La Generalitat refuerza los municipios rurales con una ley histórica que beneficiará a 608 poblaciones

El Parlament de Catalunya ha aprobado una ley pionera para blindar el futuro del mundo rural. El Estatut dels Municipis Rurals nace con un objetivo claro: frenar la despoblación, garantizar servicios públicos esenciales y reactivar el tejido económico de los pueblos pequeños. La norma, avalada por una amplísima mayoría parlamentaria —con la única oposición de Vox— beneficiará a 608 de los 947 municipios catalanes, es decir, a dos de cada tres.

Por primera vez en Catalunya se establece una definición legal de municipio rural: aquellos con menos de 2.000 habitantes, situados en comarcas rurales o limítrofes, con una densidad inferior a 90 habitantes por kilómetro cuadrado o con crecimiento demográfico negativo. Además, 381 municipios con menos de 500 habitantes recibirán una calificación especial como “municipios de atención prioritaria”, y dos más —Tremp y Artesa de Segre, en Lleida— han sido reconocidos como municipios “asimilados” por su carácter disperso y multinuclio.

Un marco legislativo a medida del territorio

El Estatut establece por primera vez un régimen jurídico, administrativo y financiero específico para el ámbito rural catalán, con medidas concretas diseñadas para abordar las particularidades de estos entornos. Entre las principales novedades destacan: 

• Fondo incondicionado de financiación para ayuntamientos rurales, con criterios ajustados a su realidad poblacional y territorial. 
• Subvenciones finalistas destinadas a vivienda, mantenimiento de servicios públicos, conectividad digital y movilidad. 
• Incentivos fiscales para la compra, rehabilitación o alquiler de vivienda en municipios rurales. 
• Un portal único de trámites para reducir la burocracia y facilitar la gestión administrativa a los consistorios. 
• Aplicación obligatoria de la perspectiva rural en todas las políticas públicas, para garantizar que las decisiones legislativas tengan en cuenta su impacto sobre estos municipios.

Además, el Estatut incorpora de forma explícita el compromiso con la promoción del catalán y el aranés en el mundo rural, como parte del patrimonio cultural a preservar.

Un consenso político y territorial sin precedentes

La aprobación del Estatut ha sido celebrada como un “día histórico” por el Govern, que lo considera un paso clave hacia un modelo de país más equilibrado. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, lo definió como “una herramienta de cohesión, justicia territorial y reequilibrio social”. Desde ERC, su líder Oriol Junqueras recordó que la ley fue una propuesta de su formación en anteriores legislaturas. Junts, por su parte, valoró positivamente la norma, aunque advirtió que “el verdadero reto será su aplicación real y la dotación presupuestaria suficiente”.

Las entidades municipalistas también han aplaudido la aprobación del texto. La Associació de Micropobles de Catalunya, que agrupa a más de 300 ayuntamientos, lo ha calificado de “herramienta de justicia histórica”, aunque ha reclamado un calendario concreto de implementación y garantías financieras para evitar que el Estatut quede en papel mojado y garantice una mejora sustancial en la calidad de las personas que viven en ellos.

¿Qué impacto se espera? Revertir la despoblación y reequilibrar Catalunya

En la actualidad, el 75% de la población catalana vive concentrada en zonas urbanas, que ocupan solo el 15% del territorio. El 25% restante se reparte en el 85% del suelo catalán, mayoritariamente en municipios rurales que sufren pérdida de habitantes, envejecimiento demográfico, falta de servicios y escasez de vivienda asequible.

El Estatut pretende revertir esta dinámica. Su filosofía es clara: vivir en un pueblo no debe ser una desventaja, sino una opción vital válida, con oportunidades laborales, acceso a servicios públicos, conectividad y calidad de vida. Iniciativas como las impulsadas por la Diputación de Barcelona, que ya trabaja en políticas específicas de vivienda y conectividad para micropueblos, se alinean con este nuevo marco normativo.

Pasar de la ley a los territorios vaciados

El Govern ya trabaja en la fase de despliegue, que implicará la redacción de reglamentos, la asignación presupuestaria y la coordinación con otras administraciones. Además, el Estatut prevé una revisión periódica de la clasificación de municipios rurales cada cuatro años, para adaptar las medidas a los cambios demográficos y sociales.

La ley marca también un cambio cultural: la obligación de incluir la perspectiva rural en cualquier política pública —desde educación a salud, vivienda o fiscalidad— supone un giro estructural en la forma de entender el territorio.

Un nuevo modelo de país con el mundo rural en el centro

El Estatut dels Municipis Rurals no es solo una nueva ley. Es el primer paso hacia un modelo de país más justo y equilibrado, que reconoce el valor estratégico del mundo rural en la sostenibilidad social, económica y ecológica de Catalunya. La clave ahora está en su aplicación: si se dota de recursos, voluntad política y seguimiento técnico, puede convertirse en una herramienta transformadora para miles de personas que, hasta ahora, se sentían olvidadas por las instituciones.