¡Victoria histórica! El Tribunal Supremo obliga al Gobierno a abrir el código fuente de BOSCO

Hoy España da un paso de gigante hacia la transparencia algorítmica. El Tribunal Supremo ha dado la razón a Civio y obliga al Gobierno a entregar el acceso al código fuente de BOSCO, la aplicación que decide quién recibe el bono social, tras siete años de litigios iniciados en 2018. La sentencia crea jurisprudencia y establece que conocer cómo funcionan los programas y algoritmos utilizados por las administraciones públicas es un derecho democrático y constitucional.

El Supremo rechaza de manera contundente los argumentos del Gobierno basados en la propiedad intelectual y la seguridad nacional, que hasta ahora habían impedido el acceso a esta información. La sentencia subraya que el programa BOSCO no explica las razones de sus decisiones y que cualquier error podría afectar a miles de ciudadanos, por lo que conocer su funcionamiento es de “singular relevancia”.

Además, el Tribunal establece que el acceso al código no implica vulnerar datos personales de los solicitantes y que la apertura de algoritmos puede incluso contribuir a mejorar su seguridad y eficiencia. Esto representa un cambio radical frente a anteriores resoluciones de tribunales inferiores que habían desestimado las reclamaciones de Civio.

El fallo del Supremo reconoce que la transparencia algorítmica es clave en una “democracia digital”. Los poderes públicos deben explicar de manera comprensible cómo funcionan los algoritmos que toman decisiones sobre los derechos y prestaciones de los ciudadanos, permitiendo su fiscalización y participación. La sentencia también vincula el derecho de acceso a la información con la Constitución, la Carta de Derechos Fundamentales de la UE y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, consolidándolo como un derecho esencial en la supervisión de la administración pública.

La victoria llega tras un largo proceso judicial. Civio solicitó el acceso al código de BOSCO en 2018; tras varias denegaciones basadas en propiedad intelectual y supuestos riesgos para la seguridad, el caso pasó por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo n.º 8 y la Audiencia Nacional, hasta que finalmente el Tribunal Supremo estimó el recurso de casación el 9 de septiembre de 2025.

Este fallo no solo afecta a BOSCO: abre la puerta a que cualquier algoritmo o programa utilizado por la administración pública, que tenga impacto en los derechos de los ciudadanos, sea transparente y sujeto a control público. Una auténtica revolución en la administración electrónica y en la protección de los derechos democráticos en España.