El juez Peinado propone enviar a juicio a Begoña Gómez por cuatro delitos
La resolución judicial incluye a su asesora y al empresario Barrabés, apuntando a una presunta red de influencias y uso irregular de fondos públicos y privados
El magistrado Juan Carlos Peinado ha decidido dar un paso definitivo en la instrucción y seguir adelante con el proceso penal contra Begoña Gómez Fernández, esposa del presidente del Gobierno, y su asesora personal, María Cristina Álvarez. Tras meses de diligencias, el juez ve indicios suficientes para imputar delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida.
La decisión no llega sola: el auto también procesa al empresario Juan Carlos Barrabés por su presunta implicación en la trama de influencias, aunque el magistrado ha optado por archivar la acusación de intrusismo profesional que pesaba sobre él.
El origen del conflicto: de la Moncloa a la Universidad
El núcleo de la acusación sostiene que, a raíz de la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia en 2018, Begoña Gómez habría aprovechado su posición para expandir su esfera de influencia profesional. El foco se centra especialmente en su etapa al frente del IE África Center y su dirección en el Máster de Fundraising de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
Uno de los puntos más polémicos de la resolución es la situación de María Cristina Álvarez. Según la investigación, Álvarez habría sido contratada con sueldo público desde la Moncloa —percibiendo un bruto acumulado de más de 360.000 euros— no solo para funciones oficiales, sino para asistir a Gómez en sus actividades privadas y profesionales personales.
La Cátedra y el software: un daño patrimonial de seis cifras
La pieza maestra del rompecabezas judicial es la Cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC). Los indicios sugieren una operativa irregular en tres vertientes:
- Propiedad de la marca: Se investiga si Gómez registró a su nombre personal tanto la marca como el dominio web de un proyecto nacido en el seno de una universidad pública.
- Financiación externa: Grandes corporaciones como Indra, Telefónica, Google y Reale Seguros habrían aportado más de 300.000 euros para el desarrollo de un software vinculado a dicha cátedra.
- Perjuicio a la universidad: La propia Universidad Complutense ha estimado un daño patrimonial que supera los 108.000 euros, derivado del uso de medios públicos para fines que terminaron en manos privadas.
El contraataque de la defensa: "Relatos sin base delictiva"
Como era de esperar, las defensas de los tres implicados han reaccionado solicitando el archivo inmediato de la causa. El equipo legal de Begoña Gómez mantiene una postura firme basada en tres argumentos clave:
- Patrimonio intacto: Aseguran que los fondos nunca entraron en las cuentas personales de Gómez y que la cátedra se gestionó de forma altruista.
- Procedimientos habituales: Defienden que las polémicas "cartas de apoyo" a empresas eran trámites estándar en el ámbito universitario y no una herramienta de presión política.
- Inexistencia de robo: Argumentan que los dominios web y las marcas no pueden ser objeto de "apropiación indebida" al no ser bienes muebles, y subrayan que el concepto de "Transformación Social Competitiva" fue una creación intelectual de la propia Gómez.
El papel de la Fiscalía
Por su parte, el Ministerio Fiscal, aunque en fases previas había solicitado el sobreseimiento, admite ahora que tras dos años de instrucción el expediente presenta una “imputación jurídicamente articulada”. Aunque no da por probados los delitos, reconoce que existe un relato fáctico suficiente para que sea un tribunal, durante el juicio, quien determine la inocencia o culpabilidad de los procesados.
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