Venezuela revisará las condenas por "odio" tras el pacto histórico por la amnistía en la Asamblea

La Asamblea Nacional de Venezuela ha dado luz verde a una ley de amnistía que podría marcar un punto de inflexión en el panorama político y judicial del país. La norma, promovida por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, contempla la posibilidad de excarcelar a personas procesadas o condenadas por delitos cometidos desde 1999, siempre que se enmarquen en determinados acontecimientos políticos recogidos en el texto legal.

La aprobación se produjo por unanimidad en el Parlamento presidido por Jorge Rodríguez, tras superar discrepancias internas surgidas en torno a uno de los artículos que exigía que los beneficiarios se pusieran “a derecho”, es decir, que comparecieran ante las autoridades competentes. Finalmente, el texto mantiene esa obligación, aunque introduce matices relevantes.

¿Qué implica la nueva ley de amnistía?

La denominada Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática establece un mecanismo jurídico mediante el cual determinadas personas podrán solicitar la extinción de su responsabilidad penal por hechos vinculados a episodios de confrontación política ocurridos en las últimas dos décadas y media.

Entre los acontecimientos incluidos figuran el intento de golpe de Estado contra Hugo Chávez en abril de 2002, el paro petrolero de 2002-2003, el referéndum revocatorio de 2004 y diversas protestas antigubernamentales registradas en 2007, 2013, 2017 y 2024, entre otros episodios señalados en el artículo 8 del texto.

Uno de los puntos clave es que las personas que se encuentren en el extranjero podrán estar representadas por un abogado de su elección durante la tramitación de la solicitud. Además, la ley prohíbe la detención de los solicitantes mientras se estudia su caso, lo que introduce una garantía procesal adicional en comparación con marcos anteriores.

Límites claros: qué delitos quedan fuera

Aunque el alcance temporal es amplio, la amnistía no es generalizada. El texto excluye expresamente los delitos de corrupción, las violaciones graves de Derechos Humanos, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, el homicidio intencional, las lesiones gravísimas y el tráfico de estupefacientes.

Estas exclusiones buscan delimitar la medida a hechos considerados de naturaleza política o vinculados a conflictos institucionales, dejando fuera conductas tipificadas como delitos graves en el ámbito internacional.

Una comisión especial para supervisar su aplicación

La nueva legislación contempla la creación de una comisión especial de seguimiento, encargada de velar por la correcta ejecución de la norma y de supervisar su desarrollo práctico. Este órgano tendrá la responsabilidad de interpretar el alcance de la ley y garantizar su cumplimiento conforme a los criterios establecidos.

Debate político y revisión de la ley contra el odio

Durante la sesión parlamentaria, Jorge Rodríguez reconoció que la ley contra el odio por la convivencia democrática, que contempla penas de hasta 20 años de prisión, pudo haber sido aplicada de manera inadecuada en determinados casos. Según sus declaraciones, el programa gubernamental de convivencia y paz estudia ahora posibles ajustes para corregir lo que calificó como “mala utilización” de esa normativa.

Este reconocimiento abre la puerta a una eventual revisión de uno de los instrumentos legales más controvertidos del marco penal venezolano en los últimos años.

Reacciones de la sociedad civil

La aprobación de la ley ha generado reacciones inmediatas en organizaciones de derechos humanos. La ONG Foro Penal recordó que los crímenes de lesa humanidad no prescriben y expresó reservas sobre el alcance real de la medida, señalando que el texto resulta “restrictivo” al excluir a determinadas personas perseguidas políticamente.

Su presidente, Alfredo Romero, instó a recibir la iniciativa “con optimismo”, aunque insistió en la necesidad de mantener la presión para lograr la liberación de todos los presos políticos.

Por su parte, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos informó de la suspensión de una huelga de hambre iniciada por familiares de detenidos en la sede de la Policía Nacional Bolivariana en Caracas, alegando desgaste físico y ausencia de respuestas oficiales.

¿Cómo transforma esta ley el marco jurídico venezolano?

Más allá de las excarcelaciones concretas que pueda generar, la nueva ley introduce un cambio significativo en el enfoque institucional hacia los conflictos políticos acumulados desde finales del siglo XX. La amnistía no solo tiene un efecto penal, sino también simbólico: pretende sentar las bases de un nuevo relato de convivencia democrática tras años de polarización.

Sin embargo, su impacto real dependerá de la interpretación que realice la comisión de seguimiento, del número de solicitudes admitidas y del grado de consenso político que logre consolidar en la práctica.