Servicios sociales al borde del colapso: millones mal gestionados y ciudadanos desatendidos en Catalunya

La decana del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya (TSCAT), Laura Morro, ha alertado este jueves sobre el colapso de los servicios sociales y ha reclamado “políticas más amplias” de ayuda a la población.

“Es mentira que se den las ayudas solo a poblaciones inmigradas, no es verdad, lo que se da es ayudas a las personas que lo necesitan”, ha subrayado Morro, quien ha añadido: “No podemos diferenciar la población entre los de fuera y los de dentro, sino entre la gente que necesita ayuda y la gente que es autosuficiente”.

La decana ha lamentado la situación de saturación en hospitales, ambulatorios y servicios sociales: “Vas al hospital y está lleno. Vas a servicios sociales y está lleno. Vas al ambulatorio y tardan un mes y medio en darte hora. Es que al final todos los servicios que tenemos del Estado del Bienestar están colapsados”.

Millones de euros mal gestionados

Un informe reciente de la Sindicatura de Comptes revela que entre 2016 y 2024 el Departament de Drets Socials de la Generalitat realizó pagos indebidos por valor de 167,5 millones de euros en prestaciones sociales, incluyendo:

• 70,6 millones en prestaciones de dependencia
• 43,8 millones en pensiones no contributivas
• 36 millones en la renda garantida de ciutadania
• 14 millones en complementos de pensiones

Al menos 7,1 millones ya no se podrán recuperar por prescripción, y más de 32.000 expedientes de la renda garantida aún no han sido analizados, evidenciando graves carencias en el control del sistema.

Prestaciones que no llegan a quienes las necesitan

Mientras se detectan cobros irregulares, miles de personas en situación de pobreza severa no reciben ayudas. Según la AIReF, un 67% de los ciudadanos que cumplen los requisitos para la renda garantida en Catalunya no la perciben, y solo el 25,3% de los menores en pobreza severa reciben esta prestación.

Fragmentación y externalización

La Sindicatura señala que las prestaciones se gestionan a través de ocho aplicaciones distintas, muchas externalizadas, lo que provoca retrasos de hasta seis meses. Los jóvenes extutelados pueden esperar hasta diez meses para recibir sus primeras ayudas, generando incertidumbre y posibles conflictos de interés, como en el caso del servicio SEVAP.

Ante estas irregularidades, la consellera Mònica Martínez Bravo anunció que SEVAP volverá a ser gestionado directamente por la Dirección General de Prestaciones Sociales, recuperando el control público sobre este servicio esencial. La Oficina Antifrau sigue investigando posibles beneficios ilícitos de entidades adjudicatarias.

Inversión insuficiente

Catalunya ha aumentado su inversión en salud, educación y servicios sociales un 14,9% desde 2019, diez puntos menos que la media estatal, situándose a la cola en inversión por habitante y porcentaje del presupuesto destinado a políticas sociales.

Laura Morro advierte que “el estado del bienestar está en peligro” y que los recortes acumulados durante años podrían agravar la situación ante el aumento de población con menos recursos