Inflación y pérdida de poder adquisitivo

Pep Garcia
Economista, empresario, fundador y Director General de Maxchief Europe. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universitat de Barcelona. MBA por el IESE.

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El pasado sábado 25 de junio el ejecutivo de Pedro Sánchez tomó una serie de medidas que, según dijo él mismo, representaban un plan de choque para combatir la inflación. Entre estas medidas destacaban la reducción del 50% de los billetes de transporte público a partir del 1 de septiembre, un impuesto orientado a gravar los “beneficios extraordinarios” de las compañías eléctricas, la disminución del IVA de la luz del 10% al 5%, mantener la subvención de 20 céntimos por litro de los combustibles, una ayuda directa de 200 euros a las familias con rentas menores a 14.000 euros anuales, así como incrementar un 15% el ingreso mínimo vital y las pensiones no contributivas. Según Sánchez estas medidas contendrán la inflación un 3,5%, aunque haría bien en explicarnos cómo se puede llegar a calcular esa cifra de forma creíble.

 

Más allá de que muchas de estas medidas sean justas y de que representen ayudas para muchos colectivos que lo necesitan, supondrán un coste para los contribuyentes de 9.000 millones de euros. Estas disposiciones se financiarán incrementando el déficit de un país que ya está fuertemente endeudado, es decir, se financiarán con más deuda, medida que, en sí misma, es inflacionaria.

 

Por su parte, el conseller d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya Jaume Giró, en una conferencia este lunes 4 de julio en el Col·legi d’Economistes de Catalunya, destacó que la inflación es el elemento más perturbador de la coyuntura económica y que ni el Estado ni el Govern pueden actuar firmemente sobre ella. Son los bancos centrales, y en concreto el Banco Central Europeo (BCE) en el caso de la UE, quienes tienen elementos para luchar contra la inflación. Entre otras acciones, subir los tipos de interés, pero sin llegar a provocar una situación de recesión.

 

Por otra parte, el INE anunció el pasado miércoles 29 junio una nueva mala noticia, y es que la inflación se disparó en junio hasta el 10,2%, de confirmarse el dato será el nivel más alto en 37 años y esto pese a las medidas tomadas por el ejecutivo como la ineficaz subvención de los 20 céntimos por litro de carburante (medida que cuesta a los contribuyentes, según cálculos del Estado, unos 1.420 M euros trimestrales). Además, la inflación subyacente, que no tiene en cuenta los productos como combustibles o alimentos, se sitúa en una tasa interanual del 5,5%, marcando un máximo desde 1993.

 

La capacidad de un estado tan endeudado como España para hacer frente a un escenario altamente inflacionista como el actual es limitada, teniendo en cuenta un panorama de previsibles alzas significativas de tipos de interés anunciadas por los principales bancos centrales. Al parecer, la inflación que empezó a aparecer en la segunda mitad del pasado año y que viene aumentando sin tregua desde entonces, esa inflación que tanto la FED como el BCE habían considerado como “coyuntural” hasta hace poco tiempo, está empezando a enquistarse y a convertirse en estructural. La FED ya ha subido dos veces los tipos este año, la primera un 0,25% en marzo y el pasado mes de mayo un 0,75%. Powell está considerando una nueva subida en julio de entre el 0,5% y el 0,75%, dentro de lo que parece un decidido plan de choque contra el alza de precios. Mientras tanto, la Sra. Lagarde, ha anunciado un primer incremento de tipos en Europa del 0,25% en julio y está considerando otro 0,5% en septiembre, mientras algunos miembros del consejo del BCE están reclamando subidas más decididas. Cuanto más se tarden en tomar medidas más se habrá acelerado la inflación y más tiempo (y sufrimiento) costará reducirla.

 

Tal como decíamos, la deuda pública española es muy elevada, en abril de 2022 se situó en 1.445.426 millones de euros. Esta cifra representa un 117,06% del PIB (el objetivo del ejecutivo español para todo el año 2022 era del 115,2% según el plan de estabilidad remitido a Bruselas) y una deuda per cápita de 30.541 €, lo que representa un aumento de 1.222 euros por habitante si la comparamos con la de abril de 2.021.

 

En este escenario, España deberá estar muy atenta en el momento de tomar medidas que incrementen su endeudamiento, puesto que las elevadas cargas financieras de la deuda, aumentadas por la subida de tipos de interés, debilitarán todavía más su comprometida situación financiera. Y ya es conocido el temido fantasma de la prima de riesgo que, por desgracia, está volviendo a planear sobre algunas economías del sur de Europa.

