El TC se prepara para desestimar recusaciones y avanzar en los amparos del ‘procés’

La máxima autoridad constitucional del país se enfrenta a un momento decisivo que definirá la continuación de los procedimientos de amparo de los principales líderes del ‘procés’. La resolución de las recusaciones permitirá desbloquear los recursos presentados por Puigdemont, Junqueras y otros ex consellers, determinando de manera efectiva cómo se aplicará la ley de amnistía en cada caso individual. Esta decisión tendrá implicaciones jurídicas y políticas relevantes, tanto para el sistema judicial como para la política catalana.

Antecedentes: recursos de amparo y ley de amnistía

Los recursos de amparo fueron interpuestos por Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y otros ex consellers tras la negativa del Tribunal Supremo a aplicar la amnistía relacionada con la malversación del 1-O. La legislación de amnistía, aprobada en España, había sido cuestionada previamente en recursos de inconstitucionalidad, pero la primera sentencia del TC la avaló, con diez magistrados participando y Macías apartado por su postura previa contraria a la ley.

En este contexto, surgieron recusaciones dirigidas a varios magistrados, cuestionando su imparcialidad. La Abogacía del Estado pidió apartar al conservador José María Macías, señalando que había mostrado opiniones contrarias a la ley de amnistía cuando era vocal del Consejo General del Poder Judicial. Asimismo, Vox solicitó apartar al presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, mientras que Puigdemont y Antoni Comín recusaron a Macías, Enrique Arnaldo y Concepción Espejel, alegando motivos similares y señalando la “estrecha relación” de estos últimos con el PP.

Fuentes jurídicas consultadas explican que “los ponentes de esta serie de recusaciones proponen rechazarlas”, por lo que se espera que el Pleno ratifique esta posición. Este planteamiento refuerza la diferencia entre el control abstracto de la constitucionalidad de la ley y su aplicación concreta a cada amparo.

Argumentos de las recusaciones

Los recusantes alegaron que Macías había manifestado previamente su oposición a la ley de amnistía en textos oficiales y, por tanto, no podría juzgar con imparcialidad los recursos de Puigdemont y Comín. Por otro lado, Arnaldo fue cuestionado por un libro donde expresaba “animadversión” hacia Puigdemont, y Espejel por su voto particular en 2020 contra la absolución del mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, relacionado con los hechos del 1-O.

Las fuentes consultadas destacan que “una cosa es el control abstracto sobre la constitucionalidad de la ley, y otra su aplicación al caso concreto”, diferenciando la revisión general de la ley de amnistía de los amparos individuales, donde se evalúa la situación de cada ex dirigente por separado.

Admisión de recursos y medidas cautelares

El Pleno anterior iba a admitir los recursos de Puigdemont, Comín y Lluís Puig, pero las recusaciones provocaron retrasos. Mientras tanto, los amparos de Junqueras, Raül Romeva, Dolors Bassa y Jordi Turull ya fueron admitidos entre febrero y abril, solicitando la retirada cautelar de las penas de inhabilitación. Puigdemont pidió específicamente que se suspendiera la orden de detención nacional que pesa sobre él.

Aunque estas medidas cautelares son habituales en este tipo de procedimientos, las fuentes recuerdan que “es rarísimo que se concedan”. Por ello, tanto Junqueras como Puigdemont deberán esperar a la resolución de fondo sobre sus amparos, mientras el Pleno del TC analiza los recursos de manera completa y exhaustiva.

Pleno completo: composición y dinámica

A diferencia de la primera sentencia sobre la ley de amnistía, donde participaron diez magistrados (Macías apartado y Juan Carlos Campo absteniéndose), el Pleno del 23 de septiembre contará con los doce magistrados. La mayoría progresista de siete frente a cinco conservadores permitirá una deliberación integral de todos los recursos.

Este escenario garantiza que el Tribunal pueda estudiar cada recurso de amparo con plena participación de sus miembros, evaluando la constitucionalidad de las decisiones judiciales del Tribunal Supremo y la correcta aplicación de la ley de amnistía a los líderes del ‘procés’.

Implicaciones políticas y jurídicas

El rechazo de las recusaciones no solo desbloqueará los amparos, sino que reafirmará la separación entre la evaluación abstracta de la ley y su aplicación concreta a casos individuales. Analistas legales destacan que esta distinción es clave para mantener la independencia judicial y evitar conflictos de interés en casos con alta carga política.

Además, la decisión del TC tendrá repercusiones políticas evidentes. La resolución de los amparos afectará directamente a la situación procesal de líderes independentistas y a la percepción pública sobre la gestión judicial de casos relacionados con el 1-O, consolidando precedentes sobre cómo se manejan recusaciones y la aplicación de medidas cautelares en procedimientos de alto impacto político.