La jueza tumba el intento de la pareja de Ayuso de evitar ir a juicio por el presunto fraude fiscal

La magistrada que instruye el caso contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asestado un nuevo revés a su defensa al rechazar su recurso.

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El novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador   EP
La magistrada que instruye el caso contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asestado un nuevo revés a su defensa al rechazar su recurso. (Archivo Europa Press)

 

La jueza Inmaculada Iglesias, titular del Juzgado de Instrucción 19 de Madrid, fundamenta su decisión en un auto . En él, desestima el recurso presentado por los abogados de González Amador contra la resolución que propone juzgarle por delitos de fraude fiscal y falsedad documental, por los que la Fiscalía solicita una pena de 3 años y 9 meses de cárcel.

La jueza desestima los argumentos de la defensa

A lo largo del documento, Iglesias desmonta los argumentos esgrimidos por la defensa de González Amador, que alegaba "indefensión" en la causa por no haber declarado en el juzgado. La magistrada es tajante al recordar que González Amador "se acogió a su derecho a no declarar" y que, a pesar de haber manifestado su voluntad de hacerlo una vez resuelto un recurso de apelación, su representación legal no solicitó en ningún momento esa diligencia. "Ninguna indefensión se ha causado por no practicar una diligencia no solicitada", zanja la jueza. El auto, que puede ser recurrido ante la Audiencia de Madrid, enfatiza que los indicios contra el investigado se sustentan en informes de la Agencia Tributaria que "ponen de manifiesto la extensa y pormenorizada investigación llevada a cabo por peritos imparciales". Se aclara, en este sentido, que existen "claros indicios de que se dedujo gastos ficticios al amparo de facturas falsas al no haberse producido las operaciones referidas en los conceptos facturados".

Sin conexión con la investigación por la filtración

La defensa de González Amador también intentó vincular el caso con la investigación que lleva a cabo el Tribunal Supremo sobre la filtración de sus datos personales, una causa en la que está imputado el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Sin embargo, la jueza considera que estos hechos "son ajenos a este procedimiento" de presunto fraude, recordando que este caso se inició a partir de una denuncia de la Fiscalía. En otro auto, la magistrada denegó el recurso presentado por González Amador contra su negativa a practicar diversas diligencias en la fase de instrucción. El auto recurrido acordó la continuación de la tramitación de las diligencias, basándose en los informes de las inspectoras de Hacienda, ratificados en sede judicial, y en la "casi 1.500 elementos" documentales que obran en el expediente administrativo. La jueza reprocha que, a lo largo de los casi 15 meses de instrucción, la defensa no haya aportado una prueba pericial solicitada. "Es evidente que la admisión de estas diligencias, innecesarias e inútiles en esta fase de instrucción hubieran supuesto una dilación indebida del procedimiento", concluye, afirmando que no se ha causado ninguna indefensión por su denegación.

González Amador, investigado en dos frentes judiciales

En esta pieza principal del caso, Alberto González Amador está procesado junto a otros cuatro empresarios por presuntamente defraudar 350.951 euros entre 2020 y 2021, utilizando para ello un supuesto entramado de facturas falsas. Paralelamente, González Amador continúa investigado en una pieza separada por presunta corrupción en los negocios con Quirón Prevención. En esta segunda causa, las acusaciones, ejercidas por Más Madrid y el PSOE, sospechan que se pagó a la mujer de un directivo de esta empresa una comisión encubierta de 499.836 euros. En la causa por presunto fraude contra la Hacienda Pública, queda pendiente que se dicte el auto de apertura de juicio oral, paso previo a la celebración de la vista, si así lo solicitan las partes personadas en el procedimiento judicial.

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