. El resultado es un mercado ilegal que opera a la vista de todos y donde quienes más necesitan los servicios son los más perjudicados.

La denuncia sindical: UGT alerta del mercado negro

La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT) ha denunciado la existencia de un “mercado negro” de citas previas en la Administración Pública. Según el sindicato, redes organizadas utilizan bots para acaparar turnos, bloqueando la disponibilidad de citas de manera masiva y luego revendiendo los turnos a precios que oscilan entre 50 y 500 euros.

“Esta situación afecta especialmente a colectivos vulnerables y a personas que necesitan realizar trámites de extranjería, solicitar prestaciones por desempleo o gestionar documentos en la Seguridad Social”, advierte UGT. Para la organización, es inaceptable que la ciudadanía tenga que pagar por un derecho que debería ser gratuito.

UGT ha pedido al Gobierno la implementación de medidas urgentes, auditorías para identificar organismos vulnerables y reformas de los sistemas de cita previa, incluyendo captchas avanzados y verificación por SMS. “Hasta que estos nuevos sistemas se puedan implementar, exigimos de manera inmediata que la cita previa se realice en las propias sedes y exista un cupo de atenciones diarias sin cita previa”.

Operaciones policiales: mafias desarticuladas

La Policía Nacional ha desarticulado grupos criminales que se beneficiaban de este fraude. En Valencia, fueron detenidos dos ciudadanos argentinos que presuntamente bloqueaban el sistema online de citas de extranjería mediante bots. Las citas eran luego revendidas en aplicaciones de mensajería y redes sociales, cobrando entre 50 y 90 euros por turno, a pesar de ser un trámite gratuito.

Durante los registros se incautaron 7.290 euros en efectivo, dispositivos electrónicos y documentación sobre la venta de citas. La investigación se inició tras denuncias de ciudadanos extranjeros que habían pagado por citas inexistentes. Los arrestados enfrentan cargos por estafa y daños informáticos, y la investigación continúa abierta.

Este caso no es aislado. Según UGT y la Policía, el fraude se extiende a toda España y afecta a diversos trámites públicos, mostrando la vulnerabilidad de los sistemas de cita previa y la falta de capacidad para garantizar igualdad de acceso.

Testimonios desde las colas: el impacto en los solicitantes de asilo

En la oficina de asilo y refugio de la calle Pradillo, en Madrid, se forman colas cada día que representan la desesperación de miles de personas. Muchos inmigrantes dependen de la renovación de documentos para mantener sus empleos y derechos, y la dificultad de conseguir citas legales ha obligado a muchos a recurrir a intermediarios.

Teresa, ciudadana colombiana, relata: “No sé cómo lo hacen, pero lo consiguen”. Adriel, migrante cubano, cuenta que pagó 500 euros por una cita en Madrid: “Llegué en el peor momento; no había citas en ninguna parte. Después de intentarlo mucho, vi que era imposible por mi cuenta, hasta que di con alguien de una gestoría”.

Estos pagos no solo representan un costo económico, sino también un estrés emocional, ya que muchos temen perder sus derechos o caer en la irregularidad. La falta de alternativas seguras convierte un trámite administrativo en una experiencia angustiante y costosa.

Cómo funciona el fraude

Los intermediarios utilizan bots que detectan la disponibilidad de citas en segundos y las reservan masivamente. Posteriormente, estas se ofertan en redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea, con pagos mediante transferencia bancaria o Bizum. En ocasiones, los clientes deben aparentar que gestionaron personalmente la cita.

El fraude no se limita a extranjería. El SEPE, la Seguridad Social y la DGT también han sido víctimas del mismo modus operandi. Incluso algunos consulados españoles en el extranjero han experimentado la venta de citas ilegales para visados y otros servicios.

De acuerdo con cifras de la Administración, de las más de medio millón de citas que se ofrecen online cada mes, el 66 % corresponden a trámites de extranjería, lo que evidencia que los extranjeros son los principales afectados.

Casos individuales: la experiencia de los ciudadanos

Adriel, migrante cubano, describe la frustración que genera el sistema: “Después de intentarlo mucho, vi que era imposible por mi cuenta, hasta que di con alguien de una gestoría. Me ofreció una cita en Valencia o Almería por 400 euros. Al final, por 500, la conseguí en Madrid”.

Otro caso es el de Teresa, colombiana de 50 años, que pagó 150 euros por renovar documentos esenciales para mantener su empleo: “No sé cómo lo hacen, pero lo consiguen”. Historias como estas se repiten diariamente en oficinas de asilo y extranjería, donde los ciudadanos deben competir con bots e intermediarios para garantizar el acceso a sus derechos.

Repercusiones en otros servicios públicos

El mismo modus operandi se ha replicado en otros organismos. En el SEPE, conseguir una cita para solicitar prestaciones por desempleo puede costar 10 euros. En la Seguridad Social o la DGT, los intermediarios también actúan, vendiendo turnos que deberían ser gratuitos.

Patricia Fernández Vicens, abogada especializada en extranjería, explica: “No hay voluntad política para mejorarlos. Es imprescindible una dotación de personal adecuada”. La falta de recursos humanos y tecnológicos hace que un derecho básico sea un servicio costoso y limitado.

Medidas adoptadas y limitaciones

En 2023, la Policía Nacional eliminó la posibilidad de solicitar citas de asilo por internet y trasladó los trámites a teléfono y correo electrónico, reduciendo temporalmente la compraventa masiva. Sin embargo, los problemas de acceso persistieron, ya que miles de personas seguían dependiendo de intermediarios.

El Ministerio de Transformación Digital trabaja en un sistema seguro basado en certificado digital. Actualmente, está en fase piloto en Castellón, con planes de expansión a otras provincias. Sin embargo, hasta su implementación total, la población vulnerable sigue siendo la más afectada.

El negocio paralelo: gestores y abogados

Gestores y abogados han convertido la venta de citas en un negocio lucrativo. En Instagram, perfiles como G. A. Extranjería cuentan con más de 24.000 seguidores y anuncian citas confirmadas en distintas provincias. Los precios rondan los 150 euros por cita, con pagos por Bizum y garantías de que la cita ha sido confirmada en el sistema oficial.

Las advertencias incluyen instrucciones para que los clientes finjan que solicitaron la cita personalmente: “Comentarte que en la oficina de Pradillo están un poco meticulosos con las citas, debes decir que lo gestionaste tú, ¿vale?”. Este nivel de sofisticación demuestra la organización y alcance de este mercado ilegal.

Desigualdad y retos para la Administración

El mercado negro de citas públicas combina tecnología, saturación de sistemas y vulnerabilidad social, generando desigualdad de acceso a servicios esenciales. Mientras no existan soluciones seguras, suficientes recursos y personal capacitado, los ciudadanos más vulnerables seguirán pagando por un derecho que debería ser garantizado gratuitamente.

La investigación de UGT y las operaciones policiales muestran que el fraude puede ser combatido, pero se requiere un enfoque integral: modernización tecnológica, aumento de personal y medidas preventivas efectivas. Hasta entonces, la gestión de citas seguirá siendo un desafío que combina tecnología, burocracia y desigualdad social.