Aprobar los presupuestos catalanes, acto de responsabilidad política

Pep Garcia
Economista, empresario, fundador y Director General de Maxchief Europe. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universitat de Barcelona. MBA por el IESE.

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Cuando escribo sobre economía intento no expresar nunca opiniones políticas, pero cuando el tacticismo político puede tener un impacto negativo en la economía, en momentos tan complicados como los actuales, es difícil abstenerse. El espectáculo que estamos viviendo en Catalunya con los presupuestos de la Generalitat para 2023 es un episodio más de la deriva de la política catalana, que impacta de lleno en el bienestar de los ciudadanos y en la actividad de las empresas. 

 

En el momento que el exconseller Giró presentó los presupuestos a mediados de septiembre, los definió como unos presupuestos expansivos que permitirían al gobierno articular medidas para paliar los efectos de la crisis económica, la inflación y la consecuente subida de tipos de interés. Pues bien, un hecho inaudito es que la misma formación política que elaboró, defendió y negoció esos presupuestos, con todos los departamentos de la Generalitat, ha decidido no apoyar sus propios presupuestos después de su salida del gobierno, que se hizo efectiva el pasado 10 de octubre.

 

Esta decisión, que seguiría siendo difícil de entender a nivel de coherencia política, podría no ser tan grave si no nos encontráramos en la actual coyuntura económica, porque a nadie se le escapa ya la gravedad y el deterioro diario de la situación. El propio Departament d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya ha recortado la previsión de crecimiento del PIB catalán para este año del 4,9% al 4,4%, así como también ha revisado a la baja la estimación de crecimiento del PIB para el año 2023, situándola en el 1,7%, o lo que es lo mismo, 1,2 puntos por debajo de la anterior previsión. 

 

Como es sabido, en la actualidad nos encontramos en un escenario marcado por una serie de fenómenos que afectan negativamente a la economía y que provocan fuertes motivos de preocupación. De una parte, la elevada y acelerada inflación está requiriendo y requerirá de fuertes y decididas subidas de tipos de interés por parte de los bancos centrales para contrarrestarla. Estos aumentos tienen y tendrán un fuerte efecto desacelerador en la economía. A su vez, esta subida de tipos de interés tendrá un significativo impacto en el encarecimiento del coste de las hipotecas en las familias endeudadas a tipos de interés variable. Asimismo, la previsible reducción de la demanda privada por la fuerte pérdida de poder adquisitivo generada por la inflación y de la demanda de inversión de las empresas por el fuerte incremento del precio del dinero son otros de los factores negativos de la ecuación. Por lo pronto, en los últimos meses también se ha empezado a percibir una desaceleración del mercado de trabajo. Si a todo ello le sumamos el hecho de que las expectativas son muy negativas, tanto por parte de las familias, como de las empresas, parece que estamos abocados a una crisis importante de magnitud y duración todavía inciertas.

 

El conflicto bélico en Ucrania será, previsiblemente, mucho más largo de lo que cabía esperar y seguirá provocando la restricción y posible corte total de suministro de gas por parte de Rusia a los países de Europa, fuertemente dependientes del mismo. Esto no hará más que encarecer los costes energéticos de familias y empresas, especialmente en los meses de invierno. La guerra también está provocando la escasez y el encarecimiento de algunos productos alimentarios básicos. 

 

Por lo que se refiere a las empresas, muchas de ellas han llegado a la actualidad con una situación financiera tensionada por los efectos negativos que sufrieron por el covid-19. Además, se están viendo obligadas a empezar a amortizar los ICOs que solicitaron durante la pandemia, hecho que, junto a la erosión de márgenes que está provocando el fuerte incremento de los precios de la energía, genera un grave riesgo de insolvencia.

 

En cuanto al impacto del incremento de los costes de la energía, un estudio de Pimec concluye que para una cuarta parte de las empresas catalanas el peso del gasto en energía sobre los ingresos ha pasado del 5,5% en 2021 al 15% en la actualidad, es decir, se ha triplicado. Para la mitad de las empresas, el peso de la energía ha pasado del 2% en 2021 al 4,7%, lo que significa un incremento del 135%.

 

Según los responsables de Pimec, el efecto de estos incrementos de costes energéticos ha perjudicado el margen de las pymes de tal manera que la mitad de las pymes catalanas están en riesgo de entrar en pérdidas.  Los elevados costes de la energía provocan que el 25% de las empresas puedan tener problemas de viabilidad, lo cual podría poner en riesgo 480.000 puesto de trabajo.

