El Congreso examina la obligación de ofrecer atención en lenguas cooficiales a grandes empresas

Los derechos lingüísticos vuelven al centro del debate político y social en España. La Ley de Servicios de Atención a la Clientela, que obligará a grandes compañías a ofrecer atención en catalán, gallego o euskera en aquellas comunidades donde estas lenguas son cooficiales, será examinada esta semana en la Comisión de Derechos Sociales y Consumo del Congreso. Tras meses de reuniones, enmiendas y ajustes, el proyecto llega a un punto crucial que podría marcar la forma en que los ciudadanos interactúan con las grandes empresas en todo el territorio.

Contexto y alcance de la medida

La iniciativa surge del acuerdo alcanzado entre el Gobierno y Junts para reforzar la protección de los derechos lingüísticos en las comunidades bilingües. La normativa establece que las empresas con más de 250 empleados, con una facturación superior a 50 millones de euros o que presten servicios de interés general deberán garantizar que los clientes puedan recibir atención en catalán, gallego o euskera, según corresponda. Desde el Ministerio de Derechos Sociales destacan que la medida no pretende imponer cargas innecesarias, sino asegurar derechos fundamentales. “Se asegurará la atención en el idioma oficial que se solicite, siempre y cuando la empresa preste servicios en aquellas comunidades autónomas que disponen de lengua oficial diferente al castellano y la lengua utilizada sea oficial en dicha comunidad autónoma”, señalan fuentes oficiales.

En la fase inicial del proyecto, el texto no contemplaba límites geográficos, lo que generó debates intensos y llevó a introducir modificaciones para acotar la aplicación únicamente a las comunidades autónomas con lenguas cooficiales. Esta corrección garantiza que las obligaciones se ajusten a la realidad lingüística de cada territorio y eviten interpretaciones excesivamente amplias.

Implicaciones para las empresas y los ciudadanos

La ley exigirá a las compañías dotarse de personal capacitado, sistemas técnicos y protocolos adecuados para atender en las lenguas cooficiales, incluyendo formación específica y adaptación de recursos informáticos. Además, permitirá que las consultas, quejas y reclamaciones puedan presentarse en la lengua oficial que corresponda, asegurando así el derecho del consumidor a ser atendido en su idioma. “El objetivo es garantizar que los ciudadanos puedan ser atendidos en su lengua oficial, sin que las empresas enfrenten dificultades técnicas o administrativas insalvables”, apuntan desde el Gobierno.

La medida no solo afecta a la atención diaria al cliente, sino que también establece obligaciones en la gestión de los servicios y comunicaciones, reforzando la transparencia y la seguridad jurídica en la relación entre empresas y consumidores. Los ajustes introducidos buscan equilibrar los derechos lingüísticos de los ciudadanos con la viabilidad operativa de las compañías.

Tramitación y próximos pasos

El proyecto será debatido en comisión el próximo miércoles, 29 de octubre, donde los grupos parlamentarios presentarán nuevas enmiendas y votarán el dictamen resultante. Una vez aprobado, el texto se elevará al Pleno del Congreso para su discusión final y eventual ratificación. La tramitación de esta ley no solo tiene repercusiones legales y administrativas, sino que representa un avance significativo en la política lingüística de España, consolidando la atención en las lenguas cooficiales como un derecho reconocido y protegido por la legislación.