CaixaBank solicita una revisión de la ley de competencia una vez acabe la OPA

El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha abogado por una reflexión sobre la Ley de Defensa de la Competencia, aunque ha insistido en que esta revisión se realice de manera independiente a la actual OPA de BBVA sobre Sabadell.

Durante su intervención en el XVI Encuentro Financiero, Gortázar ha destacado que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) realizó un trabajo “muy escrupuloso, largo, detallado y exhaustivo” en la operación del banco catalán. Según ha señalado, desde la perspectiva de competencia, el resultado, sujeto a compromisos, era “perfecto”.

El CEO ha recordado que la normativa española permite al Gobierno intervenir en operaciones aprobadas en fase 2 por la CNMC para evaluar el interés general, diferente de la competencia, y ha defendido que la intervención se realizó dentro de lo que la ley permite. Sin embargo, ha cuestionado la lógica de que solo se pueda estudiar el interés general en operaciones que lleguen a fase 2, y ha señalado que la ley genera una “incertidumbre importante” para las empresas.

Crecimiento orgánico en España y Portugal

Preguntado sobre las perspectivas de crecimiento de CaixaBank en España, Gortázar ha asegurado que aún existe margen para crecer de manera orgánica, especialmente en sectores como seguros, nóminas y pagos, y ha destacado que el banco “no va a hacer insensateces” en la concesión de crédito.

En Portugal, tras la adquisición de BPI en 2017, CaixaBank ha logrado un crecimiento del 40% hasta 2024, superando la media del mercado, y ha aumentado su cuota en hipotecas hasta el 15% y en crédito a empresas casi tres puntos porcentuales. Además, ha celebrado la salida a bolsa del Banco de Fomento de Angola, donde la entidad mantiene actualmente un tercio de participación.

Problemas del mercado de la vivienda

Durante su intervención, Gortázar ha abordado el problema de la vivienda en España, criticando que las políticas actuales no son suficientes y destacando que harían falta 600.000 viviendas para cubrir la demanda. Ha insistido en la necesidad de participación del sector privado, con estabilidad regulatoria, fiscal y reducción de trabas burocráticas, para que la inversión sea viable.

También ha señalado que en zonas saturadas, como Islas Baleares y Canarias, es necesario regular la demanda, especialmente en referencia a los pisos turísticos, y ha advertido que algunas medidas de protección al arrendatario han desincentivado la oferta de alquiler, reduciendo la disponibilidad de inmuebles.