La batalla forestal de Catalunya: La prevención en el foco ante la amenaza de los incendios

En España, y en particular en Catalunya, la ordenación forestal se revela como un sistema lleno de contrastes. Coexisten modelos que van desde la atomización de la propiedad hasta la gestión comunal, cada uno con sus propias fortalezas y debilidades a la hora de afrontar un incendio.

Catalunya, en la primera línea de defensa ante el fuego

En Catalunya, la lucha contra los incendios comienza mucho antes de que se declare una llama. El abandono del entorno rural ha provocado una acumulación de biomasa que actúa como combustible, haciendo los bosques más vulnerables. Por ello, con un 76% de la superficie forestal en manos privadas, según el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, el gran desafío reside en la prevención. El plan anual de prevención de la Generalitat se centra en la creación de franjas de defensa y en la colaboración ciudadana a través de las Agrupaciones de Defensa Forestal (ADF). La labor de estas agrupaciones es crucial para reducir la continuidad de la vegetación, especialmente en la interfaz entre zonas urbanas y forestales.

En caso de emergencia, la Generalitat de Catalunya cuenta con herramientas como el visor "Foc al Bosc", que permite un análisis detallado de los incendios, facilitando una respuesta más eficaz y la planificación de futuras estrategias. El trabajo de los Bombers de la Generalitat no sería tan efectivo sin una gestión previa que limite la propagación del fuego.

El mosaico español: De la fragmentación a la gestión colectiva

La situación de la propiedad forestal en Catalunya es un reflejo del resto del Estado, donde cerca del 70% de los bosques son de titularidad privada, según el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya. Esta realidad, con una falta de ordenación generalizada, contrasta con los modelos excepcionales del norte.

El desafío de la falta de planificación

En la mayor parte del Estado, la falta de una gestión planificada en los terrenos privados es un problema de gran envergadura. Según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, solo cerca del 15% de la superficie forestal total cuenta con un plan de gestión. Sin una ordenación que regule el uso de los recursos y la limpieza del terreno, los bosques se vuelven más densos y la acumulación de biomasa los convierte en un polvorín. El sector forestal público está mayoritariamente ordenado, pero el privado, que es muy heterogéneo y atomizado, no lo está, lo que dificulta la aplicación de una política uniforme.

La singularidad del modelo gallego: Montes Vecinales

En Galicia, los "montes vecinales en mano común" representan un cuarto de la superficie forestal, unas 650.000 hectáreas, gestionadas por unas 3.000 comunidades, según la Xunta de Galicia. Este modelo colectivo fomenta una gestión activa del terreno que, en teoría, debería ser una herramienta poderosa contra el fuego. Sin embargo, un estudio publicado en el medio digital Campo Galego señala que la superficie quemada en estos montes es el doble que en los de propiedad privada. Esto subraya que la gestión activa debe ser también una gestión adecuada, que reduzca la continuidad de la biomasa y mejore la resiliencia del ecosistema, en coordinación con las administraciones públicas.

Otros modelos comunales: País Vasco y Navarra

En el País Vasco, los "montes de socios" son terrenos de propiedad privada con gestión colectiva, mientras que en Navarra la figura del monte comunal también se gestiona de forma mancomunada, planificando conjuntamente la explotación de los recursos forestales y facilitando así la prevención de incendios. Estos modelos de gestión colectiva demuestran que la unión de los propietarios puede ser una herramienta eficaz.

Lecciones del extranjero: prevenir con incentivos y sostenibilidad

La gestión forestal en el Estado español contrasta con los modelos implementados en otros países que han demostrado que la conservación y el desarrollo económico pueden ir de la mano para prevenir incendios.

Costa Rica y el Pago por Servicios Ambientales (PSA)

Costa Rica ha logrado un notable éxito en su política forestal gracias a un programa de Pago por Servicios Ambientales (PSA) que compensa económicamente a los propietarios por proteger sus bosques, según el Banco Mundial. Este modelo demuestra que se puede incentivar la conservación a gran escala, lo que a su vez actúa como una barrera natural contra el fuego al mantener la cubierta forestal de forma ordenada.

Chile y la Protección del Bosque Nativo

De manera similar, la política forestal de Chile, según la Corporación Nacional Forestal (CONAF), se enfoca en la protección del bosque nativo, impulsando su aprovechamiento sostenible por parte de las comunidades locales. Este modelo genera un valor económico directo y una conexión con el territorio que fortalece la resiliencia de los bosques y facilita la prevención.

La clave de la prevención: el mantenimiento del terreno

En definitiva, la lucha contra los incendios forestales requiere una gestión activa y coordinada que, en el fondo, se reduce al mantenimiento del terreno. Si los bosques no se limpian mediante la silvicultura preventiva o el pastoreo, si se deja crecer la hierba seca, los matojos y la vegetación de forma descontrolada, esta masa vegetal se convierte en combustible. Este material, una vez se inicia el fuego, es lo que lo propaga con rapidez y aumenta su virulencia. La experiencia de Catalunya, los modelos comunales de Galicia y las lecciones aprendidas de otros países demuestran que la mejor estrategia para combatir el fuego es una gestión forestal integral que vaya más allá de la extinción y se centre en la prevención a largo plazo.