El Gobierno estudia acciones legales contra los pactos de PP y Vox por "atentar contra el catalán y Catalunya"

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha anunciado que el Gobierno analizará y emprenderá todas las vías legales disponibles para frenar los acuerdos alcanzados entre Partido Popular y Vox en diferentes comunidades autónomas. A su juicio, estos pactos no solo son contrarios a la Constitución, sino que también suponen un riesgo para los derechos fundamentales y la cohesión territorial.

En una entrevista concedida a TV3, el ministro expresó su preocupación por el contenido de estos acuerdos, especialmente por las medidas que podrían afectar a colectivos vulnerables y a cuestiones lingüísticas sensibles para territorios como Catalunya.

Críticas por posibles vulneraciones de derechos

Durante su intervención, Bolaños fue especialmente contundente al valorar algunas de las propuestas acordadas entre ambas formaciones, que calificó de “discriminatorias e inhumanas”. En este sentido, planteó escenarios que, según afirmó, podrían derivarse de estas políticas, como restricciones en el acceso a servicios básicos para determinados colectivos.

El ministro cuestionó abiertamente si la sociedad española está dispuesta a aceptar medidas que limiten derechos esenciales, subrayando que el Ejecutivo actuará para evitar cualquier retroceso en materia de igualdad y protección social.

Preocupación por el giro político del PP

Uno de los ejes de su crítica se centró en el papel del Partido Popular, al que acusó de asumir planteamientos propios de la ultraderecha. Según Bolaños, este alineamiento podría derivar en la aprobación de medidas que no encajan en el marco constitucional, lo que obligaría al Gobierno a intervenir desde el ámbito jurídico.

El catalán, en el centro del debate

Especial relevancia tuvo la valoración del pacto alcanzado en Aragón, donde se plantea eliminar estructuras vinculadas al reconocimiento del catalán. Para Bolaños, esta decisión resulta “innecesaria” y supone un ataque directo tanto a la lengua como a la identidad cultural de Catalunya.

El ministro defendió que el Gobierno tiene la responsabilidad de proteger y preservar el catalán, una lengua que forma parte del patrimonio cultural y lingüístico del conjunto del Estado. En este contexto, criticó la posible desaparición de organismos como el Instituto Aragonés de la Lengua Catalana, interpretándolo como un gesto sin justificación que podría tensar aún más las relaciones territoriales.