Martínez (IDRA) denuncia: “El oligopolio alimentario dispara los precios de la cesta de la compra”

En plena escalada inflacionaria, el aumento del coste de la energía y la especulación alimentaria han disparado los precios de la cesta de la compra en España. Rubén Martínez, director del área de Ecología y Urbanismo del Institut de Recerca Urbana de Barcelona (IDRA), pone el foco sobre la estructura del mercado alimentario, señalando que la concentración del poder en unas pocas empresas no solo encarece los productos básicos, sino que también amenaza la equidad económica y la sostenibilidad social. Según Martínez, esta situación afecta de manera desproporcionada a los hogares con menos recursos y plantea la necesidad de medidas públicas contundentes que regulen la especulación y protejan el acceso a alimentos esenciales.

Oligopolio y concentración de poder

Rubén Martínez explica con claridad que “lo que realmente provoca que se haya disparado el precio de los alimentos es la agroindustria, que está muy concentrada y tiene una estructura de oligopolio e incluso en algunos casos de monopolio”. Según el informe que lidera, en España seis grandes grupos concentran más de cien marcas y empresas clave, generando beneficios de 1.281 millones de euros en 2024. Esta concentración permite que “el poder quede en pocas manos que tienen la capacidad de regular los precios incluso en momentos de crisis”, algo que repercute directamente en la economía doméstica de millones de familias. Martínez subraya que esta dinámica se ha trasladado también al mercado financiero, con productos como maíz, café o arroz cotizando en Bolsa, lo que multiplica la volatilidad de los precios y permite que la especulación aumente el coste de los alimentos básicos, incluso cuando la producción es suficiente para cubrir la demanda.

Entre 2019 y 2024, los precios de los alimentos en la zona euro subieron un 33%, mientras que en España el incremento alcanzó el 34%, según datos del Banco Central Europeo. Algunos productos esenciales, como carne, leche o mantequilla, han registrado aumentos de entre el 30% y el 50%, mientras que café, aceite de oliva y cacao han experimentado incrementos superiores al 80%. Martínez advierte que estos datos no son simples estadísticas, sino indicadores de cómo la estructura oligopólica impacta en la vida cotidiana de los ciudadanos, especialmente en los hogares que dedican una parte significativa de sus ingresos a la alimentación.

Impacto en la vida cotidiana y vulnerabilidad social

Martínez establece un paralelismo entre alimentos y vivienda, destacando que ambos son bienes esenciales, pero mientras el sector inmobiliario suele recibir atención pública, los alimentos están sujetos a la especulación y carecen de regulación suficiente. “Hablamos de bienes esenciales con los que se especula y que no están regulados públicamente, o no con el peso que tienen aspectos como la sanidad o la educación”, explica. En el Área Metropolitana de Barcelona, la vivienda representa un 34% del presupuesto doméstico y los alimentos y bebidas un 23%, lo que evidencia que cualquier incremento de precios tiene un efecto inmediato y profundo sobre la economía familiar. La inflación en los productos básicos golpea de manera especial a las familias con menor poder adquisitivo, incluyendo hogares monoparentales, personas mayores y trabajadores con empleos precarios, aumentando la desigualdad y generando presión social.

Respuesta pública y ejemplos internacionales

Para Martínez, la clave para frenar el encarecimiento de la cesta de la compra reside en la intervención pública. Según él, “la administración no monitorea la variación de los precios de los alimentos y tampoco fija precios máximos temporales, algo que contempla el derecho europeo”. Esta ausencia de regulación permite que los oligopolios actúen con libertad, generando beneficios extraordinarios mientras los ciudadanos pagan más por productos esenciales. Como ejemplo de políticas efectivas, Martínez señala la experiencia francesa: “Existe una cesta antiinflacionaria, con una política que motiva el circuito corto para que lo que se produce en Francia se coma en Francia”. Este modelo demuestra que la acción pública puede equilibrar el mercado, proteger a los consumidores y limitar la especulación, especialmente en tiempos de crisis.

Catalunya: infraestructuras estratégicas y oportunidades locales

Más allá de la regulación de precios, Martínez destaca la importancia de infraestructuras locales como Mercabarna, cuya función es canalizar la producción agrícola catalana y garantizar su distribución. Actualmente, Mercabarna concentra alrededor del 60% de la producción de Catalunya y su accionista principal es el Ayuntamiento de Barcelona. “Necesitamos más Mercabarnas distribuidos por el territorio para conectar producción y consumo local, tener circuitos puros y productos accesibles para todos y ecológicos”, remarca Martínez. Según el director del IDRA, fomentar este tipo de infraestructuras permitiría no solo estabilizar los precios, sino también impulsar una alimentación más sostenible y cercana, reduciendo la dependencia de intermediarios y fortaleciendo la economía local.

Martínez insiste en que las soluciones no pueden limitarse a Catalunya: plantea la necesidad de políticas estatales y europeas que garanticen precios justos, fomenten circuitos cortos de producción y distribución y protejan a los hogares más vulnerables. Solo combinando regulación, planificación local y cooperación internacional será posible frenar la especulación y asegurar que los alimentos esenciales sean accesibles para todos. “Necesitamos políticas públicas audaces que protejan a los consumidores y aseguren que los productos esenciales sean accesibles, ecológicos y sostenibles para todos”, concluye.