Choque autonómico por la financiación catalana: ¿Justicia fiscal o ruptura de la igualdad?

El nuevo sistema de financiación autonómica acordado este lunes entre el Gobierno de España y la Generalitat de Catalunya ha generado reacciones contrapuestas entre agentes económicos, sociales y territoriales. Mientras Foment del Treball y CC.OO. de Catalunya valoran positivamente el acuerdo como un paso hacia una mayor justicia fiscal, otras voces, como Empresaris de Catalunya o la Junta de Andalucía, lo critican duramente por considerarlo un privilegio que rompe la igualdad entre comunidades.

Avance necesario para un sistema más just0

Foment del Treball ha celebrado la propuesta surgida de la comisión bilateral, destacando que el modelo representa “un avance hacia un sistema más justo, eficiente y adaptado a las necesidades de Catalunya”, y recuerda que el actual modelo está caducado desde 2014. En un comunicado, la patronal también ha aplaudido la condonación parcial de la deuda del FLA, que permitirá a la Generalitat reducir su carga financiera y ganar capacidad de maniobra mediante los ahorros en intereses.

Su presidente, Josep Sánchez Llibre, ha remarcado como especialmente positiva la decisión de que la Agencia Tributaria de Catalunya pueda recaudar, gestionar, liquidar e inspeccionar los tributos generados en el territorio. Para Foment, este nuevo marco fiscal será esencial para reforzar los servicios públicos, el estado del bienestar y la competitividad económica, así como para impulsar la inversión y la actividad empresarial. En este sentido, también han pedido que el incremento de financiación se traduzca en una fiscalidad más competitiva y políticas públicas que impulsen la productividad.

Desde el ámbito sindical, CC.OO. de Catalunya ha valorado el acuerdo como “un paso adelante necesario” hacia un modelo más federal, aunque reclama que se concrete con cifras y plazos. El sindicato defiende que este nuevo marco debe servir para mejorar la financiación catalana, pero también abrir un camino hacia la reforma de la financiación autonómica en el conjunto del Estado. En este sentido, han subrayado la necesidad de abordar la suficiencia fiscal y de garantizar recursos humanos y logísticos para que el modelo se aplique con eficacia.

Un modelo desigual que amenaza con subir costes

Más crítica se ha mostrado la organización empresarial Empresaris de Catalunya, que advierte de un posible aumento de costes y conflictividad entre empresas y administraciones, como consecuencia de la convivencia de dos entes tributarios. Su presidente, Josep Bou, ha criticado que el problema no es quién recauda, sino cómo se gestiona, y ha reclamado a la Generalitat que reduzca su deuda y optimice sus recursos.

Pero sin duda, una de las reacciones más contundentes ha llegado desde Andalucía. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha calificado el acuerdo de “cupo separatista” y ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de romper la igualdad entre españoles. En un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, Moreno ha advertido que “Andalucía hará valer su fuerza para combatirlo”. El líder andaluz ha acusado al Ejecutivo de actuar con “extrema debilidad” y ha definido el acuerdo como “un golpe duro a España, ideado por los independentistas y ejecutado por el dúo Sánchez-Montero”.

El nuevo modelo de financiación, que se basará en los ingresos generados en cada comunidad autónoma, deja atrás el enfoque actual basado en el gasto. Aunque no se han especificado aún cifras ni plazos de aplicación, el acuerdo abre un nuevo capítulo en el debate sobre el modelo fiscal del Estado, en el que las tensiones entre bilateralismo y equidad territorial seguirán marcando el pulso político y económico.