Ni un respiro para los autónomos en España: el Estado rechaza la exención del IVA Cero que exige la UE
La decisión del Ejecutivo de no aplicar el IVA Cero frustra a los pequeños negocios, que seguirán asumiendo la carga administrativa y financiera del régimen fiscal actual
En una decisión que ha sorprendido y disgustado a muchos, el Gobierno español ha optado por no aplicar el régimen de IVA Cero para autónomos y pequeñas empresas que facturen menos de 85.000 euros al año.
Esta medida contrasta con la Directiva 2020/285 de la Unión Europea, que exige a los Estados miembros aplicar una medida de exención total del IVA para los pequeños negocios. Esta decisión ha generado un amplio debate sobre sus implicaciones, ya que podría haber supuesto un alivio fiscal significativo para los autónomos y pequeñas empresas del país, que ahora seguirán teniendo que, no solo seguir aplicando el IVA habitual, sino que seguir dedicando esfuerzos en la tributación del impuesto sobre el valor añadido.
España se desmarca de la directiva europea
Según informaciones publicadas por ElEconomista, el Ejecutivo ha decidido limitar el acceso al régimen de IVA Cero únicamente a aquellos autónomos y empresas que realicen operaciones intracomunitarias —es decir, importaciones o exportaciones dentro de la UE— y que no superen los 100.000 euros de facturación. Esto significa que muchos autónomos que operan exclusivamente en territorio nacional, el colectivo más numeroso, quedarán excluidos de este beneficio.
¿Qué establece la Directiva del IVA Cero?
La Directiva 2020/285 de la Unión Europea, que modifica el régimen común del IVA, establece varias medidas importantes para aliviar la carga fiscal de las pequeñas empresas:
- Exención total del IVA para negocios con ingresos anuales inferiores a 85.000 euros.
- Reducción de obligaciones fiscales y administrativas, ya que no se requiere declarar ni repercutir el IVA sobre las operaciones realizadas.
Una de las ventajas clave de esta directiva es que establece un sistema armonizado para los autónomos que operan en varios países de la UE. De esta manera, se facilita el reconocimiento mutuo de la exención del IVA entre los Estados miembros, permitiendo una mayor coherencia fiscal en toda la Unión Europea.
¿Qué se pierden los autónomos españoles?
Al no acogerse a esta directiva, los autónomos que trabajan exclusivamente en España se verán privados de varios beneficios significativos:
Menos burocracia: la carga administrativa continúa
Los autónomos seguirán obligados a presentar las declaraciones trimestrales de IVA. Esto significa que deberán continuar con la tarea de calcular, declarar y pagar el IVA cada tres meses, independientemente de su volumen de negocio. Si bien esta es una obligación común en el régimen general de IVA, para los pequeños negocios con facturación baja puede resultar excesiva, ya que implica un gasto de tiempo y recursos, especialmente si no cuentan con un departamento contable o un sistema automatizado. La exención del IVA, de haberse adoptado, habría simplificado este proceso al eliminar la necesidad de presentar estas declaraciones.
Mayor liquidez: el adelanto del IVA
En el régimen común de IVA, los autónomos deben adelantar el pago del IVA correspondiente a sus facturas, incluso si aún no han recibido el pago por parte de sus clientes. Esto puede generar problemas de liquidez para los pequeños empresarios, que se ven obligados a pagar al fisco un dinero que aún no han cobrado. Si España hubiera adoptado el régimen del IVA Cero, los autónomos habrían podido evitar este adelanto y, en su lugar, hubieran gestionado sus pagos fiscales solo una vez recibido el pago de sus facturas. Esta flexibilidad hubiera mejorado su flujo de caja y reducido el estrés financiero.
Simplificación contable: las mismas exigencias para grandes y pequeños
Los autónomos seguirán siendo responsables de cumplir los mismos requisitos contables que las grandes empresas. Esto incluye la obligación de llevar una contabilidad rigurosa, elaborar libros de registro y cumplir con las mismas exigencias fiscales. Aunque los autónomos que facturan menos de 85.000 euros al año tienen un volumen de operaciones mucho más pequeño, no están exentos de estas responsabilidades. En cambio, si se hubiera aplicado el IVA Cero, los autónomos habrían disfrutado de una contabilidad simplificada, adaptada a su tamaño y volumen de negocio, lo que habría facilitado mucho la gestión administrativa.
Estas medidas podrían haber beneficiado a más de medio millón de autónomos en España, especialmente aquellos en sectores con márgenes ajustados y baja facturación, que es a los que más les cuesta poder sobrellevar toda la carga que implica el hecho de estar al día con Hacienda. La renuncia al IVA Cero ha levantado preocupación sobre la carga fiscal como barrera para el pequeño empresario español.
Implicaciones legales y consecuencias para España
Las implicaciones legales son graves, dado que su implementación no es voluntaria, sino obligatoria para los países miembros.
Implicaciones Legales
- Incumplimiento del Derecho Comunitario: España no ha transpuesto ni aplicado la directiva, incumpliendo el derecho comunitario.
- Exclusividad en el Incumplimiento: España es el único país que aún no ha adoptado esta medida obligatoria.
- Mantener la Carga Administrativa: España sigue requiriendo el cobro y declaración del IVA para autónomos con facturación inferior a 85.000 euros.
Consecuencias para España
- Apertura de Expediente Sancionador: La Comisión Europea ha abierto un expediente sancionador contra España.
- Riesgo de Sanciones Económicas: España está en riesgo de sufrir sanciones económicas si no corrige la situación.
- Aplicación de Sanción: El incumplimiento continuado generará, sobre el papel, una sanción por parte de Europa.
Los detalles específicos de las sanciones económicas no han sido publicados, pero son consecuencia directa del incumplimiento de la directiva obligatoria.
En conclusión, España ha perdido una oportunidad para aliviar la carga fiscal de los autónomos y pequeñas empresas. La directiva europea del IVA Cero es una obligación de la UE que busca simplificar los trámites y mejorar la competitividad, pero la falta de su adopción en España puede acarrear consecuencias legales y económicas severas en los próximos meses.
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