 

La inflación podríamos decir que es un impuesto tremendamente injusto que pagamos todos, puesto que acaba socavando el poder adquisitivo de las ciudadanas y ciudadanos, perjudicando especialmente a las personas de rentas más bajas. Según la última estimación del Banco de España, la inflación podría acabar en el 7,2% a final de año, aunque hay otras estimaciones más pesimistas. Aportando más datos del INE, el sueldo medio en España es de 24.396 euros anuales a lo que se une que los sueldos pactados en convenio en 2022 están subiendo un 2,42% en lo que va de año, según fuentes del Ministerio de Trabajo. Si estas previsiones se cumplen, los españoles perderán 4,78 puntos de poder adquisitivo en 2022. Esto representaría una media de 1.166 euros a lo largo del año.

 

La inflación también tendrá un impacto significativamente negativo en el ahorro de los españoles. Se calcula que los ahorros depositados en cuentas corrientes son de poco más de un billón de euros, por lo que la pérdida de poder adquisitivo puede ser enorme según cual sea la cifra de inflación a finales de 2022, teniendo en cuenta, además, que la mayoría de esos depósitos no son retribuidos.

 

Estamos en una situación compleja. Hemos entrado en la temida espiral inflacionista. La presión sobre los salarios hará que estos se incrementen en futuras negociaciones salariales, lo cual generará incremento de costes en las empresas y nuevos incrementos de precios de bienes y servicios que seguirán alimentando la inflación. Tampoco parece que, de momento, los precios de la energía en Europa vayan a relajarse en el futuro próximo, debido al conflicto de Ucrania y a la dura posición de Rusia. En este contexto global, a los economistas nos preocupa que esta fuerte inflación se combine con la ralentización de la economía (últimamente el Banco Mundial ha reducido las previsiones de crecimiento mundiales para 2022 del 4,1% al 2,9%) y, puntualmente, con la recesión de algún país. Es el denominado y temido fenómeno que en economía se conoce como estanflación. El Banco Mundial, en su informe “Perspectivas económicas mundiales”, presentado este pasado mes de junio, ha situado las expectativas de crecimiento de la zona euro en el 2,5% para 2022 y en el 1,9% para 2023. 

 

Otro elemento que considero de extrema importancia es que el origen de la inflación que estamos sufriendo actualmente también es, básicamente, de oferta. Las disrupciones en las cadenas de suministros, la escasez y el incremento de precios de las materias primas y de los fletes de transportes que ya se iniciaron durante la pandemia, se han visto reforzados con la guerra en Ucrania. Además, la situación en China, con confinamientos selectivos de grandes ciudades por el Covid y el cierre de puertos, no hacen más que empeorar la situación. Esta situación encarece los costes y, posteriormente, estos incrementos de costes se trasladen a los precios generando también inflación. 

 

El Banco mundial es optimista respecto a la evolución de precios para el año 2.023 y estima que bajarán, aunque en algunos países pueden mantenerse por encima del 2%, objetivo de la mayoría de los bancos centrales. A mí me gustaría ser igual de optimista, pero, de momento, no veo motivos para ello. Por lo pronto, en un escenario de fuertes subidas de precios motivados por la presión de la oferta y la desaceleración económica que provocarán las medidas necesarias para combatir la inflación, el riesgo de algunas economías de caer en recesión es alto. 

 

El panorama en España es todavía más complejo debido a la mencionada altísima tasa de endeudamiento que sufre su economía. Endeudarse no es malo cuando es necesario para sufragar los costes sociales que provocan las crisis económicas, pero no ahorrar durante los tiempos de bonanza es suicida. Y los últimos gobiernos españoles han ignorado la palabra ahorro o dicho de otra manera superávit presupuestario. Esta falta de previsión y de rigor financiero va a costar grandes sacrificios para hacer frente a este difícil panorama económico.

 

Debemos exigir rigor y valentía por parte de las instancias europeas, especialmente del BCE. La situación es compleja, no hacer nada o actuar demasiado tarde y tímidamente es empeorar la coyuntura. De momento, parece que una vez más, la FED ha tomado claramente la iniciativa de actuar frente a un dubitativo BCE.

 

El Gobierno de España debería entender que las leyes de la economía son tozudas y que más déficit genera más inflación. Que incrementar la deuda, a los elevadísimos niveles de endeudamiento de nuestra economía, implica más riesgo para los inversores y, por lo tanto, mayor coste de ésta con el consecuente impacto sobre la prima de riesgo.

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