La Generalitat propone que el catalán sea condición para la renovación de permisos de residencia

La iniciativa del Govern introduce una novedad relevante: no afecta a la concesión inicial de los permisos, sino a su prórroga. El Ejecutivo catalán defiende que la integración lingüística debe formar parte del seguimiento administrativo de quienes se acojan al proceso extraordinario, siempre dentro de parámetros proporcionales.

De esta manera  ha abierto un nuevo frente en la negociación de la regularización extraordinaria de personas migrantes al plantear que el conocimiento del catalán se incorpore como criterio en la renovación de los permisos de residencia. La propuesta, registrada como enmienda en el proceso legislativo estatal, busca reforzar el papel de la lengua propia como herramienta de integración y arraigo.

Un cambio en el modelo de acogida lingüística

El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha precisado que el nivel exigido sería el inicial, con el objetivo de evitar que la acreditación se convierta en un obstáculo insalvable. El Govern sostiene que este enfoque se alinea con las políticas públicas de acogida y con la idea de que el catalán actúe como vehículo de cohesión social.

La propuesta se formula en un contexto en el que Catalunya ha reforzado en los últimos años los programas de formación lingüística para recién llegados, especialmente a través de los servicios municipales y de la red de consorcios educativos.

Negociación abierta con el Gobierno central

La enmienda se inserta en la tramitación de la regularización extraordinaria impulsada por el Estado, destinada a personas que ya residen en el país y cumplen requisitos de permanencia y ausencia de antecedentes. El texto inicial no contemplaba referencias específicas a las lenguas cooficiales, por lo que la propuesta catalana introduce un elemento nuevo en la discusión intergubernamental.

El Govern aspira a que el catalán se incorpore como indicador de integración progresiva, sin alterar los criterios básicos de acceso al procedimiento. La medida, de prosperar, obligaría a coordinar sistemas de acreditación lingüística y a definir cómo se evaluará el nivel inicial requerido.

Demandas de recursos y garantías

Diversas entidades sociales han advertido de que cualquier requisito lingüístico debe ir acompañado de un refuerzo sustancial de los recursos de formación y acompañamiento administrativo. Reclaman que la exigencia no derive en desigualdades entre personas con menos acceso a cursos, horarios flexibles o servicios de apoyo.

El Govern reconoce que la medida implicaría ampliar la oferta formativa y mejorar la coordinación entre administraciones locales, consorcios educativos y entidades del tercer sector. La discusión sobre los recursos será uno de los puntos centrales en la negociación parlamentaria.

Un debate que trasciende la regularización

La propuesta llega en un momento en el que la política lingüística vuelve a ocupar un espacio destacado en la agenda catalana. El Ejecutivo considera que la regularización extraordinaria es una oportunidad para consolidar un modelo de acogida que combine derechos, obligaciones y acompañamiento institucional.

El debate continuará en las próximas semanas tanto en el Congreso como en el Parlament, donde deberá concretarse el alcance definitivo de la enmienda. Si se incorpora al texto final, el catalán pasará a formar parte de los criterios de renovación de permisos dentro de un proceso que afectará a decenas de miles de personas residentes en Catalunya.