El Parlament sigue tramitando la iniciativa para que comunidades de vecinos puedan pedir desahucios

La proposición de ley de modificación del Código Civil de Catalunya en relación a derechos reales y de la ley del derecho a la vivienda, presentada por Junts, ha continuado este miércoles su tramitación parlamentaria.

La proposición introduce la posibilidad de que las comunidades de vecinos puedan iniciar procedimientos judiciales y pedir como medida cautelar el desalojo de un inmueble cuando sea una vivienda ocupada ilegalmente "donde se lleven a cabo actividades o actos contrarios a la convivencia normal".

El texto incluye como incumplimiento de la función social de la propiedad el hecho de que los grandes propietarios no inicien las acciones de desalojo requeridas.

El pleno ha celebrado el debate a la totalidad de la iniciativa, para la que los grupos parlamentarios no han presentado enmiendas a la totalidad, de manera que el debate continuará la tramitación en ponencia y comisión antes de volver al pleno para el debate y la votación finales.

Junts, PP, Vox y AC

La diputada de Junts Glòria Freixa ha defendido que la propuesta "no va contra personas vulnerables, va contra mafias, delincuencia y ocupación conflictiva" y ha argumentado que las comunidades de vecinos deben poder actuar cuando la ocupación se produce en una vivienda propiedad de un banco o fondo de inversión que no se preocupa por desalojarla.

Desde el PP, el diputado Pere Lluís Huguet ha avanzado que votarán a favor de la iniciativa, aunque la considera insuficiente, porque "Se trata esencialmente de convivencia", y ha pedido a Junts que dejen de apoyar al PSOE y apoyen las propuestas de los populares en el Congreso de los Diputados.

Por parte de Vox, Sergio Macián ha criticado que la preocupación de Junts por esta materia es "fingida o, cuanto menos, poco sincera" y ha asegurado que, según el, esta proposición de ley comete errores técnicos porque se dan invasiones competenciales, lo que ha calificado de inconstitucional.

Sílvia Orriols (AC) ha criticado que las instituciones "continúan siendo lentas e ineficaces a la hora de resolver" el desalojo de ocupaciones ilegales, y ha abogado por reformar el Código Penal y aplicar tolerancia cero con las ocupaciones de viviendas.

PSC, ERC, Comuns y CUP

Desde el PSC-Units, Eva Candela ha asegurado que este debate no es nuevo en el Parlament y ha reprochado a Junts que vuelvan a poner el foco en las comunidades de vecinos ya que en 2023 PSC, Junts y ERC acordaron quitarlas de la normativa: "Esta persistencia estaría bien que la tuvieran dando apoyo a medidas para avanzar en garantizar el derecho a la vivienda", ha afirmado.

La diputada de ERC Ester Capella ha reivindicado que la situación de la vivienda es "uno de los retos sociales más importantes" y ha señalado que, a su parecer, lo que propone Junts es solucionar a través de las comunidades de vecinos aquello a lo que la administración no da respuesta y ha añadido que lo que se debería hacer es movilizar todas las viviendas desocupadas.

Susanna Segovia (Comuns) ha justificado no haber enmendado la totalidad del texto para poder escuchar a expertos y comunidades de vecinos durante el proceso de tramitación, aunque ha reprochado textualmente a Junts no haber hecho absolutamente nada cuando gobernaban y tenían las herramientas que ya existen: "Lo que están haciendo es vender humo".

Finalmente, la diputada de la CUP Laure Vega ha criticado la propuesta y ha dicho que deberían ser las organizaciones de vivienda "que tienen mucho más conocimiento para redactar leyes" las que accedan a la representación de los vecinos y la negociación colectiva y ha cargado contra Junts por, textualmente, ir por el mismo camino que la derecha española.