 

La inflación se ha situado en Catalunya en septiembre en el 8,5%, mientras que el crecimiento medio de los salarios pactados según convenio ha sido del 2,61%. La brecha entre el incremento de los salarios y el crecimiento de la inflación se sitúa en septiembre cerca de los 6 puntos. En los meses que llevamos de crecimiento sostenido de la inflación, la pérdida del poder adquisitivo de los hogares ha sido la mayor experimentada en los últimos 40 años.  En este escenario es fácil pensar que el consumo de las familias se resentirá notablemente, máxime cuando el precio de los alimentos ha crecido un 14,4% hasta septiembre. Muchas familias tendrán problemas muy serios para hacer frente al pago de las hipotecas, el consumo energético y los alimentos. Nos encaminamos a una situación de emergencia social muy acentuada.

 

Volvamos ahora al punto central de nuestro artículo. Si el uno de enero de 2023 no se han aprobado los presupuestos, se prorrogará automáticamente el presupuesto vigente. La prórroga de presupuestos es un mecanismo que sirve para que la administración pueda seguir funcionando si los partidos que conforman el Parlamento no logran llegar a un acuerdo, pero, obviamente, no es la solución deseable y menos en el contexto actual. Es fácil entender que unos presupuestos que fueron diseñados en 2021 no son los más apropiados para una nueva situación dominada por la elevada inflación y una desaceleración económica galopante. La prórroga dificultaría que la administración catalana se adecuara a las necesidades reales de las familias y las empresas.

 

El presupuesto diseñado por el exconseller Giró fijaba un techo de gasto de 33.123 millones de euros, un 10% superior al actual. Eso significaría que, en caso de ser aprobado en el parlamento, la administración catalana dispondría de más de 3.000 millones de euros adicionales. Si bien hay mecanismos que permiten hacer modificaciones presupuestarias para ampliar el presupuesto vigente, en caso de prórroga, la burocracia que comportaría restaría flexibilidad, transparencia y rapidez en el margen de maniobra necesario para hacer frente a las necesidades actuales. Una prórroga de los presupuestos representaría, por ejemplo, no poder impulsar nuevas líneas de subvenciones, solo prorrogar o reeditar las actuales. 

 

Muchas voces se han alzado diciendo que la prórroga de los presupuestos pondría en peligro los fondos Next Generation que debe recibir Catalunya. En principio, existen mecanismos que permitirían incorporar estos fondos adicionales al presupuesto prorrogado, no obstante, sería añadir una nueva traba a la recepción de estos Fondos tan importantes que, como ya comentamos en el artículo “Los Fondos Next GenerationEU no están cumpliendo las expectativas”, están llegando más lentamente y con una dificultad mucho mayor de la prevista.

 

La prórroga afecta a los gastos y también a los ingresos. En teoría, durante la prórroga de los presupuestos, el Govern no puede hacer ninguna modificación de los impuestos controlados por la Generalitat. Las medidas anticrisis, dotadas de 300 millones de euros, que anunció el gobierno catalán tampoco se podrían aplicar si no se aprueba el presupuesto. Algunas de estas medidas tenían carácter social, como la ayuda de 100 euros a las familias vulnerables por cada niño escolarizado, la bonificación del transporte público para los menores de 30 años, las ayudas a los jóvenes para los alquileres, la ampliación de la T-Jove de los 24 a los 30 años, etc. Estas medidas que también incorporaban ayudas a las pymes para proyectos de transición energética y para la instalación de placas solares, entre otras, tampoco se podrían materializar. No cabe duda de que, en una situación de emergencia económica y social, no tener unos presupuestos aprobados y actualizados limita mucho la capacidad de acción del gobierno.

 

La prórroga automática de los presupuestos por la falta de acuerdo en el parlamento, enviaría un mensaje más de irresponsabilidad política al conjunto de la sociedad, en unos momentos en los que las familias y las empresas están haciendo frente a una de las situaciones más complicadas de los últimos 40 años. Puede que no sean los mejores presupuestos posibles y que, cada fuerza política parlamentaria piense que se podrían introducir algunas modificaciones que los perfeccionarían. No obstante, dada la gravedad de la situación, es momento de reclamar un ejercicio de responsabilidad política y de pedir a las fuerzas del parlamento que se centren en los puntos de coincidencia, evitando el tacticismo político. Es momento de apelar a la responsabilidad y al “seny” catalán para aprobar unos presupuestos que, sin duda alguna, no son óptimos, pero que son imprescindibles para encarar la grave crisis que está amenazando al conjunto de la economía. Espero que nuestros políticos sean capaces de aprobar los presupuestos del exconseller Giró y que se concentren todos los esfuerzos en ayudar, en la medida de lo posible, a las familias y a las empresas para que las consecuencias económicas y sociales de esta crisis sean lo menos traumáticas posibles.

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