Paz Esteban afronta su segunda citación por videoconferència por el 'cas Pegasus': el CNI, bajo la lupa judicial

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI), organismo clave de la seguridad española, se encuentra en el centro de uno de los escándalos más mediáticos de los últimos años: el supuesto uso del software Pegasus para espiar a políticos independentistas. Este lunes, Paz Esteban, exdirectora del CNI, comparece por videoconferencia ante el Juzgado de Instrucción 20 de Barcelona como imputada, en el marco de la investigación que examina si los teléfonos de la eurodiputada de ERC Diana Riba y el presidente de ERC en el Parlament, Josep Maria Jové, fueron infectados con este programa.

“Es la segunda vez que comparezco ante un juez por este asunto, siempre con la asistencia de la Abogacía del Estado”, ha señalado Esteban sobre su declaración anterior, realizada en enero de 2024 ante el Juzgado de Instrucción 29 por la supuesta intervención del móvil del expresidente Pere Aragonès.

Este escándalo pone en evidencia la tensión entre la seguridad nacional y el respeto a los derechos políticos, generando un debate público sobre los límites de la inteligencia en España.

Orígenes del ‘cas Pegasus’

El caso Pegasus surge tras la denuncia de varios líderes políticos y activistas independentistas por supuestas intervenciones de sus teléfonos móviles mediante el software espía de la empresa israelí NSO Group. La Audiencia Provincial de Barcelona ha ordenado la imputación de Esteban, considerando que existen “indicios fundados” que sugieren que el CNI podría haber sido el único cliente en España del grupo NSO y, por lo tanto, el probable responsable de la infección de múltiples terminales vinculados al entorno político de ERC.

En el auto consultado por Europa Press, el tribunal señala que hay evidencia suficiente para pensar que “la remisión de SMS maliciosos a Josep Maria Jové se realizó a través de la misma infraestructura informática vinculada a actividades desarrolladas por el CNI con autorización judicial formal”.

Este detalle es clave, porque introduce la posibilidad de que los servicios de inteligencia españoles hayan utilizado medios altamente sofisticados para vigilar a políticos y representantes del independentismo catalán, levantando críticas sobre el respeto a la legalidad y la privacidad.

La comparecencia de Esteban: implicaciones y alcance

La citación de este lunes se realiza ante la magistrada que instruye el caso, centrada en la posible infección de los móviles de Riba y Jové. La comparecencia será por videoconferencia, como ya ocurrió con la declaración del móvil de Aragonès, y contará con la asistencia de abogados de la Abogacía del Estado.

Los expertos jurídicos consideran que la declaración de Esteban podría ser decisiva para aclarar el alcance real del espionaje y determinar responsabilidades en la dirección del CNI. “No hay precedentes recientes de un caso de esta magnitud que implique simultáneamente a la inteligencia y a altos cargos políticos”, destacan fuentes judiciales y analistas de seguridad.

La investigación examina no solo la intervención de los teléfonos de políticos, sino también la participación de altos mandos del CNI y la posible implicación de terceros en la adquisición y uso del software Pegasus.

Otros procedimientos judiciales relacionados

Esteban no está implicada únicamente en esta causa. También se encuentra imputada por supuestos usos del programa Pegasus contra Pere Aragonès, el abogado de Oriol Junqueras, Andreu Van den Eynde, y el exdiputado Jordi Solé.

Además, el Juzgado de Instrucción 2 de Barcelona ha admitido a trámite esta misma semana una querella contra los exdirectores de la Guardia Civil, Félix Vicente Azón y María Gámez, la exdirectora del CNI y varias empresas tecnológicas, por presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos informáticos y acceso ilegal a sistemas informáticos.

“Es la primera vez que una jueza ordena investigar el papel del instituto armado en el presunto espionaje al independentismo”, subrayan fuentes judiciales consultadas.

Estas investigaciones paralelas complican el escenario político y judicial, y podrían abrir nuevas líneas de responsabilidad tanto para la inteligencia como para mandos policiales, así como para las compañías proveedoras de software de vigilancia.

Contexto político y social: el impacto sobre ERC y el independentismo

El ‘cas Pegasus’ ha generado una crisis de confianza entre los partidos independentistas y el Gobierno español. La posibilidad de que líderes políticos hayan sido espiados por un organismo estatal alimenta la polémica sobre la protección de derechos fundamentales, la transparencia de los servicios de inteligencia y los límites de la intervención en la vida privada de representantes políticos.

Para ERC, las actuaciones judiciales representan un paso hacia esclarecer los posibles abusos de poder: “Existen indicios de que se vulneraron derechos fundamentales de nuestros representantes”, señalan fuentes del partido.

La declaración de Esteban, junto con las querellas contra la Guardia Civil y empresas tecnológicas, refuerza la percepción de que se trata de un caso sin precedentes en España, tanto por el nivel de implicación del CNI como por la utilización de tecnología de espionaje avanzada.

Perspectivas y desafíos futuros

El caso Pegasus no solo tiene implicaciones judiciales, sino también políticas y sociales. La investigación podría derivar en reformas sobre la supervisión de la inteligencia en España, protocolos de seguridad para el uso de software de espionaje y mayor control sobre las actividades de los servicios de inteligencia.

Expertos consultados apuntan que la transparencia y la rendición de cuentas serán determinantes para restaurar la confianza en las instituciones: “Si se confirma que hubo espionaje dirigido, será imprescindible revisar los mecanismos de control interno del CNI”.

La comparecencia de Esteban marca un momento crítico para el sistema judicial español, y para el equilibrio entre seguridad nacional y derechos civiles. La resolución del caso podría sentar precedentes en materia de vigilancia tecnológica y control democrático de los servicios de inteligencia.